El agente fiscal Luis Said realizó un allanamiento a la oficina de Fondos de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible dependiente del Indert a los efectos de incautar varios documentos como resoluciones de presidencia, dictámenes de Asesoría Legal, dictámenes de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, comprobante de pago, legajos y facturas de rendición de cuentas de fondos fijos o caja chica, memorándum cheques, talonarios de cheques, comprobante de obligación, todos de los años 2019 y 2020.
La denuncia se presentó en sede del Ministerio Público por supuesto pedido de coima y extorsión que involucran a las ex y actuales autoridades de la Fundación Cerro Lambaré, que se dedica a realizar pozos artesianos.
Te puede interesar: Fiscal acusó a funcionario de Copaco por acoso sexual
El Ministerio Público está investigando un supuesto pedido de dinero de parte de la secretaria de la fundación al ex titular de la referida institución. Con base en eso se inició la investigación fiscal y se pidió el allanamiento correspondiente a la citada oficina que está dentro del Indert.
El fiscal del caso, Luis Said, se encuentra analizando todos los documentos incautados durante el procedimiento fiscal.
Dejanos tu comentario
Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
Lea también: Hospital Militar habilita importantes mejoras y recibe certificación de Salud Pública
“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
Dejanos tu comentario
Capturan a suboficial acusado de colaborar con el crimen organizado
Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
Efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron a tempranas horas de hoy viernes la sede de la comisaría 11, de la ciudad Karapaí, de la capital departamental y procedieron a la detención de un personal policial.
Se trata del suboficial inspector, Cristino Silvero (39), quien presta servicio en la comisaría mencionada, en donde sorpresivamente llegaron los agentes antidrogas con la sola finalidad de capturar al uniformado.
El procedimiento estuvo al mando de la agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada contra el Crimen el Narcotráfico y Crimen Organizado de la capital del país.
Lea más: Imputan a hermanos libaneses por supuesta falsificación de documentos en Alto Paraná
Según se dio a conocer, el suboficial es acusado de pertenecer a la banda criminal liderada por Ismael Obregón Chena, más conocido como “Turco”, actualmente prófugo de la justicia.
La captura del suboficial se dio en el marco del operativo “Turc”, que se inició el pasado 17 de setiembre, ocasión en que las fuerzas antidrogas desarticularon una banda criminal que se dedicaba a la producción y comercialización de marihuana “vip” al rentable mercado brasileño.
En esa ocasión, algunos integrantes de esa gavilla fueron capturados. Posteriormente, y gracias a trabajos de inteligencia, se supo que minutos antes de realizarse ese operativo, el policía Cristino Silvero había realizado una llamada telefónica a “Turco” avisándolo que personal de la Senad allanarían su residencia.
Gracias a ese aviso, el presunto jefe narco logró huir. Datos revelan que varios otros policías están en miras de la fiscalía por su presunta implicancia con el crimen organizado.
Te puede interesar: Piden reforzar seguridad ante constantes robos a una escuela de San Antonio
Dejanos tu comentario
Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
Te puede interesar: Peña se ubica entre los tres presidentes de Sudamérica con más aprobación
Dejanos tu comentario
Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Podes leer: Tras el feminicidio de su madre, joven recibe amenaza del asesino y teme por su vida