El fiscal Federico Delfino imputó por cohecho pasivo agravado y asociación criminal al ahora exdirector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Hernán Bogarín. Mientras que el ex jefe de Seguridad, Ricardo Ortiz, fue liberado luego de declarar ante el citado agente fiscal.
El Ministerio Público sospecha que el ex funcionario recibió de regalo un arma de fuego para seguir manteniendo los privilegios de varios internos del penal. Igualmente, fue imputado un reo por soborno y asociación criminal.
De acuerdo a las manifestaciones del fiscal: “Existen elementos de sospecha de que Bogarín recibió un regalo de un interno y ese obsequio es un arma de fuego”, por este motivo decidió abrir la investigación.
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El pasado miércoles Delfino en compañía de su colega, la fiscal Alicia Sapriza, se constituyó hasta la penitenciaría en cuestión donde se procedió a la detención de personas e incautación de elementos electrónicos. Acompañaron la constitución agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
De acuerdo al relato de los hechos, la comitiva fiscal y policial se presentó en el lugar a fin de acompañar al director general del establecimiento penitenciario a realizar verificación de cámaras de monitoreo y otros elementos que puedan ayudar a la investigación relacionada a la incautación de un arma de fuego, el pasado 30 de junio en horas de la tarde.
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Chats de Lalo Gomes: filtración no es motivo para requerir nulidad de pruebas, dice fiscal
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, manifestó que la filtración de los datos extraídos del teléfono celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista no es motivo para requerir la nulidad de pruebas. La defensa legal del dirigente de Amambay acusa al juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal por la difusión de los datos a medios de comunicación.
“Esta es una estrategia de la defensa, para que exista una nulidad hay ciertas formalidades, se tiene que afectar ciertos principios. De que se haya hecho una extracción y por ahí alguien haya hecho otra copia, siempre de que no existan modificaciones o alteraciones en esas pruebas no hay razones para anularlas”, sostuvo.
Las afirmaciones de Piñánez surgieron tras concretarse este último martes la entrega de la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles del fallecido parlamentario. Los datos fueron otorgados por Legal al Ministerio Público y a la defensa de la familia de Lalo Gomes ejercida por el abogado Óscar Tuma.
“Yo creo que sí o sí la defensa planteará la nulidad de pruebas en el caso de que haya una imputación, pero el hecho de que se haya filtrado no puede invalidar las pruebas, lo que podría invalidarlas es que realmente haya existido algún tipo de manipulación. La filtración es un acto cuestionable y si se encuentra a los responsables de las filtraciones deben tener algún tipo de sanciones, pero no para invalidar una prueba”, remarcó a la 1020 AM.
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Los mensajes filtrados motivaron a Legal a denunciar un supuesto esquema de corrupción y manipulación de la justicia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que derivó en la renuncia del exdiputado Orlando Arévalo a su banca.
A la vez, lo obligó a presentar su renuncia como parlamentario para evitar someterse a un proceso de pérdida de investidura. Igualmente, en el caso se encuentran afectadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la jueza Sadi López por las presuntas conversaciones con el difunto legislador.
“Ahora debemos abocarnos a ver que tanta información se tiene al respecto, acá debemos hacer el análisis de que sí las informaciones se adecuan o no a una conducta penal, si existen más personas involucradas. También veremos si esto finalmente ameritará la conformación de más equipos de investigación o en su defecto la apertura de más causas penales. Vamos a discriminar lo que es relevante para la investigación, estás son cuestiones administrativas que pueden dar mayor eficacia a la investigación penal”, indicó.
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Fiscal desmiente trascendido sobre el supuesto fusilamiento de Félix Urbieta
El agente del Ministerio Público, Pablo Zárate, desmintió este lunes que Lourdes Teresita Ramos haya realizado declaraciones sobre el supuesto fusilamiento del ganadero Félix Urbieta, secuestrado en el 2016 en la estancia San Francisco de Belén Cué, en el distrito de Horqueta (Concepción). “Se abstuvo de declarar”, indicó el fiscal sobre la integrante del Ejército del Mariscal López (EML), que fue capturada el sábado pasado por las fuerzas de seguridad.
“Ella en su audiencia indagatoria se abstuvo de declarar, procesalmente esa es la información que tenemos en la carpeta fiscal. No obstante, se le realizó una entrevista en el momento de su detención, fue abordada por las fuerzas operativas y el Ministerio Público, y, en ningún momento, dado la misma refirió que el señor Félix Urbieta haya sido fusilado”, sostuvo.
“Nosotros no contamos con ningún tipo de registro operacional de que esa circunstancia haya ocurrido de esa forma (supuesto fusilamiento). Tampoco la familia de Félix Urbieta tiene esa información de que esto haya pasado, ni en el pasado, ni ahora con la detención de Lourdes Teresita Ramos. Descartamos y desmentimos totalmente que esto sea cierto”, acotó Zárate.
La versión fue divulgada este lunes por la mañana por algunos medios de comunicación. “Ella se abstuvo procesalmente, ejerció su derecho a abstenerse. Muy pocos datos pudo aportar teniendo en cuenta que estuvo muy shockeada en el momento de su detención. Estos grupos criminales adiestran a sus miembros, en el sentido de que si son capturados, serán torturados, violentados y ejecutados (por las autoridades de seguridad)”, comentó.
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Imputación
“Le dimos esa tranquilidad de que las fuerzas operativas no actúan de esa forma, sino dentro del marco estrictamente jurídico. Posterior a esto, ella pudo tranquilizarse un poco más. Manejamos ciertas informaciones que mantendremos en reserva”, puntualizó el agente del Ministerio Público. La captura de Lourdes Ramos fue concretada alrededor de las 19:00 del sábado pasado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), en la compañía Salinas Cué (Concepción). La mujer se encontraba en la compañía de su madre Lourdes Ramírez, quien logró escapar.
