Una vecina de la compañía Guavirá del distrito de Tembiaporã en el departamento de Caaguazú, encontró en la madrugada de este sábado a una recién nacida que fue abandonada en medio de un matorral. La jueza de paz, Nélida Picco, encabezó el procedimiento. La pequeña goza de buen estado de salud, según informaron.
La pobladora identificada como Virginia Concepción Fleitas, relató que fue alertada por los ladridos de varios perros a unos 100 metros de su vivienda y fue a verificar lo que estaba ocurriendo, grande fue su sorpresa cuando encontró a la recién nacida que incluso tenía su cordón umbilical.
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Inmediatamente dio aviso a las autoridades de la zona, entre ellas a la fiscal Norma Salinas y a la defensora de la niñez, Carmen Espínola, quienes a la vez se comunicaron con la mencionada magistrada.
Tras la intervención correspondiente, la jueza dispuso como medida cautelar de urgencia, la entrega de la beba a una familia sustituta de manera provisoria, hasta que el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia de la jurisdicción adopte una resolución.
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Fretes escuchó reclamos de trabajadoras de limpieza del IPS Caaguazú
Este viernes, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), realizó un recorrido sorpresivo por el hospital en el departamento de Caaguazú y recibió denuncias de las trabajadoras de limpieza. La empresa tercerizada desvinculó a la mujer que confesó cuánto gana y el monto por el que firma sus recibos de pagos.
El doctor Isaías Fretes, llegó hasta el quinto departamento y recorrió las instalaciones de la previsional donde recibió reportes de las trabajadoras, quienes denunciaron explotación laboral. Rechazó totalmente el pago menor al salario mínimo de las mujeres que son jefas de hogar.
Las trabajadoras de limpieza se acercaron al director y denunciaron que perciben un salario de G. 1.600.000 monto que no alcanza el salario mínimo de G. 3.150.000. “¿Por qué tiene que ocurrir esta irregularidad? El Paraguay hay que cambiar. Cómo una empresa va a lucrar a costa del prójimo", fueron las palabras de Fretes, tras la denuncia presentada por las mujeres.
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Al finalizar el recorrido, detalló que encontraron una irregularidad enorme que atenta contra las trabajadoras de limpieza de una empresa tercerizada. “Una mujer tuvo la valentía de denunciar inducida por mí. No pasaron 10 minutos y la señora estaba llorando en una esquina porque le echaron, pero eso ya se resolvió, le devolvieron el trabajo”, expresó.
Dijo además que repudia totalmente la injusticia y no acepta al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre. Se constató que las limpiadoras recibían transferencia de G. 1.700.000 y que firmaban sus recibos por sueldo mínimo. “No acepto al empresario que crece a costa del sacrificio del pobre”, señaló.
Finalmente, resaltó que ya inició una auditoría interna contra esta firma y que buscarán esclarecer este sistema de injusto que se está teniendo contra estas mujeres trabajadoras. Aseguró también que ya encontraron ciertas inconsistencia en cuanto al pago de las mujeres y que seguirán con los trabajos para corregir el sistema.
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Arrancó proceso de titulación masiva que beneficiará a 20.000 familias de Caaguazú
Tras largos años de postergación, inició el proceso de regularización de tierras de la colonia Caaguazú, donde serán beneficiadas 20.000 familias.
El mismo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, oficializó la noticia a través de un posteo en redes sociales del citado ente.
“Vamos a entregar títulos de propiedad, para eso ya vamos a iniciar todos los trabajos y estamos hablando aproximadamente de unas 20.000 familias”, expresó.
El titular del Indert comentó que este jueves se reunió con la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), para realizar un repaso sobre el convenio que existe entre ambas instituciones.
“Vinimos a hacer un repaso de todos los avances en materia del convenio. Lo que acordamos es el fortalecimiento de ese convenio y la modernización del mismo recogiendo las innovaciones institucionales que ocurrieron en estos últimos meses”, refirió.
Dijo que especialmente se trató el caso de las familias de Caaguazú. “Esta colonia agraria se construyó sobre la base de tierras públicas desde 1904 en adelante y donde se han establecido varias compañías, entre ellas las de San Lorenzo, Empalado, Toro Blanco, Tacuru Pucú. Creo que tenemos 8 compañías en lo que es la gran colonia agraria Caaguazú”, mencionó.
Llevó tranquilidad a ocupantes
Recordó que personalmente acudió al sitio a llevar tranquilidad a los pobladores de Caaguazú, considerando que la Municipalidad ha intentado “hacer un levantamiento, donde tuvimos que ir a anunciar que nosotros ya vamos a iniciar el proceso de regularización en ese lugar”.
“Entonces vamos a entregar títulos de propiedad, para eso ya vamos a iniciar todos los trabajos. Estamos hablando aproximadamente de unas 20.000 familias sobre la gran colonia agraria Caaguazú”, manifestó.
Ruiz Díaz compartió esta histórica decisión con el mismo presidente de la República, Santiago Peña.
“Esta es una muy buena noticia, y ya estuvimos incluso hablando con el presidente de la República a los efectos de formar los equipos necesarios para iniciar este proceso de regularización”, subrayó.
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Ministro de la Corte cuestiona a fiscal por larga espera a jueza imputada
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, cuestionó durante la sesión plenaria de la máxima instancia judicial al fiscal Leonardi Guerrero por hacer esperar durante varias horas a la jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por usar documentos falsos para sumar puntos y obtener ventaja en un concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Ríos criticó al citado agente fiscal debido a que la magistrada estuvo en la unidad fiscal a cargo de Guerrero por varias horas para que la atendiera sobre el proceso penal que enfrenta, pero el fiscal no la recibió.
Asimismo, los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander se sumaron a la crítica de Ríos y señalaron que este tipo de actuaciones por parte de los fiscales deben ser tenidas en cuenta al momento de que la Corte estudie su confirmación o no en el cargo.
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Ríos refirió que a más de una semana de haber presentado la imputación, Guerrero no se “digna” a presentar la carpeta fiscal y la imputación a la magistrada, quien se enteró de su proceso penal a través de los medios de comunicación.
“La pregunta es, ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales?, ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después, cuando se les antoja, comunican a la persona afectada?”, se preguntó Ríos. Agregó que el fiscal hizo esperar a la jueza desde las 8:00 hasta las 15:00 y no la recibió.
El ministro cuestionó el trato que recibió la magistrada y dijo que si algunos fiscales tratan así a una jueza, uno “se imagina” cómo será el trato a los ciudadanos “comunes y corrientes”. Apuntó directamente al fiscal Leonardi Guerrero y refirió que “ni Federico el Grande se creyó tanto”.
Además, el ministro se dirigió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, recordando que la Corte Suprema de Justicia siempre lo recibe a él y a los fiscales, por lo cual pidió que haya un trato de reciprocidad hacia los que integran el Poder Judicial.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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