El juez penal de Garantías Raúl Florentín fijó para 9 de julio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar para el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado por el presunto hecho punible de enriquecimiento ilícito. En la referida diligencia judicial se discutirá si el proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
El 13 de agosto del 2019, el fiscal Anticorrupción, Osmar Legal, presentó acusación contra Díaz Verón por enriquecimiento ilícito y solicitó al Juzgado Penal de Garantías elevar la causa a juicio oral y público. El Ministerio Público menciona que cuenta con suficientes elementos para que el presente caso se pueda discutir en un juicio oral y público.
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Francisco Javier Díaz Verón guarda reclusión domiciliaria en vista a su delicado estado actual de salud. El ex responsable de la Fiscalía General estuvo varios meses con prisión preventiva en la Cárcel Militar de Viñas Cue y en Tacumbú. Mientras que su esposa María Selva Morínigo está procesada por lavado de dinero y actualmente se encuentra con arresto domiciliario.
De acuerdo a la carpeta fiscal, entre el 2014 y 2016, Javier Díaz Verón acumuló una fortuna de 1.147.058.591 que no se justificaba con sus ingresos económicos. El ex fiscal se expone hasta a 10 años de cárcel por el delito mencionado.
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General brasileño planeó asesinar a Lula da Silva
Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.
También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.
“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.
Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.
Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.
Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.
El plan es descubierto
Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.
Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.
Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.
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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.
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Canciller recibió al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió hoy en audiencia al nuevo encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, designado recientemente por el gobierno del presidente Donald Trump.
El encuentro tuvo lugar este martes en la sede de la Cancillería Nacional, en Asunción. Durante la reunión, ambas autoridades abordaron diversos temas de la agenda bilateral, según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La ocasión permitió repasar aspectos clave de la relación entre Paraguay y Estados Unidos, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración entre ambos países.
Desde la Embajada de los Estados Unidos destacaron a través de sus redes sociales que ambas autoridades diplomáticas tuvieron la oportunidad de estrechar los lazos y fortalecer la cooperación entre EE. UU. y Paraguay. En la ocasión, destacaron los valores compartidos y las prioridades conjuntas en materia de seguridad, ciberseguridad y desarrollo económico.
Es importante recordar que Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo las funciones de Encargado de Negocios interino en la Embajada de EE. UU. en Asunción desde este mes de julio. Lidera con orgullo la promoción de los intereses de Estados Unidos en Paraguay, al cual considera un socio estratégico de EE. UU. en la región, con una tradición de estrecha cooperación y amistad con los Estados Unidos.
Este nuevo diplomático en Paraguay, previamente se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.
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Jueza deberá decidir si deja impune o no proceso penal por estafa
Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.
El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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