Se suspendió la audiencia preliminar para 14 acusados por tráfico internacional de drogas, comercialización, posesión y extorsión agravada en el marco de la investigación por el Operativo Espada, que arrojó varios detenidos y la incautación de más de 300 kilos de cocaína. La diligencia judicial se tenía que llevar a cabo ante la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.
La diligencia judicial se pospuso por pedido del abogado Julio César Verón, representante legal del procesado Aldo Miguel Rodríguez. Igualmente, otro de los motivos de la suspensión fue que el expediente judicial no se encontraba en el juzgado por incidentes que se presentaron en el presente caso.
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En el marco del Operativo Espada, realizado en el departamento de San Pedro, el Ministerio Público había imputado a Amado Pérez Marecos (presunto líder de la banda), Ramón Giménez Velázquez, Luis Candia Zelada, Oscar Figueredo Valdez, Carlos Escobar, Cesar Benítez Fleitas, Cristino Aranda, Aldo Rodríguez, Édgar Diosnel Sosa, Juan José Benítez, José David Alonso Salinas, Pablo Cabrera Escobar, Víctor Daniel Dávalos Peralta y Antonio Joel Quiñónez.
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Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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Jueza decretó la prisión en Tacumbú de imputado por muerte de joven futbolista
La jueza penal de Garantía de turno Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de Jesús Roa alías “Kapeluki”, imputado por el homicidio del joven futbolista Ismael D. El imputado guardará reclusión en la cárcel de Tacumbú.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se estudió la situación procesal del imputado y se resolvió decretar la prisión preventiva de Roa alias Kapeluki.
Además de Roa, el Ministerio Público imputó a otros tres menores sindicados como participantes de la fatal gresca días atrás durante un partido de fútbol de categorías inferiores entre Boquerón del Barrio San Pablo y el club Nacional de San Bernardino.
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En el caso de los menores imputados, los mismos deberán ser citados por el juzgado penal Adolescente que tendrá que estudiar si corresponde que los menores guarden reclusión o estén con medidas.
Al imputado adulto el Ministerio Público le atribuye el golpe brutal que le causó la muerte a Ismael D., utilizando en antebrazo, y tal situación se pudo tener indicios con las declaraciones de testigos.
La investigación refiere que Roa González ocupaba el cargo de aguatero del equipo de Boquerón y supuestamente habría actuado en forma premeditada, elemento que deberá ser corroborado o descartado durante la etapa investigativa.
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Rechazan permiso para trabajar y ratifican arresto domiciliario de Luis Montanaro
La jueza penal de garantía Alicia Pedrozo rechazó el pedido de permiso para trabajar y ratificó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, procesado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen por presumiblemente filtrarse contenidos sexuales sin consentimiento.
La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá que analizar y decidir si corresponde confirmar la resolución firmada por la jueza Alicia Pedrozo.
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Actualmente, Montanaro guarda reclusión domiciliaria en un edificio céntrico de Asunción. Asimismo se dispuso varias reglas de conducta, como la prohibición de salida del país, prohibición de cambiar de domicilio, la obligación de acudir a la audiencia preliminar y una fianza real de G. 990 millones.
De acuerdo a la investigación, en fecha 10 de julio de 2024, Montanaro Bedoya habría compartido sin consentimiento a través de distintas plataformas de mensajería numerosas imágenes y vídeos de carácter sexual, presuntamente de su expareja.
Este hecho motivó que se realice la denuncia que descubrió el ilícito. La defensa del imputado puede apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la resolución de la magistrada de Garantías.
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Corte ordenó auditar juzgados de Garantía de varias zonas por llamativo casos de abigeato
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una auditoría de gestión de los juzgados de Garantía de las circunscripciones de Paraguarí y Concepción sobre los procesos penales que tienen relación con el hecho punible de abigeato. El periodo de estudio deberá ser de los últimos cinco años, de acuerdo a la determinación adoptada por los altos magistrados.
El ministro y superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, Gustavo Santander, expuso ante la ciudadanía y sus colegas que “hay una preocupación respecto al hecho punible que es endémico casi en el departamento de Paraguarí que es el abigeato y que no está recibiendo la respuesta jurisdiccional correspondiente porque hay muchas quejas de los jueces de Garantía”, indicó.
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Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez manifestó que “nuestro país es ganadero y que justamente una de nuestras estrellas es la carne paraguaya actualmente y entonces este flagelo del abigeato es verdaderamente grave”, por lo que pido también ampliar la auditoría a los juzgados de Garantía de la circunscripción judicial de Concepción.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, también solicitó que se realice la auditoria a los magistrados de Garantía de la circunscripción judicial de Ñeembucú.
El ministro Manuel Ramírez Candia señaló que una vez iniciado el proceso penal hay un trato bastante complaciente, hay casos en los que al día siguiente ya se levanta la detención, no hay prisión.
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