Zárate manifestó que la mujer fue imputada por transgresión a la Ley de Armas junto a otros hechos punibles. Agregó que en las próximas horas será imputada por el secuestro del ganadero. “Esto ya se está elaborando, está a cargo del colega Joel Cazal”, indicó. Por cuestiones de seguridad, Ramos guardará reclusión en la Penitenciaría de Concepción. “Estamos viendo todas las medidas de seguridad”, mencionó el fiscal en una conferencia de prensa con los medios de comunicación.
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Acusación de Petro contra Marset “debe ser tomada de manera seria y fuerte”, dice abogado
“No es rentable lo que dijo el presidente de Colombia. Si a Horacio Cartes no se le involucra no es negocio, esa es la realidad”, indicó el abogado Pedro Ovelar, este jueves, cuestionando el silencio por parte de los abogados de la familia de Marcelo Pecci, políticos opositores y medios de comunicación a fines entorno a la incriminación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset con el asesinato del agente fiscal antimafia.
“Acá solo importa manipular políticamente el caso, esto es miserable. Los que intervienen como abogados jamás salieron a reclamar o decir una sola línea sobre lo que dijo Gustavo Petro, no le dan bolilla. El presidente del país donde ocurrió el hecho está poniendo nombre, apellido, circunstancias, motivaciones para el crimen y nadie salió a decir nada”, lamentó Ovelar en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Ovelar acotó: “Les importa un pepino Pecci, siempre se basaron en el testimonio de Luis Correa Galeano (autor material del asesinato quien involucró al exjefe de Estado Horacio Cartes en el crimen), en ningún momento ellos hicieron un relato lógico o circunstanciado sobre algún hecho concreto que pueda hilar una idea de que fue Cartes, acá solo hubo interés político. Se llenan la boca pidiendo justicia para Marcelo, pero cuando no les conviene hacen la vista gorda, esto es lo detestable en este caso y lo miserable de sus conductas”.
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“Sacó al asesino del proceso”
En medio de un consejo de ministros transmitido en vivo el martes por la noche, Petro fue tajante en acusar nuevamente a Marset de ser el autor moral del crimen de Pecci a la par de repudiar la actuación fiscal del colombiano Mario Burgos, responsabilizándolo públicamente de ser el responsable de que el narcotraficante uruguayo y prófugo no sea investigado y sometido a la justicia.
“¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso? Que es el narcotraficante Marset”, preguntó el mandatario. Burgos fue apartado del caso en septiembre de 2024 por orden de la Fiscalía general, que señaló que sería transferido a otra área, sin ahondar en detalles.
Durante una breve mención al caso el martes, el presidente añadió que Marset “es socio del narcotraficante (Julio) Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos” y “quiere matar al presidente”. Petro ya había acusado en 2022 a Marset de participar en el asesinato de Pecci en sus redes sociales.
“Una persecución sin sentido”
“Gustavo Petro como presidente de Colombia debe tener información de buena fuente. Su testimonio es relevante por el peso de la persona que lo dice, no por el cargo en sí, sino por la capacidad que tiene para conocer hechos. Sus afirmaciones es una línea de investigación que debe ser tomada de manera seria y fuerte por el Ministerio Público de Paraguay y Colombia para que sus dichos sean construidos con elementos probatorios y con indicios a partir de cuestiones concretas”, dijo.
El abogado continuo argumentando que “la otra línea es investigar las actuaciones del fiscal Mario Burgos y a los responsables de su designación para que este enfrente de la causa, ya que, como dijo el presidente de Colombia, realizó una exclusión de los supuestos autores y la inclusión de una persona que nada tenía que ver. La apertura de una investigación contra Burgos nos involucra a nosotros como representante de Horacio Cartes, pasar de una defensa a una acción efectiva como víctimas de una persecución sin sentido”.
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Rapto de recién nacida: fiscal imputó a mujer por violación de la patria potestad y pidió prisión
La agente fiscal, María Laura Finestra, presentó imputación contra Natalia Edith González, de nacionalidad argentina, por el hecho punible de violación de la patria potestad. La representante del Ministerio Público pidió al juzgado Penal de Garantía la prisión preventiva de la mujer.
La imputada raptó del Hospital de Barrio Obrero a una niña recién nacida, haciéndose pasar por enfermera y engañando a la madre. La niña, luego de más de tres horas, fue recuperada en la zona de Nanawa y a su vez se procedió a la detención de la hoy imputada.
De acuerdo con el acta de procedimiento de fecha 16 de enero de 2025, en el Hospital de Barrio Obrero de la ciudad de Asunción, una niña recién nacida, hija de Yadira Ayelén González Barrios, fue sustraída de la sala de maternidad. La madre entregó al bebé bajo engaños a una mujer que se hizo pasar por personal de blanco, de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado. El hecho ocurrió a las 14:14.
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Tras las diligencias realizada por la fiscal Finestra, se desplegó un operativo a nivel nacional. Aproximadamente a las 17:30, agentes de la Comisaría 7, de la Dirección de Policía de Presidente Hayes, procedieron a la aprehensión de la sospechosa en la ciudad de Nanawa, recuperando a la recién nacida sana y salva.
La mujer intentó darse a la fuga con intenciones de cruzar la frontera hacia Argentina. Al percatarse del control en el puente 30 de julio de Nanawa, opuso resistencia durante su aprehensión.
Ahora la imputada deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la mujer va al Buen Pastor.
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