Los abogados Carlos Villamayor y Santiago Brizuela, defensores del diputado colorado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, reiteraron la solicitud para poder realizar una pericia contable en el marco de la presente investigación fiscal que pesa sobre su representado.
El pedido fue presentado ante el juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien tendrá que resolver el pedido presentado por la defensa técnica del citado legislador colorado.
Cuevas, mediante sus abogados, requiere la autorización judicial para la realización de una pericia contable sobre su movimiento financiero. Con ello, busca demostrar que no cometió el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Asimismo, ya se autorizó que se realice una pericia a los inmuebles del referido parlamentario.
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El legislador colorado se encuentra privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el pasado 14 de febrero. Días atrás obtuvo un permiso para que sea sometido a una cirugía odontológica. Tras ser intervenido, volvió a su lugar de reclusión.
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Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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El Registro Unificado Nacional simplificará ventanas burocráticas
El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó ayer Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.
“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.
TRATAMIENTO DEL PROYECTO
Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.
El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.
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Crimen de Pecci: coinciden en investigación conjunta
El Ministerio Público informó sobre una conversación mantenida con la fiscala general de Colombia, Luz Adriana Camargo, respecto al caso Pecci. Coincidieron en la necesidad de formar un equipo de investigación conjunta para esclarecer el magnicidio.
Camargo conversó con fiscales paraguayos, específicamente sobre la materia pendiente en la pesquisa del crimen de Marcelo Pecci.
“Instalamos la necesidad de activar el Equipo Conjunto de Investigación que pondrá el mayor esfuerzo en el esclarecimiento del caso Pecci”, señala el comunicado al respecto. En la ocasión, acordaron que la Dirección de Asuntos Internacionales de Paraguay y su equivalente en Colombia, se encargarán de agendar un encuentro entre ambos fiscales generales.
“Compartimos el dolor de la familia Pecci y somos sensibles ante la falta de resultados hasta la fecha”, señala el pronunciamiento firmado por Emiliano Rolón, quien se compromete a no escatimar esfuerzos en el objetivo de dar con quien haya ordenado la muerte de Pecci.
La familia Pecci Albertini emitió también otro comunicado, en el que lamenta profundamente la denegación al pedido de tomar intervención en la causa del magnicidio de Pecci.
“El capítulo más desgarrador de esta historia es la calidad de excompañero que ostentaba el fiscal Marcelo Pecci, con sus pares de la institución que hoy tienen la responsabilidad de perseguir a quienes lo asesinaron”, expresaron, al tiempo de reclamar las diferencias aplicadas con el caso Lalo Gomes, donde la familia sí tuvo acceso a la carpeta fiscal.
El fiscal general, Emiliano Rolón, explicó que una diferencia principalísima pasa porque, en el caso de la muerte de Eulalio Gomes, un integrante de la familia (el hijo del fallecido) también está imputado, por tanto, le corresponde esta prerrogativa.
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Juez desestimó denuncia contra presidente del Congreso
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que se había presentado contra el actual presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez. El pedido para archivar el presente caso fue solicitado por el agente fiscal Irán Suáres.
Estigarribia sostuvo en su resolución que “es importante destacar que, tal como se expone en el requerimiento de la Fiscalía, no se han identificado otras conductas relevantes que pudieran ser objeto de investigación bajo la normativa vigente. Es competencia exclusiva del Ministerio Público investigar la existencia de indicios de otros hechos punibles, y en este caso, no se han aportado elementos que justifiquen una investigación adicional”, indica parte del fallo.
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Agregó que “al no estar reunidas las condiciones legales que ameriten el ejercicio de la acción penal pública y conforme al requerimiento citado y al alcance del artículo 305 del Código Procesal Penal, corresponde, a criterio de este juzgado, hacer lugar a lo peticionado por el Ministerio Público, por corresponder en derecho y desestimar la denuncia”, señala la resolución de Estigarribia.
El Ministerio Público pidió que se archive el presente caso atendiendo a que se realizaron varias diligencias investigativas donde se pudo constatar que Núñez no cometió ningún delito.
Igualmente, refiere la Fiscalía que el informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) también habría señalado que no se constató reporte de operaciones sospechosas realizadas por el parlamentario.