El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás multó con la suma de G. 8.434.000 (equivalente a 100 días de multa) al abogado Benito Torres Aceval, tras ser declarado litigante de mala fe en la causa caratulada “Egdar Silvio Kurth Benítez, sobre Violación del derecho de Autor y derecho conexos”, donde el profesional del derecho presentó varios incidentes al solo efecto de dilatar el proceso penal.
La resolución del magistrado menciona que se dispuso la sanción disciplinaria contra el profesional del derecho por que actuó de mala fe, violando lo que dice el artículo 112 del Código Procesal Penal y de la acordada de la Corte N° 971 de fecha 2015 donde se cita que los abogados deben litigar de buena fe.
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Una vez que quede firme la presente resolución judicial, el abogado tendrá que depositar la citada suma de dinero en una cuenta abierta a nombre de la Corte en el Banco Nacional de Fomento.
El fallo firmado por el magistrado Delmás puede ser apelado por el sancionado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar si corresponde confirmar o revocar la presente determinación adoptada por el juez de primera instancia.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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El 15 de julio se realizará audiencia preliminar del senador Érico Galeano
El juez Osmar Legal fijó para el 15 de julio a las 8:00 la audiencia preliminar para el senador colorado Érico Galeano acusado por lavado de dinero y asociación criminal. En la referida diligencia judicial se definirá si el parlamentario enfrentará un juicio oral y público así como lo solicitó el Ministerio Público.
Días atrás la defensa del senador Érico Galeano recusó al juez Legal por no conceder una prórroga de 15 días planteada por los defensores de Galeano, con lo que logró finalmente evitar que la audiencia preliminar se lleve a cabo en la fecha indicada.
Días atrás, el tribunal de Apelación confirmó al juez Osmar Legal para que siga siendo el magistrado del proceso penal que enfrenta el parlamentario Erico Galeano acusado por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el caso A Ultranza.
Los fiscales Deny Pak y Silvio Corbeta presentaron acusación contra el senador Galeano y han pedido que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. Los representantes del Ministerio Público sostienen que la vinculación de Galeano con Sebastián Marset y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” no es casualidad como se pretendió instalar.
Del mismo modo, afirman que el legislador recibió dinero y brindó logística para la planificación y el tráfico de cocaína, al poner a disposición de la banda criminal su aeronave. “Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Angel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo “A Ultranza PY”.
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Caso Atlas-Conmebol: objetivo dilatorio con pedido a EE. UU. y riesgo de prescripción
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), expresó la preocupación sobre el proceso dilatorio con el pedido de informe del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el riesgo de la prescripción del caso en Paraguay.
El letrado indicó que desde el banco Atlas, a través de su abogado, ya solicitaron la prescripción del caso, e insistió que es momento de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la denuncia presentada en el año 2017. Refirió que, en una entrevista, el abogado de la entidad bancaria para algunos medios habló de la eventual desestimación del caso por medio de una prescripción.
“En esa entrevista me llamó la atención, utilizó frases, trató de no exteriorizar en forma tan contundente los términos, pero cualquiera que maneja procesal penal y penal entiende, claramente el colega señaló que están solicitando al Ministerio Público el cierre de caso por prescripción”, señaló Lovera, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Cuestionó que el pedido de la prescripción no cuenta con fundamentos y solo fue abordado de manera genérica. “No tienen una explicación, la desestimación, pero por prescripción, de hecho, en la entrevista utilizaron términos genéricos respecto al fondo del asunto y cuestiones que no tienen que ver con el fondo del asunto”, puntualizó el representante legal de la Conmebol.
Manifestó su postura contraria a la posibilidad de prescribir la causa. “Yo difiero que a esta fecha haya ocurrido la prescripción, pero claramente nos comunicó a todos los que escuchamos esa entrevista, de que ellos formalmente están pidiendo al Ministerio Público, no sé desde cuánto tiempo, la prescripción, entonces eso le tiene que llamar la atención a la Fiscalía”, dijo.
Informe de Departamento de Justicia
Mientras tanto, sobre el pedido de informe por parte del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comentó que podría sumar a la causa, pero que no un factor determinante, ya que cuenta con informes locales.
