La defensora general Lorena Segovia, en el marco de la emergencia sanitaria y la crisis penitenciaria, remitió esta mañana una nota al Ministerio de Justicia solicitando el indulto presidencial para todas las personas cuyas medidas de salidas transitorias y régimen de semilibertad fueron suspendidas, atendiendo que al cumplir con los requisitos para esas medidas también podrían ser beneficiadas con el indulto.
La nota señala que “el presente pedido se sustenta y encuentra certeza razonable considerando principalmente que muchas de las personas posibles del beneficio de esta figura constitucional podrán ser asistidas por la defensa pública de acontecer la procedencia de los mismos. La viabilidad del planteamiento contribuirá enormemente en la descongestión de las penitenciarías y especialmente en la protección de los derechos humanos de cada persona”, señala parte del pedido que realizó Segovia a la titular de Justicia, Cecilia Pérez.
Agrega el escrito “es importante mencionar que los defensores, defensoras y plantel de funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) siguen realizando ininterrumpidamente sus labores, tomando las medidas correspondientes para evitar la expansión del COVID-19, a fin de lograr resultados positivos a favor de los usuarios y las usuarias que se han acogido a los servicios prestados por la institución”, indica la nota N° 186 remitida a la ministra de Justicia.
El pedido estará en campo de la titular de Justicia, que tendrá que analizar la solicitud formulada por la defensora general Lorena Segovia. En caso de darse curso a ello, se tendrá que elaborar una lista de las personas que podrán gozar del beneficio de la libertad bajo indulto presidencial.
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Beba con AME requiere medicación, pero necesita aprobación de la ministra de Salud
La mamá de una pequeña de 10 meses, con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME) proveniente de San Estanislao, pidió a la ministra de Salud, María Teresa Barán que apruebe la compra del medicamento de su hija. Los médicos del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu le confirmaron que solo se necesita la firma de la ministra para iniciar con el tratamiento.
Se trata de Alexa, una beba oriunda del departamento San Pedro que hace dos semanas recibió el diagnóstico y que requiere de una medicación especial para evitar que la enfermedad avance. Su madre, Leticia C., expresó en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media, que los doctores solo esperan la aprobación del Ministerio de Salud para que pueda recibir la medicación.
“Alexa tiene 10 meses y está a la espera del medicamento, que de momento no tengo el nombre, pero el médico tratante, que es Carlos Franco, me dice que eso depende totalmente de la ministra de Salud y del Estado, que recién cuando consiga me van a llamar para que inicie su tratamiento”, explicó la mujer.
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Resaltó que su hija debe acceder lo más rápidamente posible al tratamiento para que pueda tener una mejor condición, porque se trata de una enfermedad muy seria. “Hace 15 días que llegó el resultado. Mi hija ahora mismo está estable, pero es una enfermedad muy peligrosa, eso me explicó el doctor”, confirmó.
Afirmó que hasta el momento su pequeña está estable y que se encuentra en su casa. “Le pido a la ministra María Teresa Barán que nos tenga en cuenta y que mi hija pueda acceder al medicamento para que no avance la enfermedad. Tengo mucha fe en Dios, pero necesito el apoyo de la ministra”, dijo.
Leticia refirió que se dio cuenta de que su hija no se sentaba y que con 10 meses no gateaba, por lo que decidió llevarla al centro asistencial donde la derivaron a un neurólogo, que le realizó todos los estudios y le diagnosticaron con AME. “Le pedimos solo esa ayuda a la ministra para que pueda mejorar su condición”, concluyó.
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Grado de Inversión: ¿Qué camino debe seguir Paraguay para mejorar calificación?
Por Armando Giménez Larrosa (armando.gimenez@nacionmedia.com)
Paraguay fue noticia a nivel internacional días atrás tras lograr “escalar” al anhelado Grado de Inversión de una de las tres calificadoras de riesgos, ingresando así a las grandes ligas. Se espera desde ahora un abanico de oportunidades para la economía, a través de las inversiones extranjeras y del apetito de capitales hacia el país.
Esto abre una puerta a nuevos desafíos, principalmente el de mantenerse en la posición y a futuro ir escalando hasta lograr mejorar la nota, y perder riesgos ante los ojos del mundo. En esta nota de Sepa Más te contamos sobre el camino que Paraguay debe recorrer para mejorar la calificación y evitar retroceder del Grado de Inversión.
¿Dónde está parado Paraguay?
