La Justicia tiene pendiente avanzar en la investigación de la denuncia presentada sobre el millonario contrato entregado en plena pandemia por la estatal Copaco a una empresa ligada a Enrique “Kike” Santander, concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez. La telefónica violó la Ley de Contrataciones Públicas para entregar unos G. 5.800 millones de forma directa a la firma.

• Por Juan Carlos Lezcano F.

A la ya larga lista de denuncias que pesan contra hom­bres cercanos del expre­sidente Mario Abdo Bení­tez, se le sumó hace un par de meses la presentada por el actual titular de Copaco, Óscar Stark, por la violación de la Ley de Contrataciones Públicas cometida durante la administración de Sante Vallese, al frente de la tele­fonía estatal.

En setiembre pasado, la Direc­ción de Comunicaciones de la Fiscalía publicó fotografías de una reunión en la que el fiscal general, Emiliano Rolón Fer­nández, recibió a Stark, quien junto con el representante legal de la compañía Rodrigo Lezcano amplió la denuncia presentada ante el Ministerio Público, en relación a presun­tas irregularidades cometi­das durante la administración anterior, involucrando a la firma Hola Paraguay SA (Vox) y supuestas violaciones a la Ley n.° 2051 de Contratacio­nes Públicas.

Esta es una más de la larga lista de denuncias presen­tadas por las incontables irregularidades cometidas durante el gobierno anterior.

En el marco de la pandemia de covid-19, la telefónica esta­tal Copaco, a través de su filial Vox, ejecutó un esquema irre­gular para subcontratar ser­vicios de call center destina­dos al Ministerio de Salud Pública. La empresa benefi­ciada fue Bizcom SA, repre­sentada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del entonces presidente Mario Abdo Benítez. Este contrato, que burló la Ley de Contra­taciones Públicas, incluyó cláusulas de confidenciali­dad y generó serios cuestio­namientos sobre el uso de recursos públicos.

El 5 de febrero de 2020, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud para implementar un sistema de contact center enfocado en el rastreo de contactos rela­cionados con el covid-19. Este acuerdo, firmado por Sante Vallese, presidente de Copaco, y Julio Mazzoleni, entonces ministro de Salud, contemplaba un costo total de G. 5.852.001.600, de los cua­les Salud Pública adelantó G. 3.239.376.300. El contrato incluía 100 posiciones de call center, con un costo unitario de G. 7.315.200, distribuidos en un plazo de ocho meses.

Sin embargo, Copaco sub­contrató estos servicios a través de Vox, violando la Ley n.° 2051 de Contrata­ciones Públicas, al firmar un contrato directo con Bizcom SA, empresa representada por Flavio “Kike” Santander, en marzo de 2020. El contrato, que no fue sometido a licita­ción, establecía el suminis­tro de servicios tecnológicos, plataformas de call center y soluciones en la nube bajo la marca Simplifi.

El contrato entre Vox y Biz­com SA incluía una duración inicial de cinco años reno­vables y cláusulas de confi­dencialidad que impedían la divulgación de los tér­minos. Flavio Santander, representante de la empresa beneficiada, está casado con Adriana López Moreira, her­mana de la primera dama Sil­vana López Moreira. Este vín­culo familiar con el entonces presidente Mario Abdo Bení­tez levantó sospechas sobre posibles favoritismos en la adjudicación del contrato.

Lo que agrava el caso es que Copaco tiene experiencia en la provisión de servicios de call center a otras instituciones públicas, como Hacienda, la UNA, IPS y la Ande, sin nece­sidad de subcontratar a terceros. Esto plantea dudas sobre la real necesidad de incluir a Bizcom SA en este contrato y sugiere que la subcontrata­ción pudo estar motivada por intereses personales o ajenos al bienestar público.

Copaco, al estar regulada por la Ley n.° 2051, no puede contratar directamente con empresas sin licitación. Para evadir los controles, utilizó a Vox como intermediaria. Sin embargo, esta acción también violó la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) había estable­cido que los contratos entre Copaco y Vox debían reali­zarse siguiendo los linea­mientos de la Ley de Contra­taciones Públicas.

El uso de un contrato directo, sin llamado a licitación, y con precios sujetos a variación, fue justificado mediante cláu­sulas de confidencialidad. Esto obstaculizó la trans­parencia en la gestión del acuerdo, dejando a la ciuda­danía sin acceso a informa­ción fundamental sobre el uso de los recursos públicos.

Flavio Santander, además de este contrato, tiene antece­dentes de negociaciones con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación intere­sada en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco en la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos vínculos empresariales con institucio­nes públicas han reforzado los cuestionamientos sobre posi­bles conflictos de interés.

El expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno cierran el 2024 eludiendo a la Justi­cia por múltiples irregula­ridades. Su gestión estuvo marcada por vínculos con narcotráfico, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Casos como el de Arnaldo Giuzzio, acusado por nexos con un narco, o Patri­cia Samudio, condenada por corrupción en Petropar, evi­dencian un patrón de impu­nidad. Mientras, las empre­sas de Abdo crecieron 6.109 % durante su mandato, coinci­diendo con la pandemia.