Los abogados Carlos Villamayor y Santiago Brizuela, defensores del diputado colorado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, reiteraron la solicitud para poder realizar una pericia contable en el marco de la presente investigación fiscal que pesa sobre su representado.
El pedido fue presentado ante el juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien tendrá que resolver el pedido presentado por la defensa técnica del citado legislador colorado.
Cuevas, mediante sus abogados, requiere la autorización judicial para la realización de una pericia contable sobre su movimiento financiero. Con ello, busca demostrar que no cometió el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Asimismo, ya se autorizó que se realice una pericia a los inmuebles del referido parlamentario.
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El legislador colorado se encuentra privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el pasado 14 de febrero. Días atrás obtuvo un permiso para que sea sometido a una cirugía odontológica. Tras ser intervenido, volvió a su lugar de reclusión.
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Estafa a colonos: Corte destrabó proceso penal de imputados
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas, procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro. La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de uno de los imputados.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Luis María Benítez, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, quienes rechazaron una chicana más presentada por uno de los imputados.
Imputación
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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Intervención en CDE: tras intentos de boicot, Prieto firmó documentos del corte administrativo
Tras varios vaivenes dilatorios, finalmente poco después de las 16:00 de este miércoles 25 de junio, el intendente saliente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, firmó los documentos del corte administrativo, que finalmente da pie al inicio de proceso de intervención que llevará adelante el economista Ramón Ramírez.
Teniendo en cuenta que todo el equipo interventor está desde el pasado lunes 23 de junio en la capital departamental de Alto Paraná, para llevar adelante el trabajo de intervención municipal; hasta la fecha no estaba pudiendo dar inicio, sin conocer previamente cómo el jefe comunal está entregando la administración y cuál es su situación financiera.
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Al respecto, el interventor Ramírez explicó que este corte administrativo forma parte del proceso de intervención y le corresponde a la auditoría interna del municipio igualmente suscribir el documento y en calidad testifical se encontraba la Escribanía Mayor que se encarga de la certificación y validez del documento.
“Todavía no inició formalmente el proceso de intervención en materia de auditoría. Simplemente estamos haciendo el arreglo institucional para saber cómo recibe esta intervención el municipio y cómo entrega la autoridad saliente todas las cuentas de la institución”, acotó.
Boicot del intendente
Por otra parte, el interventor Ramón Ramírez señaló que no quiere pensar mal del intendente Miguel Prieto, pero las circunstancias que se están viviendo en el municipio propicia a que se piense mal, ya que desde el lunes el jefe municipal suspendió en sus funciones y mando de vacaciones a una buena cantidad de funcionarios entre ellos, el 50 % de la Policía Municipal.
Aseguró que se estarán tomando acciones en breve y corregirán la situación. “La intervención tiene entre sus facultades, el manejo de los recursos humanos, la cuestión presupuestaria, y por tanto vamos a estar solucionando”, indicó.
Respecto al retraso en la firma de los documentos para el corte administrativo, señaló que fue la administración saliente la que solicitó tiempo para la revisión del documento final, que se tomó su tiempo. Pero finalmente, indicó que no hubo ninguna objeción al respecto y se procedió a la firma del corte administrativo al tercer día de su presencia en el municipio.
Asimismo, indicó que todos los documentos y legajos del corte administrativo se hará público, ya que desde un principio aseguró que serán transparentes en su gestión.
Situación financiera
“Tenemos una ejecución presupuestaria al 23 de junio, del 40 %, aproximadamente G. 148.000 millones, ejecutados del presupuesto total. Estamos recibiendo, es decir que está en disponibilidad la suma de 16.800 millones de guaraníes, disponibles en cajas de los bancos que opera la municipalidad”, precisó.
En lo que se refiere a deuda total que está recibiendo el equipo interventor, indicó que está en cifras globales, 108 mil millones de guaraníes.
“Tenemos una deuda que cubrir de forma inmediata, que son compromisos asumidos por el municipio y que debe ser honrada dentro de este periodo máximo de 27.000 millones de guaraníes, de los cuales, unos 6.000 millones corresponde al pago de salarios, y anexos como seguros, y demás beneficios, que trataremos de honrar en la brevedad el tiempo”, explicó.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.