La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación por violar la cuarentena sanitaria contra la diputada colorada Del Pilar Medina, quien deberá comparecer ante la Justicia el próximo 24 de abril a las 9:30, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario de la legisladora. La magistrada decidió procesar penalmente a la parlamentaria luego de que los diputados resolvieran sacarle los fueros.
La fiscala Belinda Bobadilla fue quien presentó la imputación contra la diputada Del Pilar Medina. La parlamentaria forma parte de la comitiva que viajó a un encuentro religioso en Perú, luego de la declaración de aislamiento social decretada por el Gobierno. Del viaje también participó la senadora María Eugenia Bajac, quien fue la primera imputada y procesada.
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Los hechos atribuidos a Medina son: violación de vedas y cuarentena sanitaria en carácter de autora, conforme al Artículo 10 literal B de la Ley 716/96, con todos los decretos presidenciales y resoluciones reglamentarias. Recordemos la referida legisladora dio negativo a la prueba del COVID-19.
Ex senadora Bajac
En la presente causa penal también está imputada por los delitos de violar la cuarentena y tentativa de lesión grave la ex senadora liberal María Eugenia Bajac de Penner, quien fue procesada y citada para el 24 de abril a las 9:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Imputan a asaltante herido en persecución policial tras ataque a una mujer con su hijo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a Alfredo Ramón Ríos Villalba (36) por el asalto a una mujer en la vía pública e intento de robo. El mismo está hospitalizado en el pabellón de emergencias del Hospital Regional de Ciudad del Este con una herida en el muslo y fractura del brazo.
El hecho ocurrió ayer 11 de noviembre, a las 13:00, en la vía pública del Km 10 Monday, a unos 3 mil metros de la Ruta PY02, Ciudad del Este. En esa ocasión huían en una moto con su hermano mellizo, Alcides Ramón Ríos Villalba (36), tras intentar robar a una mujer que circulaba en una moto con su hijo, a quien llevaba a la escuela.
Fue víctima María Antonia Ferreira Portillo (32), quien vive en la misma zona. La mujer se resistió a la entrega de su moto y uno de los asaltantes efectuó disparos hacia ella que no le impactaron.
De acuerdo con los datos recabados por el fiscal, un vecino vio lo que pasaba y auxilió a la mujer obligando a los asaltantes a que huyeran, además de comunicar a un oficial de policía, Niño Daniel Cardozo Miranda (37), poblador de la zona, que dos asaltantes escapaban en moto hacia su casa.
Ante ese dato, el policía salió a perseguir a los dos motociclistas produciéndose un intercambio de tiros hasta que uno cayó y falleció en el lugar, mientras que el otro fue herido.
El herido fue auxiliado hasta el Hospital Regional por el personal de la Subcomisaría 14ª., que acudió al sitio tras lo ocurrido. Ambos supuestos atacantes cuentan con antecedentes por robo agravado y reducción.
En el lugar fueron encontrados la motocicleta en la que huían los mellizos y un arma de fuego tipo pistola con inscripción “Fabrique Nationale d’Armes de Guerre”, con un cargador con 9 cartuchos sin percutir del calibre 9 mm. Intervino el médico forense Aníbal Duarte para el levantamiento del cadáver.
El agente que persiguió a los asaltantes es Niño Daniel Cardozo Miranda (37), un suboficial inspector que presta servicios en la Agrupación Motorizada de Alto Paraná y que ayer estaba de franco.
Dijo que abordó su automóvil de la marca Toyota, Premio, color gris, chapa CEU 747 Py e inició una persecución contra los delincuentes, produciéndose un intercambio de disparos en el que los supuestos autores resultaron heridos, falleciendo uno de ellos en el lugar.
El oficial ya prestó declaración testifical y, por ahora, el único imputado es el asaltante herido. El fiscal Gabriel Segovia mencionó que todavía está recabando imágenes de circuito cerrado en el marco de la investigación.
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Imputan a un hombre que habría perseguido a su expareja hasta la comisaría para amenazarla
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la Fiscalía de Presidente Franco inician proceso contra un hombre por violencia familiar y coacción. Se trata de una causa abierta a raíz de la denuncia de una mujer en contra de su expareja tras haberla perseguido supuestamente hasta la comisaría para impedir que lo denunciara por violencia familiar y amenazarla de nuevo.
El fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal N.º 3 es quien investiga el caso en el que imputó a un hombre de 26 años, tras denuncia presentada por su expareja, de 24 años.
Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre pasado, alrededor de las 16:00, cuando el hombre intentó obligar a su expareja a ingresar a su departamento en contra de su voluntad, en el edificio María Celeste de Presidente Franco. Pero, la joven no quería y consiguió escapar, siendo auxiliada por un automovilista que la trasladó a una comisaría.
El presunto agresor, según la denuncia, siguió hasta la comisaría donde nuevamente habría amenazado de muerte a la víctima. Tras el incidente, el fiscal de turno ordenó la detención preventiva del supuesto victimario.
Al prestar declaración ante el Ministerio Público, la mujer manifestó que durante la convivencia de la pareja sufrió agresiones físicas y reiterados maltratos verbales y psicológicos, de parte del citado.
Manifestó además que los hechos de violencia se prolongaron durante un largo tiempo y motivaron el fin de la relación. No obstante, supuestamente, su expareja continuó persiguiéndola y coaccionándola a retomar la relación, incluso con amenazas de tomar acciones más drásticas contra sí mismo, si ella lo abandonaba.
La Fiscalía cuenta con la denuncia y los informes policiales de la Subcomisaría 11.ª del Área 5 de Presidente Franco, un informe médico y otro de contención, además de los otros escritos de rigor por las cuales inició proceso contra el denunciado, quien quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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Presentarán denuncia penal por retiros anticipados en Ueno: “Es una asociación criminal”
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, anunció que este lunes a las 11:00 presentará ante el Ministerio Público una denuncia penal contra personas innominadas, exigiendo indagar sobre los retiros anticipados de dinero y las instituciones estatales que siguieron depositando fondos públicos en Ueno Bank.
“Estoy terminando de corregir el escrito para luego ir al Congreso Nacional y poner a disposición de los colegas para ser firmado y luego presentarlo a la Fiscalía. En la denuncia yo no establezco una mención a una persona en especial, pero sí vamos a agregar como documentos anexos las publicaciones que circulan en los medios referente a los retiros anticipados”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “se debe avanzar con una investigación sobre aquellas personas que retiraron en condiciones y plazos diferentes sus depósitos ya a partir de lo que surge de la crisis”.
Vallejo también señaló que la Fiscalía debe ahondar sobre las instituciones del Estado que siguieron depositando los fondos públicos en Ueno Bank, pese a las alertas generadas, como por ejemplo el pedido de informes hecho por la Cámara de Senadores al Banco Central del Paraguay (BCP), respecto a la situación financiera de la entidad, el cual fue impulsado por legisladores del oficialismo colorado.
“Si yo fuese administradora pública, no hubiese colocado un solo centavo más en esa institución. El Ministerio Público debe corroborar cuáles fueron las instituciones públicas que siguieron depositando recursos, porque eso ya sería una lesión de confianza”, manifestó.
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La legisladora indicó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) jugará un papel fundamental en las indagaciones. “Esta es una institución que puede pedir informaciones a nivel mundial a todas las unidades de inteligencia financiera sobre casos de lavados de activos y el Ministerio Público tiene que ampliar sus calificaciones jurídicas. Se deben incluir los hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero”, refirió.
Señaló que “con eso se activarán los protocolos de la Seprelad de poder solicitar información a las otras unidades de inteligencia del mundo para poder cerrar el círculo de toda esta investigación. Esto es una asociación criminal de manual y de lavado de dinero; los hechos describen eso”.
Mansión de Peña
Por otra parte, requirió a la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, realizar de vuelta una fiscalización sobre el valor real de la lujosa residencia de verano atribuida a Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera.
“La Contraloría debería retractarse e iniciar inmediatamente una verificación real de cuánto costó esa casa, ya que jamás pudo haber costado 1 millón de dólares por toda la calidad que tiene. Esta es otra de las miles de aristas que debe ser investigada”, puntualizó.
Vallejo añadió que “nos vamos espantando por todo lo que está sucediendo. Peña debería ser analizado a nivel siquiátrico y los expertos deben explicar qué tenía él en su cabeza, así como las personas que le rodeaban, para causar tanto daño a tantas personas en un contexto que evidentemente perseguía el dinero”.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.