El presidente de la República, Santiago Peña, solicitó permiso a la Cámara de Senadores para ausentarse del país entre el 26 de abril hasta el 6 de mayo. El economista prevé viajar a los Estados Unidos con la finalidad de mantener importantes encuentros con representantes de diversos bancos y organizaciones.

La agenda oficial será desplegada en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. “El gobierno del Paraguay viene trabajando en las áreas de salud, educación, seguridad y trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos y posicionar a nuestro país a nivel internacional. Este es un trabajo intenso que viene realizando el presidente Peña”, dijo a los medios de comunicación, el vocero presidencial Guillermo Grance.

Asimismo el funcionario del Poder Ejecutivo indicó que “Peña participará en Estados Unidos de importantes reuniones con representantes de varios bancos, mantendrá encuentro con diversas organizaciones e irá para recibir un premio que le otorga el Comité Judío Americano (AJC)”.

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Grance manifestó que el galardón es otorgado a los ciudadanos que trabajan en post de la comunidad judía. “Sabemos sobre el gran cariño que tiene Paraguay y Peña a Israel. Este mismo premio ya lo había recibido en una edición anterior el presidente argentino Javier Milei”, puntualizó.

El Comité Judío Americano (AJC) que distinguirá al mandatario es una organización de defensa judía que tiene como objetivo defender los derechos civiles de los judíos en Estados Unidos y en el extranjero. Es una de las organizaciones judías más antiguas en Estados Unidos, fundada el 11 de noviembre de 1906.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, adelantó que el proyecto de ley que declara en emergencia los tres departamentos del Chaco, a raíz de las inundaciones, será aprobado en su versión de Diputados por el pleno de la Cámara de Senadores.

“Para darle celeridad, aprobaremos la versión de Diputados”, afirmó en una entrevista con los medios de comunicación. La iniciativa original, aprobada por los senadores, establecía que los gobernadores de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay reciban cada uno la suma de G. 5.000 millones para enfrentar el desastre natural.

Sin embargo, la Cámara Baja aprobó ayer martes que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), encabezada por Arsenio Zarate, administre los G. 15.000 millones. Núñez, desmintió que una supuesta “fricción” entre los gobernadores y parlamentarios haya generado la demora para el tratamiento del proyecto.

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“Esto es solo una película”, comentó Núñez ante los rumores. Por otra parte, detalló que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de transferir los recursos económicos sin la necesidad de una normativa, teniendo en cuenta que la Ley del Presupuesto General de la Nación establece una “flexibilidad” para los casos considerados de extrema urgencia. “Con este proyecto nosotros logramos visibilizar la situación del Chaco”, dijo.

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El Gobierno hizo oficial la entrega de un nuevo lote de 60 patrulleras, 300 motocicletas y 2.800 radios portátiles de avanzada tecnología, que fueron donadas por la Itaipú Binacional con el fin de fortalecer la seguridad a través de la Policía Nacional. El presidente Santiago Peña resaltó las diversas acciones emprendidas por las diversas instituciones con el fin de cumplir con deudas históricas en esta materia.

“Con esta inversión hoy lo hacemos a través de la Itaipú, pero este dinero es de los paraguayos, estos son recursos que luchamos como patriotas para que sean invertidos. Hoy estamos sumando 60 patrulleras más a las 500 que están operativas en todo el país, 300 motocicletas y 2.800 radios con GPS que nos permitirán saber en tiempo real la ubicación de cada uno de los policías, de cada motocicleta y patrullera”, expresó.

Peña recordó que la inversión que hace el Gobierno no solo se traduce en recursos materiales sino también en recursos humanos, puesto que en diciembre del año pasado se incorporaron 5.000 nuevos policías y en este momento están en plena formación otros 5.000 agentes, con lo cual se apunta a dar vuelta el déficit histórico que existía en la cantidad de efectivos.

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“Entendemos que la presencia del Estado, que tiene una serie de complejidades y un sinfín de áreas donde tenemos que prestar servicios, ninguna de estas va a ser suficiente si no hay seguridad”, afirmó. Asimismo, habló de la importancia que tiene la implementación del nuevo marco legal que regula a la Policía Nacional, la cual le otorga mejores condiciones de trabajo y también sanciones más severas para casos de corrupción.

El uso de la tecnología es clave cuando se habla de seguridad, indicó Peña, quien recordó que también han apostado al fortalecimiento del Sistema 911. “Venimos a reafirmar un compromiso que asumimos el 15 de agosto, un gobierno que cuida, invierte, planifica y que actúa para proteger a los ciudadanos y especialmente al más vulnerable que generalmente es víctima de la inseguridad”, refirió.

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El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.

El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.

Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.

“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.

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Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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