“Puede sumar, pero no es determinante. Nosotros en Paraguay tenemos que esclarecer, de hecho, que ya está esclarecida con la propia documentación que envió el banco Atlas, cómo puede Nicolás Leoz en el mes de febrero de 2013, ya que en comunicado del banco hacían referencia a fondos trazables a partir de su actividad comercial en Paraguay sin decir cuál es esa actividad comercial, es información local”, sentenció.
Indicó que los hechos se produjeron en el país, con relación a las operaciones que había realizado Nicolás Leoz, específicamente en el banco Atlas, por lo que en Paraguay se da la principal fuente de información. “Claro que puede llegar información relevante, podemos tener movimientos relacionados a Nicolás Leoz que ellos hayan captado información y en Paraguay no se haya captado, pero si estas operaciones, los hechos punibles que generaron los fondos ocurrieron en Paraguay, estas operaciones de Nicolás Leoz ocurrieron en Paraguay, nosotros somos la principal fuente de información”, explicó Lovera.
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Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera se refirió a los puntos que fueron citados como defensa por el banco representado por el abogado Rodrigo Yódice, en los que requieren al Ministerio Público desestimar la denuncia por el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y al banco Atlas.
Inicialmente, el banco indica que nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015 y en sus 43 páginas no hace mención al banco Atlas.
“El comunicado tiene varios aspectos irónicos y contradictorios. En el punto uno hace referencia a que en el informe de la auditoría forense el banco no fue citado. En realidad el informe de auditoría forense trabaja con la información primero que se obtuvo en el ámbito de la Conmebol, segundo que se obtuvo en el contexto de cuentas de la Conmebol. Es irónico, porque vimos comunicados anteriores en los cuales el banco Atlas explicó su postura que motivó a que el banco no colabore con información para la auditoría forense”, dijo a la 1020 AM.
Asimismo acotó: “El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente informaron que con sus motivaciones se niegan a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”.
El abogado siguió argumentando que “si el banco Atlas se negó a proporcionar información cómo esperan que figuren en la auditoría forense. Lo que afirmó de forma categórica es que si hubiera colaborado en esa oportunidad, pongo la firma de que el banco hubiese figurado en el informe de auditoría forense”.
Respecto al punto donde el banco sostiene que Leoz celebró 7 contratos de fidecomisos en el sistema financiero, de los cuales 2 fidecomisos se constituyeron en el banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA), con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en el Paraguay, y que involucró la suma de USD 6 millones, Lovera afirmó: “¿cuáles eran las actividades comerciales de Leoz que le permitían generar esos millones de dólares en 4 meses? Cómo el banco teniendo documentos que no sustenta el volumen de depósito puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz. Él no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos”.
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Sobre el punto en el cual el banco refiere que la acción penal promovida contra la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada. Al respecto, Lovera argumentó que “la titularidad de la persecución es del Ministerio Público, no se puede compeler a la víctima de que sea responsable mediante una querella de que el caso avance”.
El abogado añadió también que “dentro de un caso penal pueden intervenir varias personas, pero es labor de la investigación poder determinar qué persona física intervino cumpliendo los presupuestos de un hecho punible en concreto. Dentro de todo este proceso de CDA y fidecomiso pudieron haber intervenido muchas personas al interior del banco Atlas, pero la investigación puede determinar que no todas puedan tener responsabilidad penal. Esta es una labor que debe llevar adelante el Ministerio Público”.
No se sustenta un pedido de desestimación
El cajoneo de la causa judicial obligó recientemente a la Conmebol a presentar un segundo urgimiento ante el Ministerio Público para avanzar en el caso. “Como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante el caso conforme a los elementos que tienen e implemente sus decisiones porque hay un riesgo grande que un caso tan relevante se resuelva por el mero transcurso del tiempo”, puntualizó.
El abogado agregó que “los puntos que están relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación. Nosotros como institución nos comportamos correctamente en un proceso penal, aportamos la información que nos requiere el Ministerio Público y obviamente cuando transcurre semejante cantidad de tiempo expresamos nuestras preocupaciones”, dijo.
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