La Cámara de Apelaciones confirmó al Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar la conducta del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares y al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN, Alfredo Guachiré, ambos acusados por la Fiscalía por Lesión de confianza. De este modo el juicio se reinicia la próxima semana.
La defensa de los procesados, ejercida por el abogado Víctor Mujica recusó al Tribunal de Sentencia, presidido Juan Carlos Zarate e integrado por María Fernanda García y Héctor Capurro. En el escrito, el defensor argumentó “odio” hacia su persona.
Asimismo, los miembros del Tribunal de Apelaciones, conformado por los magistrados Arnulfo Arias, José Agustín Fernández y Gustavo Auadre Canela, pidieron que los antecedentes sean remitidos para auditar la causa.
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Caso Metrobús: Wiens suma nueva chicana al recusar al juez Humberto Otazú
El exministro de Obras Públicas y candidato a mandatario por el adbismo, Arnoldo Wiens, recusó este martes al juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, con la finalidad de paralizar su proceso penal en la causa Metrobús.
La recusación fue impulsada bajo patrocinio del abogado Sergio Coscia en donde menciona “una falta de imparcialidad e independencia” por parte del magistrado. El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Wiens alega que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del magistrado hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales desplegadas por el magistrado, las cuales, consideradas en su conjunto, generan en mi persona una duda razonable respecto de la necesaria imparcialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdiccional frente a las posiciones de las partes”, indicó.
Ante esta nueva chicana, el Tribunal de Apelación deberá definir si Otazú continúa o no al frente de la causa, en la cual debe llevarse adelante la audiencia preliminar para definir si el caso se remite o no a juicio oral y público.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimenez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Por segunda vez se suspendió juicio oral por el feminicidio de María Fernanda
Una recusación presentada por el farmacéutico Franco Acosta Céspedes contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Luis Ovelar Andrea Riquelme y Víctor Vera volvió a suspender el juicio oral y público por el feminicidio de María Fernanda Benítez, la joven embarazada que habría sido asesinada por un adolescente en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
La recusación fue promovida por la defensa de Acosta Céspedes, que cuestionó la resolución mediante la cual se analizaron varios planteamientos realizados por las defensas, el 27 de abril pasado cuando debía comenzar el juicio.
Ahora, la Cámara de Apelación deberá resolver si confirma o aparta a los jueces Ovelar, Riquelme y Vera para continuar con la prosecución con el juzgamiento contra los procesados.
En el presente caso, deben ser juzgados tanto Acosta Céspedes como Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechado de acabar con la vida de María Fernanda.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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