El Tribunal de Apelación, en mayoría integrada por los jueces Cristóbal Sánchez, Gustavo Ocampos y José Waldir Servín (voto en disidencia), revocó la prisión preventiva y ordenó el arresto domiciliario del despachante de aduana Néstor Ramírez, imputado por producción y uso de documento no auténtico, comercialización de documentos no autorizados y asociación criminal en el caso Imedic SA.
El Tribunal de Apelación dispuso que el procesado guarde arresto domiciliario bajo las siguientes reglas, que son el estricto control policial que se tendrá que informar al juzgado de forma semanal, la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de comunicarse por cualquier medio con los coprocesados y eventuales testigos y una fianza a ser impuesta por el Juzgado Penal de Garantías.
Asimismo, los camaristas señalaron que en caso de incumplimiento de una de las medidas, se revoca la resolución y el imputado deberá volver a guardar prisión preventiva. El hombre está procesado en el marco de la investigación de las facturas falsas que presentó Imedic SA para poder introducir medicamentos de China y de India a nuestro país.
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Imputación
La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por el abogado José Domingo Almada, representante legal de la firma Eurofarma, cuyas facturas fueron falsificadas por los representantes de la empresa Insumos Médicos SA para poder ingresar a nuestro país medicamentos de dudosa procedencia. De acuerdo a la investigación fiscal, más de nueve facturas son las que se habrían falsificado.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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Trump arranca campaña de deportación masiva de inmigrantes
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a 538 “inmigrantes ilegales” y expulsaron a “cientos”, en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como “la mayor” en la historia, a pocos días del inicio del segundo mandato de Donald Trump.
El mandatario republicano prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios. “La Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales” y “deportó a cientos” de ellos “en aviones militares”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en la red social X.
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“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, escribió la portavoz. Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular.
“Se aterroriza ilegalmente a la población”
El jueves, el alcalde de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, el demócrata Ras Baraka, informó en un comunicado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento (...) deteniendo residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”.
El alcalde indicó que uno de los detenidos es un veterano del ejército estadounidense, una acción que calificó como un “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos. “Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”, agregó Baraka.
Trump anunció el martes que su gobierno restablecerá el programa “Quédate en México” - una política que implementó en su primer mandato (2017-2021) - que implica que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano de la frontera mientras se tramita su petición.
El mandatario también puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo para personas que huyeron de la violencia y que denunciaron haber sufrido persecución política. Esta medida afecta a muchas personas que huyeron de países de América Central y de Sudamérica.
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Trump también suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. En los decretos firmados por Trump figura también una orden ejecutiva que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución adoptada en la segunda mitad del siglo XIX.
Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves esta orden ejecutiva. A principios de esta semana, el Congreso, dominado por los republicanos, dio luz verde a una ley para ampliar el encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular que sean sospechosos de delitos. En su retórica, Trump utiliza habitualmente la palabra “invasión” para referirse a la entrada de inmigrantes sin visa a Estados Unidos y los acuso de envenenar “la sangre” del país.
Fuente: AFP
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Ratifican prisión de imputado por coacción sexual que estuvo prófugo durante 16 años
La jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, confirmó la prisión preventiva de Inocencio Cabrera Ávalos, imputado por coacción sexual, cuya víctima es una mujer de 86 años de edad. El hombre estuvo prófugo durante 16 años para luego ser detenido y sometido a la Justicia.
La defensa del procesado solicitó la modificación de la prisión preventiva argumentando que el imputado cuenta con arraigo social y laboral, así como se había ofrecido una fianza, pero dicho ofrecimiento fue rechazado por la jueza Carvallo.
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La magistrada mencionó en su resolución que el delito investigado es grave y que la expectativa de pena es de hasta 10 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el juzgado subrayó el prolongado periodo en el que Cabrera Ávalos permaneció prófugo y el riesgo latente de fuga, especialmente ante la inminencia de la audiencia preliminar programada para el 4 de marzo de este año, en la que se decidirá si la causa es o no elevada a juicio oral y público.
Una vez que se desarrolle la audiencia preliminar se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público. Luego se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado.