El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el día de hoy en su sesión plenaria la designación de los jueces especializados contra el crimen organizado. La propuesta para confirmar a cada magistrado fue del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón.
Como jueces de Garantías contra el crimen organizado Unidad 1 fueron confirmados los magistrados Rosarito Montanía, Lici Sánchez y Gustavo Amarilla. Como Unidad 2 de Delitos Económicos fueron asignados José Delmás, Humberto Otazú y Yolanda Portillo.
Igualmente, los altos magistrados han conformado el Tribunal de Sentencia del referido fuero con las juezas Gloria Hermosa, Dina Marchuk y Mesalina Fernández. Como magistrada suplente estará Claudia Criscioni.
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También se integraron los juzgados de ejecución contra el crimen organizado. Las magistradas confirmadas fueron Yolanda Morel, Rosalía Arias y Sandra Silveira. Mientras que los camaristas que conforman el Tribunal de Apelación del mencionado fuero son Carlos Ortiz Barrios, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, respectivamente.
Todos los confirmados solo esperan que los ministros firmen la resolución para que puedan entrar en vigencia y ya se puedan tramitar los casos de índole contra el crimen organizado en los citados juzgados.
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IPS pide a la Corte auditoría del expediente sobre ejecución hipotecaria
El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó a la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lleve adelante una auditoría para conocer quiénes fueron los responsables del extravío de hojas y la desidia judicial acerca del expediente caratulado: “IPS contra Espigal SA, sobre ejecución hipotecaria y prendaria del año 2002″.
Este juicio, que comenzó el 26 de setiembre de 2002, se encuentra sin tener los avances correspondientes en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del octavo turno, y el monto de la demanda es de un monto superior a los G. 18.617 millones.
Desde la Dirección Jurídica de la previsional señalaron que el juicio cuenta con más de 10 años y que antes nadie impulsó desde el IPS para apurar el proceso y permitir la ejecución hipotecaria, considerando la sustracción de hojas del expediente.
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“Ante esta situación, denunciamos ante la Superintendencia de Justicia, y pedimos una auditoría interna y externa para deslindar responsabilidades e identificar a los responsables, de todas las personas que intervinieron en el proceso por la desidia”, aseveró el director jurídico, Dr. José González.
Según la denuncia existen hechos relevantes que ameritan una investigación sobre la conducta de los agentes de Justicia que intervinieron en el caso, ya sean jueces, actuarios e incluso de los abogados de la Dirección Jurídica de IPS, que corresponden al año 2002 en adelante.
De acuerdo con el Informe del entonces actuario, Abg. Alexis Mendoza, de fecha 8 de mayo de 2012, señala que las fojas 1 al 43 de los autos caratulados “Reconstitución del expediente : IPS C/ Espigal S.A. sobre ejecución hipotecaria”, no se encuentran glosados a autos.
La denuncia señala que los folios faltantes fueron buscados en los armarios de la secretaría de la Dirección Jurídica de IPS y no fueron encontrados.
Los documentos a los que hace alusión se tratan nada más y nada menos que del Estado de Cuenta de la demandada, la cesión de derechos al IPS y una nota en la que la empresa privada reconoce la deuda y el monto. Es decir, que la “parte extraviada” desapareció, dice parte de la denuncia presentada por la entidad previsional.
Actualmente, varios juicios son objeto de auditorías, tanto internas como externas, a los efectos de investigar y deslindar responsabilidades en el desempeño de los funcionarios, respecto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, para con la Institución. Si el caso amerita, los antecedentes deben ser remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señala la denuncia presentada.
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Caso Andy: Corte había ordenado que demanda civil contra Bruno Madelaire siga su curso
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió anular los fallos de primera y segunda instancia que privaba a Andy Moreno, víctima de un terrible accidente de tránsito que casi le costo la vida, seguir con la demanda por indemnización de daños y perjuicios que se presentó contra Bruno Madelaire, autor del tremendo suceso y que hasta la fecha a pesar de que pasaron 18 años del percance, aún no da la cara y mucho menos se hizo cargo del accidente.
El abogado Eduardo González, representante de Andy Moreno, en comunicación con el programa Arriba Hoy del canal GEN, señaló que “en el año 2019 Andy se me acerca para presentarme el caso y ante eso pido el expediente judicial para analizar y ya el expediente estaba en archivo y al verificar encontré que ya se resolvió una excepción de falta de acción que presentó Madelaire, pero nunca fue notificada a las partes dicha resolución y al no notificar no corrió el plazo para la prescripción, por lo que nosotros notificamos y apelamos y el tribunal de Apelación confirmo el fallo de primera instancia por lo que recurrimos a la Corte y la sala constitucional hace lugar a la acción y anuló los fallos de primera y segunda instancia, por lo que el juicio se retrotrae al inicio de la demanda para que Madelaire conteste”, indicó el citado profesional.
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Asimismo, González se refirió sobre si Andy recibió ayuda o no de parte del autor del accidente “Andy no recibió ninguna ayuda en ningún momento y su familia fue la que siempre estuvo a lado de él”. Sostuvo que " nunca hubo una propuesta sería de parte de Madelaire”.
LE PRACTICARON 52 CIRUGÍAS
“Económicamente este señor dejó un enorme bache en mi familia porque mis padres casi vendieron la casa, pero gracias a Dios también mis amigos estuvieron con nosotros”, dijo la víctima del accidente, Andy Moreno
Sostuvo que en estos últimos años se tuvo que realizar 52 cirugías en Paraguay, Argentina y Alemania para poder tener una vida más llevadera, “pero el bache económico que me dejó este señor no tiene nombre. Hace 18 años que estoy luchando con una demanda civil para cobrar algo”, puntualizó. El joven reclama justicia.
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El Registro Unificado Nacional simplificará tres ventanas burocráticas vigentes
El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó este viernes Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.
“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del Registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.
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Tratamiento del proyecto
Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.
El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.
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Hace 7 años se condenaba el escalofriante primer crimen por placer
El 18 de setiembre de 2017, hace siete años, se dictó una sentencia condenatoria que marcó un hito en la historia criminal en Paraguay: la pareja Isaías Raúl Torres y Gissella Eliana Milea Otto fue condenada a 40 años de cárcel luego de ser encontrados culpables de asesinar al locutor radial Agustín Emmanuel Bogado Quintana, de 32 años, por el “mero placer de matar”. El crimen ocurrió el 8 de febrero del 2014.
La presidenta del tribunal de sentencia, la magistrada Mesalina Fernández, fue quien observó que este fue el primer caso de crimen por placer que recibía una condena en el país. Con Fernández, Gloria Hermosa y Alba González integraron el tribunal que juzgó y condenó a los acusados (quienes entonces tenían 27 años de edad) a 30 años de cárcel, más 10 años de medidas de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad.
Según los elementos debatidos durante el desarrollo del juicio oral y público, Torres (de nacionalidad argentina) y Otto, desde 2013, ofrecían favores sexuales a través de un perfil falso en redes sociales para elegir a su potencial víctima, y fue así como la mujer sedujo al radialista, entre 37 “candidatos”; mientras que, a través de los mensajes de texto enviados entre ambos, se pudo conocer cómo planearon el crimen y que el móvil fue simplemente asesinar por placer. El Ministerio Público recuperó unos 4.000 mensajes como prueba contundente del crimen planificado y ejecutado con saña y alevosía.
El crimen
En la madrugada del 8 de febrero de 2014, Agustín Bogado jamás se hubiera imaginado que iba a convertirse en la víctima del perverso plan, cuando los condenados llegaron a su casa ubicada en el barrio San Cristóbal de Asunción. Tras ingresar Gissella Otto al domicilio y distraer al radialista, mientras Isaías Torres permanecía oculto, éste también entró a la vivienda y golpeó a la víctima en la cabeza con una manopla de hierro, con la ayuda de Milén Otto.
Bogado agonizó en el piso, mientras se desangraba, sin posibilidad de recibir ayuda de nadie, y falleció a consecuencia de un politraumatismo craneoencefálico. Luego de concretar el crimen, los asesinos fueron a un motel para “festejar” lo que habían hecho y, días después, siguieron compartiendo sobre el “placer” que les producía el horrendo acto, según los mensajes de texto que se probaron en el juicio.
A partir del rastreo de mensajes y llamadas de la línea telefónica de la víctima, el formoseño Torres fue detenido el 2 de abril del 2014 en su casa en Limpio, donde la Fiscalía encontró el teléfono de la víctima y la manopla de hierro con la cual se cometió el crimen. Pasarían cuatro meses para la captura de la Gissella, el 14 de agosto del mismo año, en su casa en la ciudad de Atyrá (Cordillera), donde vivía con sus padres. Las crónicas judiciales mencionan que la madre de Agustín tuvo la valentía de encarar al asesino para que le revelara quién fue su cómplice y en ese encuentro le dio el nombre de su pareja.
Mensajes de texto
Tanto Torres como Otto intercambiaron mensajes de texto donde afirmaban que “disfrutaron al matarlo” y cómo Agustín suplicó por su vida, por lo que ya planeaban volver a matar. También acordaron elegir mejor a la víctima, que tuviera un mayor caudal económico. Igualmente Torres escribió que “lo mataría de nuevo porque me encanta matar”, y decía de su pareja “quiero a mi asesina favorita”.
“Sangre. Eso habrá a la próxima”, anunciaba Torres, a lo que Otto le contestó “eso me gustaría mucho. Si pudiera meter 10 personas en un camión y matarlas el mismo día sería lo máximo”. Asimismo, otros mensajes dados a conocer durante el juicio oral expresaban: “Fue como un juego sexual, pero sin llegar a eso, luego de un brutal asesinato, jaja somos unos demonios...”, “Se supone que después teníamos q sentirnos culpables y estábamos ahí jugando”.
“En las conversaciones que mantuvieron los condenados, vía WhatsApp, ambos referían y hacían alusión directa al crimen cometido. En varias ocasiones dijeron que esa circunstancia les produjo placer, gusto y felicidad. Manifestaron la intención de cometer otros crímenes haciendo hincapié en que las futuras víctimas tenían que poseer mayores recursos económicos”, expresó la fiscal Carla Rojas, que representó al Ministerio Público en el caso, tras lograr la sentencia máxima para los asesinos.
Entre las pruebas también hubo testificales de la hermana y de la vecina de la víctima, que demostraron que Agustín era una persona muy querida y que no tenía enemigos. Otro vecino declaró que en el momento en que ocurrió el hecho pudo escuchar ruidos como de un animal sufriendo. Bogado Quintana fue encontrado sin vida esa misma mañana del 8 de febrero del 2014 por su hermana menor, con vivía y que volvía de un viaje de fin de semana.
“Necesidad de gratificación”
“Al momento del examen médico forense, se encuentra en posesión de sus facultades mentales y en condición de discernir la naturaleza de sus actos y las consecuencias de los mismos”, habían coincidido los estudios psiquiátricos forenses practicados a Isaías Torres y Gissella Otto. En otro informe a cargo de la licenciada Florentina Ramírez, psicóloga forense, sobre el área afectiva y emocional de Gisella Milea, la conclusión era concreta; la joven no presenta trastorno mental, ni de personalidad, pero sí denota una necesidad de gratificación inmediata.
En parte del documento de la licenciada Ramírez, se lee “carece de afecto. También ella es una persona que no se ha sentido amada, por lo que le cuesta dar afecto. (..) Poca capacidad de frustración y necesidad de gratificación con tendencia al abuso de sustancias” resalta la profesional. En noviembre del 2018, Gissella Eliana Milea Otto se quitó la vida en el interior de la cárcel del Buen Pastor, en Asunción.
La licenciada Graciela Zelada de Rodriguez, sicóloga forense del Poder Judicial, tuvo a su cargo el informe sobre Isaias Raúl Torres, en que concluía que el joven no presentaba ningún tipo de trastorno mental, ni de alteraciones en la conciencia ni retraso mental. A su vez, la psiquiatra forense Adelaida Núñez informó sobre la situación síquica de Torres: “Se encuentra vigil, orientado en tiempo y espacio. Con memoria conservada. Colaborador con la entrevista”. Con estos hechos, la historia criminal registró este escalofriante caso, a través de una eficiente investigación que logró una condena ejemplar.