Las 3 calificadoras internacionales de riesgo que califican a Paraguay son S&P, Fitch y Moody’s, donde la nota más alta coincide con la triple a (AAA). Moody’s colocó a Paraguay dentro del rango de Grado de Inversión tras ubicarlo en Baa3, faltando así nueve escalones para llegar al grado Prime. Paraguay tardó 9 años para avanzar dentro de este rango, donde solo 6 países de América Latina estaban.
En tanto, para la S&P la calificación paraguaya se ubica en BB+, al igual que para Fitch, faltando así un solo escalón para avanzar al Grado de Inversión. Los países que integran el grupo selecto, junto con Paraguay, son Chile (A2), Perú (Baa1), Uruguay (Baa1), además de México, Colombia (Baa2) y Panamá (Baa3).
Ya se festejó... ahora a trabajar
El pasado viernes 26 de julio del 2024 Moody´s oficializó el logro de Paraguay al escalar al Grado de Inversión, situación que fue celebrada por las autoridades locales, principalmente del Gobierno, al igual que gremios y expertos económicos. Ya se “festejó” y ahora es hora de trabajar, destacó el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.
Consultado sobre qué camino tomar, el titular del BCP dijo que esto implica mucha responsabilidad para muchos. “Esto implica que vamos a trabajar mucho más, vamos a redoblar esfuerzos, seguir en la misma línea de prudencia y de buenas políticas económicas”, dijo.
Enfatizó que tradicionalmente vamos a sostener esta calificación mejorando las condiciones de los mercados, siguiendo con las reformas que son necesarias para el país, entre otros. “Este es un sello de calidad, pero no es un cheque en blanco, por lo que hay que llegar; fue difícil y complejo de sostener, pero mantenerlo es mucho más difícil”, aclaró.
Reformas estructurales
El viceministro de Economía, Javier Charotti, mencionó que desde la cartera económica se seguirá con el mismo trabajo que ya se venía realizando para lograr la calificación. “Es un gran compromiso seguir lo que ya empezamos, desde que asumimos, que fue un programa de políticas y reformas muy ambiciosa”, dijo.
En ese marco, recordó que hace un año el gran desafío era restituir completamente la solidez macroeconómica que caracterizó a Paraguay durante muchos años, por lo que se diseñó un plan de convergencia creíble, responsable, lo que fue reconocido. “Una inflación que estaba por encima de la meta, pero controlada, que ya iba convergiendo y una agenda de reformas bastante ambiciosa”, enfatizó.
También dijo que se debe seguir muy de cerca la reciente aprobada Estrategia Nacional de combate a la Corrupción, que representa un compromiso sin precedente del Estado, y sobre todo una estabilidad macro que siempre caracterizó al país.
“Hay que seguir progresando, hay que seguir haciendo reformas, seguir trabajando para tener al Paraguay que todos queremos, ya que hay mucho por crecer en varios aspectos. Es importante reconocer que Paraguay también se consolida como un modelo de estabilidad y crecimiento”, sostuvo.
A cuidar el tropezón
El economista del sector bursátil, César Paredes, especificó que Paraguay tiene mucho por mejorar, ya que esta nota (Baa3) es el primer escalón (de 10) del Grado de Inversión.
“Estamos al límite de riesgo, por lo que cualquier tropezón que haya, como un alto déficit fiscal, un endeudamiento excesivo, un mal uso de las reservas, un descontrol de la inflación o señales de no respeto hacia la inversión extranjera, podría enviarnos de vuelta para atrás. Eso sería trágico desde el punto de vista económico”, comentó.
Oportunidades de mejora, Paraguay tiene muchas, dijo. “El tema judicial, educativo y poner en marcha una Superintendencia de Pensiones, ordenando todo esos sectores, puede ayudar a mejorar las condiciones y que vayamos con mejores notas en las calificaciones”, concluyó.
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Gobierno de Abdo sabía de ONG corruptas: “Falta una regulación de transparencia”
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, dijo que en el anterior gobierno liderado por Mario Abdo Benítez ya se contaba con observaciones y recomendaciones técnicas para impulsar un proyecto de ley que establezca la transparencia y monitoreo de los fondos destinados a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Falta una regulación que contemple justamente la transparencia y el monitoreo de los fondos, nosotros debemos tener consciencia sobre nuestros riesgos y tomar medidas al respecto. Tenemos las estadísticas de que las oenegés fueron utilizadas para casos de corrupción en las gobernaciones, las municipalidades hasta comisiones vecinales, esto es una evidencia concreta”, indicó al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que en el 2019 la Seprelad elaboró un estudio sectorial de riesgo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) donde se identificó que existe un mayor riesgo de que las mismas puedan ser usadas para el lavado de activos y casos de corrupción.
