Este martes, la jueza Cándida Fleitas elevó a juicio oral y público la querella del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, contra José Luis Chilavert por difamación y calumnia, al no haber conciliación en la audiencia.
El abogado Claudio Lovera, defensa del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, explicó que desde el inicio su cliente no tuvo voluntad de conciliación, sino elevar el caso a un juicio oral y público.
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“Desde un inicio señalamos que no tenemos voluntad de conciliación, sino de discutir en un juicio oral y público, y como consecuencia se aplique la ley. Tenemos suficientes elementos para probar las expresiones y estamos seguros que tenemos elementos para condenar”, señaló el representante de Domínguez a Universo 970 AM.
El abogado del ex futbolista José Luis Chilavert, Pedro Wilson Marinoni, sostuvo que su cliente tampoco tuvo intención de conciliar, ya que también buscaban que la causa se eleve a juicio oral y público.
“Vamos a discutir dentro de un juicio oral y público. Ahora tenemos cinco días hábiles para ofrecer las pruebas y posterior a eso la jueza tiene que marcar la fecha del juicio oral y público. Pedimos que Chilavert pueda venir al país y hacer la cuarentena”, manifestó Marinoni.
El ex arquero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, fue querellado por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson-Smith, por calumnia, difamación e injuria.
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La acción impulsada por Domínguez responde a declaraciones de Chilavert contra la actual administración de la Conmebol y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El pasado 23 de abril, la jueza penal de Sentencia número 2, Cándida Fleitas, admitió la querella promovida por el presidente del ente rector del fútbol sudamericano.
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Senador niega “apriete” y cuestiona a ABC por críticas sobre proyecto del caso Conmebol
“Creo que, una vez más, Abc Color penosamente se extralimita en su distorsión de las informaciones”, dijo este jueves el senador liberal Dionisio Amarilla, tras rechazar las publicaciones del medio de comunicación que califica como un “apriete político” un proyecto de declaración aprobado por la plenaria del Senado que guarda relación con el caso Atlas-Conmebol.
La iniciativa manifiesta preocupación por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en resolver una recusación en la causa judicial vinculada a hechos punibles de lavado de activos que salpica al titular del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, junto a otros cinco directivos de la entidad bancaria, además de tres acusados vinculados con el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz (1928-2019).
“Todo el santo día se pregona que necesitamos una justicia pronta y barata, entonces si hay un expediente que guarda relación con lavado de activos, que afecta a un banco del sistema, todo el mundo pide informes de aquí para allá. No sé por qué tanto escándalo por una mera declaración cuando en verdad hay varios antecedentes donde el Senado no solo ha pedido remoción de jueces, renuncia de ministros de la Corte”, refirió el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agregó que “no hubo absolutamente nada fuera de lugar, todos los colegas votaron en la misma línea y veo que en una sección del medio ya le califica a unos de sus mejores cortesanos, Eduardo Nakayama, de saltimbanqui. Están nerviosos los Zuccolillo”. Amarilla indicó que seguirá dando seguimiento a la causa en espera de que sea destrabada y que “estos personajes sean procesados como cualquier mortal; viven la vida de jeques árabes en el Paraguay”.
El legislador señaló que “si hay un grupo acostumbrado al apriete es el grupo Zuccolillo, cuántos periodistas estuvieron siempre ahí gestionando sentencias y entre otras cosas raras. Yo tengo clara la película, deben dejar de hablar de moral, son unos falsos, de qué apriete van a hablar, si yo presenté el proyecto por escrito, lo expliqué, que se les haya desatendido sus propios cortesanos porque seguro no liberaron algunos pesitos para oxigenar la semana es problema de ellos, no mío”.
Antecedentes
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
Además de Zaldívar en la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Senado aprueba proyecto que declara preocupación sobre el caso Banco Atlas – Conmebol
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este martes en sesión ordinaria el proyecto de declaración “que manifiesta preocupación por la falta de pronunciamiento sobre la recusación planteada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la causa vinculada a hecho punibles de lavado de activos, conocida públicamente como ´Banco Atlas – Conmebol – Leoz´”, a pedido del senador Dionisio Amarilla.
“La prevención y el combate del lavado de activos constituyen compromisos de especial relevancia para el Estado paraguayo, particularmente cuando se investigan operaciones realizadas a través del sistema financiero. Su cumplimiento requiere no solo de un marco normativo adecuado y de controles eficaces, sino también de instituciones capaces de investigar, procesar y resolver las causas penales con respeto de las garantías de las partes y dentro de los plazos responsables”, señala la exposición de motivos en el documento.
Así mismo, señala que “resulta preocupante el tiempo transcurrido sin pronunciamiento sobre la recusación planteada ante al Sala Penal. La resolución del incidente interesa tanto a las partes, que tienen derecho a una decisión sobre sus planteamientos, como a la regular prosecución del proceso penal”, y agrega que “esta preocupación no desconoce la recusación como garantía procesal ni anticipa juicio alguno sobre su procedencia”.
En su artículo 3.° el documento deja constancia que con esta declaración “expresa una preocupación institucional por los efectos de la demora”, mientras tanto se aclara que “no constituye una valoración sobre la procedencia de la recusación, sobre la responsabilidad penal de persona alguna ni sobre el sentido en que deba pronunciarse la Sala Penal, cuestiones reservadas a los órganos jurisdiccionales competentes”.
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Universitarios recorren el Poder Judicial y conocen cómo funciona la estructura judicial
Desde la Corte Suprema de Justicia recibieron este viernes a un grupo de 35 alumnos universitarios, quienes recorrieron distintas dependencias del Poder Judicial con el propósito de conocer de manera directa cómo funciona la estructura judicial. La actividad permitió a los estudiantes acercarse a espacios como la Cámara Gesell y la Dirección de Mediación.
La visita se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción y estuvo organizada por el Departamento de Educación en Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, dentro del módulo “Visita Guiada” y como parte de las actividades de extensión universitaria.
Los visitantes son estudiantes del primer semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA), pertenecientes a la cátedra de Introducción al Derecho.
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Funcionamiento de la Cámara Gesell
Uno de los principales puntos del recorrido fue la Cámara Gesell, donde la psicóloga forense Ana Laura Cáceres explicó a los universitarios el objetivo y la forma en que se utiliza este mecanismo. Señaló que permite registrar mediante audio y video la declaración de niños, niñas y adolescentes, con valor de anticipo jurisdiccional de prueba, buscando evitar que las víctimas deban atravesar reiteradamente situaciones que puedan generar una revictimización.
La profesional explicó además que las entrevistas son realizadas exclusivamente por un psicólogo y bajo protocolos científicos internacionales. El procedimiento comprende a adolescentes de hasta 17 años.
Resolución de conflictos
La delegación también llegó hasta la Dirección de Mediación, donde fue recibida por su titular, la abogada Gladys Alfonso. Durante el encuentro, explicó a los estudiantes el papel que cumple actualmente la mediación dentro del sistema de justicia y cómo puede contribuir a la solución de controversias.
La directora destacó que este mecanismo dejó de ser considerado únicamente como una alternativa secundaria y pasó a constituirse en una herramienta para que las propias partes puedan buscar acuerdos con el acompañamiento de un profesional neutral.
Como cierre de la jornada, los universitarios mantuvieron un encuentro con la abogada Liz Paola Mongelós, jueza Penal de la Adolescencia, en el Salón Auditorio Doctora Serafina Dávalos, donde pudieron ampliar sus conocimientos sobre el trabajo cotidiano dentro del sistema judicial.
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Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.