El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Emiliano Rolón, Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias, ratificó que el proceso penal contra el actual fiscal adjunto Patricio Gaona, imputado por coacción y abuso sexual, se siga tramitando en el Juzgado Penal de Garantías Nº 10 de la capital, a cargo del magistrado Mirko Valinotti.
Los mismos decidieron confirmar la determinación adoptada en primera instancia que resolvió rechazar el incidente presentado por Gaona, quien pretendía litigar en Quiindy alegando que supuestamente los hechos se registraron en dicho sitio.
En su momento, Teresa Sosa imputó al fiscal adjunto por los delito mencionados tras la recepción de varias denuncias en su contra, muchas de ellas durante su ejercicio como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, tanto en la sede central como en una de las filiales.
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Ahora, el presente proceso penal deberá continuar su curso y el Ministerio Público tendrá que presentar su requerimiento conclusivo, en el que podrá formular la acusación contra Gaona solicitando que el caso se eleve a un juicio oral y público o en su defecto, se pide la desvinculación del caso del funcionario fiscal.
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Detienen a un microtraficante en Loma Plata, Chaco
Una comitiva fiscal y policial realizó el allanamiento de una casa en la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, Chaco, donde se incautaron del poder de una persona varios gramos de cocaína que estaban para ser distribuidos en la zona. Asimismo, se incautó dinero en efectivo que ya fue producto de la venta de la sustancia prohibida.
El fiscal que encabezó el procedimiento fue Andrés Arriola, quien ordenó la detención de Víctor Matías Riveros, quien asumió ser dueño de la sustancia incautada en la zona del Chaco. El representante del Ministerio Público convocó a una audiencia indagatoria donde el detenido deberá brindar su versión sobre la investigación.
De acuerdo a la información de los investigadores, el detenido formaría parte de una estructura que se dedica al microtráfico de cocaína en el departamento de Boquerón. Con la aprehensión de Riveros se desarticula una red importante de distribución de cocaína en Loma Plata y el departamento de Boquerón.
Una vez que sea imputado el detenido, el mismo tendrá que ser convocado por un juzgado penal de Garantía que deberá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el detenido será trasladado a una penitenciaria de nuestro país.
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Otro caso
En mayo de este año el fiscal antidrogas de Filadelfia, Chaco, Andrés Arriola y los agentes especiales de la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de una persona que hacía delibery de cocaína a bordo de un automóvil. El detenido fue identificado como Alfredo Omar Pereira Rojas, quien fue imputado por tenencia de sustancia prohibida de estupefacientes y a su vez se pidió su prisión preventiva.
De acuerdo al presente caso, el fiscal tomó conocimiento del supuesto hecho el día 25 de mayo del 2024 siendo las 22:15, a raíz de una llamada telefónica por parte del jefe de la Regional 11 - SENAD Filadelfia, quien comunicó que personal del departamento de Control de la Dirección Nacional Antidrogas Regional Nº 11 Senad se encontraba realizando una patrulla preventiva por la ciudad.
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