“Hay varios casos, procesos judiciales que se abrieron en los cuales justamente se han utilizado las oenegés para casos de corrupción que es un delito precedente de lavado de activos. Cuando la Fiscalía abre un caso por corrupción tiene que hacer un estudio más acabado para ver si en el caso concretó no existe lavado”, comentó.
Alcaraz acotó que “este estudio que se llevó adelante en el año 2019 durante el periodo anterior que es un documento público oficial de la Seprelad fue publicado y concretamente se han identificado como factores principales de riesgo o que contribuyen al riesgo la ausencia de políticas y procedimientos de transparencia y además la ausencia de procesos continuo de evaluación y monitoreo de los fondos”.
Señaló también que las observaciones y recomendaciones sobre la necesidad de contar con una norma que controle el uso de los recursos destinados a estas organizaciones surgen de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“Una ley que recoja la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro cumple con los estándares internacionales. Una de las recomendaciones tiene como objetivo principal que estas entidades no sean utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo estableciendo un nivel de revisión de parte de todos los países respecto a lo son las idoneidades de sus leyes y regulaciones disponiendo medidas focalizadas y proporcionales siempre en línea con un enfoque basado en riesgo”, explicó.
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Riesgos de activos
La titular de la Seprelad agregó que la otra recomendación señala que los países que integran las citadas organizaciones “deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de activos”.
“Una evaluación sectorial de riesgo no se hace para tener un documento, sino para que las instituciones, para que el Paraguay de alguna manera pueda proteger su sistema contra estos flagelos de manera concreta, esto de alguna manera complementa todo lo que ya tenemos y cumple con los estándares internacionales”, afirmó.
Sostuvo que “todos estos estudios se hacen en base a esas evidencias. Es correcto que tengamos una regulación concreta que abarque la transparencia y el monitoreo permanente en que son utilizados esos fondos, esto obedece a criterios técnicos”.
En ese sentido añadió que “al tener una regulación concreta con respecto a lo que son las oenegés y establecer un monitoreo y seguimiento de lo que son los fondos, se cumple de manera especifica con estas recomendaciones”.
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Amenazas de Marset: “No se puede permitir que el Estado se arrodille”, dice Llanes
“Acá tiene que haber una convergencia plena de todos los actores de los poderes del Estado, si se desestabiliza el sistema penal todos estamos en riesgo”, sostuvo la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, quien abogó por una mayor inversión para garantizar la seguridad de los operadores de justicia ante las amenazas provenientes del narcotráfico.
El llamado de unidad surge con el fin de luchar contra el flagelo y garantizar a los fiscales y jueces penales del Paraguay una protección integral para impartir justicia con independencia. “Debemos establecer los objetivos concretos inmediatos y las estrategias, entre ellos está invertir en la seguridad de los operadores. Lo que ellos (criminales) pretenden es suplantar el sistema, instalar de manera fáctica un estado paralelo o liberar todo el territorio para puedan trabajar tranquilamente”, dijo.
En comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media mencionó que de no concretarse la unidad entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para hacer frente al narcotráfico se estará cediendo el estado de derecho, la seguridad jurídica y el bienestar de los ciudadanos.
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“Esto debe ser concretado, más allá de los mecanismos tradicionales o cuestiones básicas que se manejan siempre, como la custodia personal de la policía, los vehículos blindados, las estrategias para utilizar determinados caminos, las recomendaciones para no exponerse. No se puede permitir que la organización estatal, el sistema penal se arrodille ante estas amenazas de lo contrario estaríamos directamente entregados”, sentenció.
Antecedentes
Las afirmaciones de Llanes surgieron tras la amenaza realizada por el prófugo narco uruguayo Sebastián Marset a jueces y fiscales que tienen a su cargo el caso de su esposa Gianina García Troche, imputada por el Ministerio Público por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.
A través de un audio enviado al programa de televisión “Santo y seña” emitido en Uruguay, Marset había calificado como “delincuentes” a los jueces y fiscales paraguayos del caso A Ultranza y alegó que buscará que sean destituidos y encarcelados.
Los agentes de justicia que se encuentran involucrados en la causa son las juezas contra el crimen organizado Rosarito Montanía y Lici Sánchez, así como los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta.