La fiscalía de Brasil pidió a la corte suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por “asociación criminal armada” y “golpe de Estado”, en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una “organización criminal” para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron “garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático”, según un documento oficial divulgado en la madrugada.

El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como “una caza de brujas” contra el exmandatario brasileño.

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Para la fiscalía, Bolsonaro actuó “de forma sistemática” durante su mandato (2019-2022) y tras su derrota frente a Lula en 2022 “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.

“Comprobada” la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por “organización criminal armada”, “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.

El exmandatario, que dice ser un perseguido político, arremetió iracundo contra la fiscalía, negó los cargos y denunció fallas en el proceso: “Una condena sería una violación”. “No hay interés en apresarme, ellos me quieren eliminar”, dijo este martes al sitio Poder 360.

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“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (...) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump la semana pasada en una carta destinada a Lula. El presidente brasileño dijo que buscará negociar con el gobierno estadounidense para evitar los aranceles, pero condenó la “injerencia” del republicano en la justicia de su país y anunció una posible “reciprocidad” en el trato comercial con Estados Unidos.

De su lado, el presidente de la corte suprema, Luis Roberto Barroso, defendió el “estado democrático de derecho” en Brasil y afirmó que el tribunal juzgará a Bolsonaro con “independencia” y “base en las pruebas”. Luego de un plazo para los alegatos finales de las defensas, cinco jueces de la corte deben decidir la suerte del exmandatario de extrema derecha, algo que se espera para las próximas semanas.

El magistrado a cargo del juicio, Alexandre de Moraes, se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington, luego de que la derecha brasileña lo acusara de “perseguir” al exmandatario y criticara sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

Aunque insistió este martes en que “nunca existió intento de golpe en Brasil”, Bolsonaro había reconocido en su interrogatorio ante la corte haber considerado “un dispositivo constitucional” para impedir la asunción de Lula. Pero la fiscalía sostuvo que el expresidente “instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión”.

El plan fracasó por falta de apoyo de los comandantes de las fuerzas armadas, según la acusación. El general Marco Antonio Freire Gomes, excomandante del ejército, afirmó durante el juicio que Bolsonaro propuso declarar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y llamar a nuevos comicios.

El presidente Lula afirma que las amenazas de Trump responden a una campaña adelantada por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, radicado desde hace meses en Estados Unidos para conseguir apoyo de la Casa Blanca a su padre.

Bolsonaro se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, pese a estar inhabilitado por la justicia electoral por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación. Lula, de 79 años, afirma que también quiere disputar los comicios del año próximo.

Fuente: AFP.

El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas auto­ridades, empresarios y traba­jadores de prensa de Canin­deyú. La operación militar Cobrarius abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernán­dez, alias Loro, en un campa­mento con importantes ele­mentos incautados.

“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar con­tra jueces, fiscales, producto­res, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identifica­dos, que tienen antigüedad”, comentó Riera en una confe­rencia de prensa. “Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campa­nas, pero que no tienen capa­cidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.

El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuen­tre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbara­cayú.

“No descartamos la posi­bilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de aban­donar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de lle­varla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de prote­gerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.

Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario San­tiago Peña de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepre­sidente de la República, el libe­ral Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de veloci­dad”, indicó.

En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.

La información fue confirmada mediante las evidencias encon­tradas tras el ataque a la Subcomisaría N.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.

La jueza de Ejecución, Penal Cynthia Sostoa Santander, ordenó la captura a nivel nacional del conocido empresario de fútbol, Miguel Ángel González Zelada, quien tendrá que cumplir una condena de dos años y seis meses de cárcel dictada en junio de 2015, por incumplimiento del deber alimentario.

En su momento el tribunal de sentencia, conformado por los magistrados Liza Battilana (presidenta), Manuel Aguirre y Rosarito Montanía, condenó al empresario a la pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el marco de la causa iniciada en 2010, que quedó firme en la sala penal de la Corte el 31 de agosto de 2022.

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El juzgado de Ejecución recibió el expediente en fecha 10 de julio de 2025 y tras corroborar todos los datos resolvió ordenar la captura de González Zelada, quien deberá pasar a cumplir la pena.

La jueza dispuso que una vez capturado, el empresario deportivo pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado que designe el Ministerio de Justicia.

En el marco de este proceso, fue beneficiado en dos oportunidades con la suspensión condicional del procedimiento, sin embargo, debido a retrasos en el depósito del dinero acordado el proceso debió continuar.

Una vez que el condenado cumpla una parte de su condena tendrá la posibilidad de pedir la libertad condicional al juzgado de ejecución que deberá estudiar si corresponde o no.

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El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no logró expandir sus objetivos estratégicos para el que fue concebido, aseguró el minis­tro de Defensa, Óscar Gonzá­lez. El secretario de Estado, que considera que el grupo armado está muy debilitado hoy día, se refería a la expan­sión de las actividades delic­tivas en la geografía nacional.

