La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación por violar la cuarentena sanitaria contra la diputada colorada Del Pilar Medina, quien deberá comparecer ante la Justicia el próximo 24 de abril a las 9:30, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario de la legisladora. La magistrada decidió procesar penalmente a la parlamentaria luego de que los diputados resolvieran sacarle los fueros.
La fiscala Belinda Bobadilla fue quien presentó la imputación contra la diputada Del Pilar Medina. La parlamentaria forma parte de la comitiva que viajó a un encuentro religioso en Perú, luego de la declaración de aislamiento social decretada por el Gobierno. Del viaje también participó la senadora María Eugenia Bajac, quien fue la primera imputada y procesada.
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Los hechos atribuidos a Medina son: violación de vedas y cuarentena sanitaria en carácter de autora, conforme al Artículo 10 literal B de la Ley 716/96, con todos los decretos presidenciales y resoluciones reglamentarias. Recordemos la referida legisladora dio negativo a la prueba del COVID-19.
Ex senadora Bajac
En la presente causa penal también está imputada por los delitos de violar la cuarentena y tentativa de lesión grave la ex senadora liberal María Eugenia Bajac de Penner, quien fue procesada y citada para el 24 de abril a las 9:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Imputan al cuarto presunto miembro de banda que asaltó vivienda de empresario y robó G. 810 millones
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.
Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.
El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.
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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.
Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.
Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.
También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.
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Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados
David Herminio Portillo Biancotti, presidente.
Humberto Victorio Rodas Orué, director general.
Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.
Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Desvío de Fondos
En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.
Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía procesa a joven como supuesto autor del abuso sexual de niño de 13 años
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Penal N.º 4 de Hernandarias, imputó a un joven de 24 años como sospechoso del abuso sexual de un menor de 13 años y solicitó su prisión preventiva. El procesado se encuentra privado de libertad a disposición del Ministerio Público y afronta una causa por el hecho punible de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los datos recabados por la unidad fiscal, la víctima se encontraba en situación de calle desde los 11 años y habría conocido al ahora imputado en esa misma circunstancia, ya que también estaba en situación de calle. Ambos frecuentaban una vivienda del barrio Santa Teresa de Hernandarias, donde presuntamente consumían sustancias estupefacientes.
La Fiscalía sospecha que esta situación habría sido aprovechada por el joven, hoy imputado, para someter sexualmente al niño de manera reiterada durante aproximadamente seis meses.
El caso llegó a las instituciones públicas el 20 de septiembre pasado, cuando el niño fue llevado por su madre Hospital Distrital de Hernandarias por fuertes dolores, tras ser encontrado en esa condición en la calle. Recibió la atención médica y se confirmó que presentaba lesiones coincidentes con un abuso sexual. El estudio laboratorial indicó infección de transmisión sexual.
Con estos elementos el hecho fue comunicado a la Comisaría N.º 24 del barrio Puerta del Sol de Hernandarias y al Ministerio Público, como también a la Consejería Municipal de la Niñez y Adolescencia (Codeni).
En el marco de la investigación a cargo del fiscal Víctor Adolfo Santander, la inspección médica forense a cargo del doctor Martín Alfaro, confirmó las mismas lesiones.
Posteriormente, el 23 de septiembre, el presunto agresor se presentó ante la Comisaría N.º 24, luego de haber sido señalado por la hermana de la víctima como el supuesto autor, pero negando haber sido el responsable. En base a los elementos colectados, el fiscal Santander resolvió imputarlo por abuso sexual en niños y solicitó la aplicación de la prisión preventiva.
Cabe recordar que la víctima luego de haber sido atendido en el Hospital Distrital de Hernandarias, el niño de 13 años fue trasladado al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) de Asunción, con intervención de la Defensoría Pública de la Niñez y apoyo de Codeni.
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Imputan a directivo de una empresa por desecho irregular de efluentes cloacales
- Ciudad del Este. Agencia regional
La supuesta disposición irregular de efluentes cloacales en un establecimiento del Km 12 Monday, de Ciudad del Este, motivó el inicio de una investigación a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales N.º 2 de Alto Paraná.
El representante legal de la empresa Electrotecnia Duarte S.A., fue imputado por incumplimiento de obligaciones de mitigación ambiental y por el procesamiento ilícito de desechos.
Según el relato fiscal, el investigado es responsable del proyecto “Servicio de Recolección de Efluentes en Camiones Atmosféricos y Disposición en Estanques”, dedicado a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos cloacales residenciales y comerciales.
La planta funciona en una propiedad identificada como Finca N.º 12.452 y Padrón N.º 9.264, ubicada a unos 6.000 metros de la Ruta PY02, municipio de Ciudad del Este.
El proceso comenzó tras un informe enviado por la Subcomisaría N.º 14 del barrio Norma Luisa de Minga Guazú, sobre el constante ingreso de camiones con cargas de desagües cloacales y residuos provenientes de la limpieza de pozos ciegos.
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De acuerdo al escrito de imputación, los desechos se vertían en la planta sin el cumplimiento de las medidas de mitigación, ni los criterios técnicos establecidos, generando un impacto negativo en el entorno. Vecinos de la zona vienen reclamando sobre la situación de insalubridad en la que sobreviven.
Agrega la Fiscalía que las cuatro piletas (a campo abierto) previstas para el tratamiento de los desechos no se encuentran en las condiciones exigidas por la licencia ambiental.
Asimismo, la Fiscalía señala que la irregularidad habría estado generando olores nauseabundos en la zona rural, principalmente durante los días de lluvia y calor, afectando la calidad de vida de los pobladores. Como elementos de sospecha, la representación fiscal cuenta con la nota policial, fotografías del lugar y la resolución ambiental.
La fiscal Ocampos solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y cuatro meses de plazo para concluir la investigación. Además, solicitará la suspensión de la licencia ambiental de la empresa.
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