El doctor Rodolfo Mario Ritter fue procesado por la agente fiscal Nilsa Torales, titular de la Unidad Especializada en Medio Ambiente de Alto Paraná, por los supuestos hechos punibles de violación de la cuarentena sanitaria y lesión grave en grado de tentativa. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva del imputado.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el profesional de la salud habría ingresado al país en fecha 19 de marzo de 2020, luego de haber estado en el exterior. Según las medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo, el mismo debía de guardar cuarentena obligatoria, sin embargo, no cumplió con dicho ordenamiento y salió en dos oportunidades de su domicilio para concurrir al sanatorio donde presta servicios médicos.
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El doctor Ritter se presentó al hospital sin la utilización de tapabocas ni el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para el ingreso al centro médico, según expresa el acta de imputación.
Incluso, para ese entonces ya se tenía el reporte del decaimiento en su salud al 154 (por ser un posible caso de COVID-19). Por ese acto, luego se dispuso que varias personas que tuvieron contacto directo con él sean puestas en cuarentena obligatoria por las autoridades sanitarias.
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Juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto por caso de “Tía Chela”
El juez penal de Delitos Económicos, Humberto Otazú, convocó en audiencia preliminar para los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 10 acusados por presunta corrupción y lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, relacionado a la compra de alimentos durante la pandemia.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
La Fiscalía acusa a Miguel Prieto y a varios exfuncionarios por un supuesto perjuicio económico de G. 306.188.500, debido a pagos realizados a una supuesta empresa proveedora de mercaderías.
Miguel Prieto y otras 10 personas vinculadas al municipio están acusados por delitos como lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio.
En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado ya elevar a juicio oral este caso. Atendiendo este pedido, el juez Otazú estableció las fechas citadas para las audiencias preliminares, en que evaluará el pedido de elevar la causa a juicio oral.
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La convocatoria a la audiencia es bajo apercibimiento del artículo 112 del Código Procesal Penal, que exige que las partes actúen de buena fe y sin obstaculizar el proceso. La Fiscalía solicitó que, de no presentarse los acusados, se ordene su conducción forzosa con auxilio de la fuerza pública, pero esta petición fue rechazada por el juez.
Los imputados
Además de Miguel Prieto, están imputados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en calidad de coautor junto a Prieto.
También se encuentran procesados Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal y accionista de Vanemi SA (subproveedor de Tajy); Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social y actual concejal; y Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato.
Completan la lista Higinio Acuña, jefe de adquisición y suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, tesorero municipal, quienes están procesados como cómplices por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
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“El hombre de las mil voces” y sus cómplices lograron una estafa millonaria desde Tacumbú
Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.
“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.
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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.
Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.
Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.
Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.
El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Laura Giacummo, comunicó que la directora de Talento Humano de la Cámara de Senadores, Norma Cardozo Vázquez, deberá prestar declaración el próximo lunes ante el Ministerio Público, en el marco de la causa penal contra Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
La convocatoria está fijada para las 9:00. Ambos jóvenes fueron denunciados por supuesto planillerismo. Giacummo detalló en una entrevista con la 1080 AM que Cardozo Vázquez fue convocada “para conocer cuál era el método y procedimiento que realizaban en el Congreso estos funcionarios”.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Asimismo, Giacummo dijo que tanto Iván Ramiro como Iris Rebeca, investigados por cobro indebido de honorarios, serán convocados por la Fiscalía a prestar declaración cuando se reúnan todos los elementos probatorios necesarios para ir cerrando la investigación.
Mientras que en el caso de la senadora Noelia Cabrera Petters evaluará si será convocada en carácter de testigo o bajo otra situación penal. “Tendríamos que verificar primero si estaría en calidad de testigo o en otra situación procesal. La investigación está abierta todavía, no sabemos si ella va a ser convocada en esos términos o no”, dijo la agente fiscal.
Antecedentes
Iván Ramiro percibía del Senado un salario de G.13.500.000, mientras que su hermana, Iris Rebeca, recibía un sueldo de G. 8.00.000. La causa penal fue abierta el pasado 4 de agosto ante un posible daño patrimonial al Estado.
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