La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.

“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.

La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.

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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.

La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.

La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.

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Este martes, una persona denunció que son varios los empleados que trabajan en forma totalmente irregular en un frigorífico de la ciudad de Limpio y que son constantemente maltratados por un contratista tercerizado. Los funcionarios no tienen seguro médico, pese a que se exponen a un trabajo riesgoso como uso de cuchillos, fugas de amoníacos y otros.

La denuncia fue realizada por un ex empleado quien trabajó por cinco años con una firma tercerizada y que fue despedido sin haber cobrado ningún tipo de indemnización. Durante ese periodo vivió todo tipo de maltratos y también vio como sus compañeros pasaban por situaciones denigrantes, pero que aguantaron todo eso por necesidad.

El denunciante indicó que trabajaba en el frigorífico, pero que fue contratado por una tercera persona y que esta fue la que los hacía trabajar en forma informal, pero a pesar de haber comentado sobre la situación a los gerentes de la firma estos les dijeron que solo podían escuchar sus quejas más no ayudarlos, porque no fueron ellos quienes los contrataron.

“Se trata de empresarios del exterior que buscan importar a Israel la carne, pero ellos tercerizan diferentes frigoríficos del país para hacer ahí sus procesos para enviar los productos a su país. La gente que contrata de acá lo hacen de manera ilegal sin ningún tipo de papel, sería en negro”, detalló el denunciante Jonathan Cohenca, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que las personas contratadas trabajan en áreas de alto peligro e insalubre, lo que expone la integridad de los mismos, pero no pueden hacer nada porque necesitan el trabajo.

“El contratista es uruguayo y estaba a cargo de donde yo trabajé. Son muchos los que trabajaban con ellos, los que toman este trabajo lo hacen por necesidad, pagan muy bien, pero es en negro, sin seguro médico y esta persona en particular maltrata mucho a los trabajadores. En los últimos tiempos el maltrato se estaba pasando de mano”, confirmó.

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Jonathan expresó que en sus últimas semanas de trabajo él se quejó sobre la serie de maltratos y amenazas, lo que motivó su despido. Afortunadamente, ya había iniciado con un emprendimiento con la firme intención de poder independizarse en algún momento y no volver a pasar por este tipo de situaciones.

“Trabajé ahí cinco años, nunca fui partidario de lo ilegal, pero lastimosamente no tuve elección y terminé en eso. Era más joven también, por varios años me encadené al sueldo y de alguna manera uno se acostumbra o acepta el maltrato por una situación económica. Es algo que está pasando mucha gente que no se anima a hablar por temor a perder sus trabajos”, indicó.

Indicó que uno de los peores casos fue el que pasó un trabajador que no podría ir a una reunión, que era fuera del horario laboral, porque tenía consulta médica y el contratante le ordenó que cancele su cita para asistir. “Era faltar a una reunión y el contratista, le dice cancela tu cita y anda al rezo, que no forma parte del trabajo en sí”, aseguró.

El hombre detalló que el contratista, identificado como Isac Roiman, de nacionalidad uruguaya y que aparentemente logró la nacionalidad paraguaya, que trabaja para un empresario israelí. El hace las contrataciones sin ningún tipo de documentaciones legales por lo que las personas no tienen seguro y se someten a todo tipo de improperios.

“Este contratista trabaja en conjunto con un empresario israelí, sería un broker de un magnate en Israel y esta persona no llega al país o vino muy contadas veces. Calculo que no aparece porque seguro sabe de que corre riesgo, al ser responsable de algo ilegal, y tira la pelota a esta persona que nos contrata, pero todo es ilegal, en negro”, indicó.

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Confirmó que desde el frigorífico saben sobre la situación, pero admiten que no pueden hacer nada pese a que todo eso puede afectar el nombre de la firma. “Una vez le comenté la situación a uno de los gerentes sobre la forma en que trabajamos y esta persona me respondió que solo puede escucharme y nada más”, agregó.

Afirmó que ya realizó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y quedó constancia de que advirtió a la empresa sobre la situación, pero que no le ayudaron. “Deberían ser conscientes de que las personas que van a trabajar contratadas por esta persona deben tener un seguro médico en caso de accidentes. Fui al ministerio porque me habían despedido, porque me corresponden las indemnizaciones”, apuntó.

Jonathan indicó que el único pedido que tiene es que se intervenga y que ya no haya personas trabajando en esta situación. Afirmó que hay personas de avanzada edad trabajando porque necesitan y que lamentablemente ya no tienen acceso a un trabajo digno porque superaron los 50 años.