En declaraciones a Universo 970 AM/Nación Media, Gon­zález explicó que EPP “ya recibió varios golpes y diga­mos que el resultado de las operaciones del CODI en el norte es que este grupo cri­minal no cumplió ni uno de sus objetivos estratégicos”, recalcó. El titular de Defensa se refería a los objetivos como la toma del poder a través de las armas, o al propósito de urbanizar las actividades criminales o de constituir células criminales en todos los departamentos del país.

“El EPP no ha cumplido nin­guno de sus objetivos, ha ido debilitándose, pero eso no significa que nosotros no tengamos que estar siem­pre alerta y siempre inves­tigando”, dijo por otra parte cuando fue consultado acerca de si el grupo armado está en marcado decrecimiento.

Destacó que no bajarán la guardia porque este grupo, que estaría integrado por una decena de elementos, sigue siendo muy peligroso. “Encontramos explosivos preparados, elementos para armar cargas explosivas de alto poder. Esa es una señal de que estos estaban prepa­rándose para hacer alguna actividad criminal. O sea, que siguen siendo un peli­gro”, acotó.

En línea similar se expresó el comandante del Bata­llón de Inteligencia Mili­tar, el coronel Carlos Casco, quien afirmó que el grupo criminal se encuentra debi­litado en su estructura a pesar de haber migrado a otros departamentos como Canindeyú.

“En base a los materiales que en varios enfrenta­mientos hemos incautado, el EPP es muy ideológico, para ellos la ideología es el 70 % de su conformación para que pueda sobrevivir en los montes y el 30 % es militar, la parte operativa”, explicó el jefe militar.

“Ellos son muy metódi­cos, diferentes a las otras organizaciones por su dis­ciplina. Muchas veces esto dificulta que el trabajo de inteligencia sea tan preciso y otra cuestión importante es que es un clan familiar, un vínculo sanguíneo para que no se filtre la informa­ción y el lugar donde están”, expresó.

El ministro de Defensa, Óscar González, manifestó la posibi­lidad de que sea Magna Meza la mujer que habría resultado herida el domingo pasado durante el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la Reserva del Mbaracayú, en Canindeyú. En este enfren­tamiento fue abatido Rubén Darío López, alias Loro, uno de los cabecillas del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Un efectivo del equipo táctico Cobra manifestó que hirió a una mujer y que podría ser Magna Meza. En el fragor del com­bate, obviamente el personal que está combatiendo puede equivocarse en lo que está viendo, pero ese es el indicio que nos conduce a pensar que fue herida una mujer que puede ser Magna Meza”, dijo González en una entrevista con la 1080 AM, estimando que en el campamento del EPP estaban entre 10 y 15 personas.

Magna Meza o Leti, fue pareja sentimental de Osvaldo Villalba, alias comandante Alexander o Javier, principal líder del EPP, que fue abatido en octubre de 2022 en un operativo militar en zona del cerro Guazú (Amambay), con otros dos miembros. Villalba había sido reclutado por su hermana Carmen (actualmente en prisión) en setiembre de 2000, cuando tenía 17 años.

El médico forense Pablo Lemir informó que la herida que causó la muerte fue el impacto que alcanzó el corazón y provocó su destrucción.

Por disposición del juez espe­cializado en crimen organi­zado Osmar Legal se realizó ayer la autopsia al cuerpo del miembro del Ejército del Pue­blo Paraguayo (EPP), Rubén Darío López, alias Loro, aba­tido el domingo último tras un enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), como anticipo juris­diccional de prueba. Fue en el laboratorio forense del Ministerio Público en Asunción.

Al respecto, el médico forense Pablo Lemir informó que en un estudio inicial el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego, registrando un total de 11 impactos de bala. Detalló, igualmente, que la herida que causó la muerte fue el impacto que alcanzó el corazón y pro­vocó su destrucción.

“Encontramos distintos tipos de trayectorias, lo que nos habla de una dinámica móvil, probablemente un enfrenta­miento armado, ya que esta­mos hablando de disparos desde distintos ángulos de inci­dencia en el cuerpo”, precisó.

Asimismo, señaló que por las características de los disparos se puede decir que fueron rea­lizados a larga distancia. “No estamos hablando, entonces, de disparos a corta distancia ni mucho menos a quema­rropa. Dos heridas son de alta potencialidad mortal, pero fue una la que causó final­mente la muerte por lesión cardiaca directa y una des­trucción del corazón; la otra causó pérdida de masa ence­fálica”, indicó.

Explicó que el cuerpo pre­sentaba, además, otras heri­das de bala, pero que tuvieron entradas y salidas o fueron de refilones. Indicó además que se llevó a cabo el reconoci­miento por parte de los fami­liares, quienes confirmaron la identidad.

Al respecto, aclaró que el reconocimiento familiar no es considerado una iden­tificación desde el punto de vista científico. “El reconoci­miento de los familiares es un indicio más, pero no es un ele­mento científico. Los elemen­tos científicos son fundamen­talmente la huella dactilar, la odontograma, el ADN y luego van disminuyendo los nive­les de certeza con los demás métodos”, acotó.