La recusación presentada el martes por la defensa del senador Erico Galeano en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py, fue rechazada este jueves por la fiscal adjunta Soledad Machuca, de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los abogados del legislador argumentaron en el pedido “falta de objetividad” de ambos agentes fiscales.

Con esta nueva resolución, la defensa del senador cuenta con tres días hábiles para presentar una impugnación ante la Fiscalía General del Estado, mientras tanto el juicio previsto bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal está parada.

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“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, había expresado en su momento el abogado Álvaro Cáceres.

Con la acción presentada por la defensa del legislador el martes antes del inicio del juicio oral y público, la diligencia quedó suspendida. Ya con la confirmación de los fiscales ahora se debe aguardar si los defensores de Erico Galeano deciden plantear una apelación.

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El equipo de defensa del senador Erico Galeano presentó este martes la recusación de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py. El abogado Álvaro Cáceres, uno de los representantes legales del legislador, explicó que la recusación de ambos agentes fiscales se da por una “falta de objetividad”.

“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, expresó el abogado.

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El letrado indicó que la pérdida de objetividad quedó en evidencia por las declaraciones formuladas por los agentes fiscales una que vez que, en su momento, lograron el arresto domiciliado con permiso para trabajar para el legislador.

“Ellos manifestaron que Erico Galeano debe perder su libertad, siendo que eso es un derecho constitucional, el segundo derecho más importante después de la vida y siendo que la prisión preventiva debe ser de última instancia que tiene que recurrir un juzgador a los efectos de asegurar el sometimiento de una persona, y al haber declarado de esa manera, nosotros consideramos que perdieron totalmente el criterio de objetividad y en ese sentido, planteamos la recusación”, apuntó.

Este martes, se debía iniciar el juicio contra el senador Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal. El inicio estaba previsto para las 07:30, diligencia que quedó suspendida hasta que se resuelva la acción presentada por los abogados.

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La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la Sala Constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura.

Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión.

“En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan esta recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial”.

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”. Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”.

La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.

En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.

El documento de recusación contra Ríos indica que “los elementos fácticos que respaldan está recusación sobrevenidos y claramente identificables refuerzan de forma forma contundente la razonabilidad de la petición. Cabe destacar que, inicialmente, existía la convicción de que el pasado político del magistrado en cuestión no incidiría en el ejercicio de su función jurisdiccional. Incluso, albergábamos la expectativa, basada en el principio de buena fe procesal, de que su experiencia previa no influiría en su valoración de los hechos y en su desempeño como juez constitucional”.

Agrega que, “sin embargo, sus intervenciones públicas, formuladas ya ostentando la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia, son elocuentes como para disipar toda expectativa de neutralidad. Se trata de declaraciones reiteradas, precisas y claramente orientadas hacia una de las posiciones procesales debatidas en este proceso judicial".

La recusación presentada con el respaldo de un grupo de senadores indica: “No nos hallamos ante expresiones vagas, circunstanciales o de carácter técnico doctrinario. Por el contrario, las manifestaciones referidas, expuestas de forma abierta y pública, revelan un posicionamiento definido y anticipado respecto del conflicto constitucional que esta sala debe resolver, por todo ello no puede interpretarse esta recusación como una maniobra procesal improcedente ni como una invocación extemporánea del derecho a recusar”.

Se señala que la petición es “legítima, presentada de manera responsable y dentro de los márgenes temporales legales, en atención a hechos que no solo configuran una sospecha, sino que constituyen una causal efectiva, concreta y objetiva demostrable para apartar al magistrado de la causa”.

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Mientras que la recusación contra Kriskovich fue impulsada sin “causa presentada”. En el documento se sostiene que la medida fue realizada conforme con lo dispuesto en el artículo 24 y concordantes del Código Procesal Civil, el cual exige que se dé curso al trámite legal correspondiente y se resuelva según lo solicitado previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

“Esto es hasta una cuestión ética, teniendo en cuenta que él fue embajador durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes”, refirió Basilio Núñez.

El camarista aceptó atender el caso tras la inhibición de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. A finales de mayo, la Corte comunicó al Senado la integración de la sala constitucional ampliada, cuyos integrantes también son los ministros Gustavo Santander, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y el camarista Miguel Ángel Rodas.

Kattya González quedó fuera del Senado el 14 de febrero del 2024. Mientras que la acción de inconstitucionalidad fue promovida el 27 de febrero del mismo año.

Un total de 23 sena­dores acompaña­ron la expulsión de la ahora excongresista de la Cámara Alta, regis­trándose siete abstencio­nes y 15 ausencias. El procedimiento se basó en un libelo acusatorio de 73 páginas, en que, entre otras argu­mentaciones, sindicaban a la ahora exparlamentaria de uso inde­bido de influencias.

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