“Pido que paren con esto. La gente se aprovecha de las necesidades de las personas y cada vez hay más desconfianza porque la situación es cada vez es más difícil, cómo va a terminar esto y a qué van a llegar las generaciones futuras. Mi objetivo es que las autoridades intervengan en esta situación. Ya es hora de parar con esto”, puntualizó.

Afirmó que incluso teme por su vida por realizar esta denuncia, pero que todo lo hace porque las personas que siguen trabajando con ellos no merecen este tipo de tratos. “Tengo mucho miedo y se trata de gente de mucho poder económico, pero quiero proteger a estas personas porque no es forma de trabajar. Están obligando al empleado a lavar el dinero y eso está fuera de lugar, supuestamente es una empresa seria, que hace algo ilegal y es hora de regularizar eso”, concluyó.

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• Todas la pruebas fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo.
• Isac Roitman ya fue notificado sobre la denuncia presentaba por el trabajador, pero no comparecieron a las citaciones.
• Son varias personas la que siguen trabajando y que son contratos por el contratista tercerizado.

El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, destacó para La Nación/Nación Media la última sesión llevada a cabo en Alto Paraguay. Constituyó el primer encuentro desarrollado fuera de la sede y Sosa garantizó que esa línea de trabajo se replicará en otros territorios.

“Nuestra intención fue conocer la realidad del departamento de Alto Paraguay, analizando in situ las necesidades urgentes de la zona. Nos encontramos presentes 11 gobernadores y hablamos de los trabajos que podemos comenzar a implementar, lo cual ya transmitimos al presidente Santiago Peña”, indicó.

Se organizará una reunión con el mandatario para el jueves, a la vuelta de su gira por el exterior, con el objetivo de seguir potenciando áreas estratégicas no solo en Alto Paraguay, sino en departamentos igualmente necesitados en materia de salud y seguridad.

“Estamos trabajando en un plan estratégico nacional que pueda beneficiar a los 17 departamentos y seremos el primer Consejo en aplicarlo. Ya hemos conseguido muchas cosas, como maquinarias y patrulleras, entendiendo que nuestra principal fortaleza es la unidad”, señaló.

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El jefe del Consejo manifestó que el Paraguay se construye desde los propios departamentos, por lo cual resulta primordial que cada uno de los jefes departamentales trabaje en equipo. Al respecto, destacó la descentralización priorizada, colaborando para la aplicación efectiva de las políticas de gobierno.

“Somos brazos ejecutores del presidente de la República, por lo que iremos visitando los diferentes departamentos, sesionando en cada uno de ellos. Desde el Consejo tenemos una hoja de ruta muy cargada, pero lo positivo de todo es la respuesta constante del presidente Peña”, expresó Sosa.

• En Alto Paraguay se desarrolló la primera sesión del Consejo de Gobernadores, fuera de su sede.
• El Consejo tiene diseñado un plan nacional, buscando ser el primero en su historia en aplicarlo.
• Las cooperaciones con el presidente Santiago Peña son constantes, para un trabajo lineal, destacan.

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Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)

Efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron a tempranas horas de hoy viernes la sede de la comisaría 11, de la ciudad Karapaí, de la capital departamental y procedieron a la detención de un personal policial.

Se trata del suboficial inspector, Cristino Silvero (39), quien presta servicio en la comisaría mencionada, en donde sorpresivamente llegaron los agentes antidrogas con la sola finalidad de capturar al uniformado.

El procedimiento estuvo al mando de la agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada contra el Crimen el Narcotráfico y Crimen Organizado de la capital del país.

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Según se dio a conocer, el suboficial es acusado de pertenecer a la banda criminal liderada por Ismael Obregón Chena, más conocido como “Turco”, actualmente prófugo de la justicia.

La captura del suboficial se dio en el marco del operativo “Turc”, que se inició el pasado 17 de setiembre, ocasión en que las fuerzas antidrogas desarticularon una banda criminal que se dedicaba a la producción y comercialización de marihuana “vip” al rentable mercado brasileño.

En esa ocasión, algunos integrantes de esa gavilla fueron capturados. Posteriormente, y gracias a trabajos de inteligencia, se supo que minutos antes de realizarse ese operativo, el policía Cristino Silvero había realizado una llamada telefónica a “Turco” avisándolo que personal de la Senad allanarían su residencia.

Gracias a ese aviso, el presunto jefe narco logró huir. Datos revelan que varios otros policías están en miras de la fiscalía por su presunta implicancia con el crimen organizado.

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