La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el gobierno de Mario Abdo Benítez entregó fondos a la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) para la realización de cursos y talleres, pero no existen datos sobre la existencia o realización de estos. En apenas un año, el 2021, la administración de Carla Bacigalupo al frente del Ministerio del Trabajo entregó más de G. 32.783 millones a organizaciones sin fines de lucro.

Un informe reciente de la Contralo­ría General de la República (CGR) revela un preocupante cúmulo de irregularidades en la admi­nistración de fondos públi­cos por parte del Ministe­rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), durante la administración de Carla Bacigalupo, puesta al frente de la institución por el expresidente Mario Abdo Benítez.

Las falencias en los con­troles internos, la falta de transparencia y los manejos cuestionables de millona­rios convenios con entida­des sin fines de lucro, como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dibujan un pano­rama de grave ineficiencia y presunta negligencia en el uso de recursos estatales.

Entre los hallazgos más graves, la CGR señala que el MTESS transfirió al CIRD G. 1.789 millones (casi USD 250.000) para la ejecución de 18 cursos de capacitación en diversos departamen­tos del país. Sin embargo, no se encontró un desglose detallado de los costos aso­ciados, lo que imposibilita verificar la razonabilidad y sostenibilidad de estas acti­vidades. Esta falta de trans­parencia incumple las dis­posiciones legales vigentes, como el artículo 7.° de la Ley n.º 6672/21, que exige un riguroso control sobre los recursos públicos.

Pero esto es solo la punta del iceberg. Otro conve­nio otorgado al CIRD, por G. 124 millones, contem­plaba la realización de cinco talleres, de los cua­les solo se ejecutaron tres. Peor aún, no se presenta­ron evidencias documen­tales básicas, como listas de participantes o fotogra­fías de las actividades. Este incumplimiento refleja una ausencia total de con­trol por parte del ministe­rio, que parece operar bajo una lógica de complacencia ante la falta de rendición de cuentas.

La CGR también denun­ció el desembolso de G. 239 millones para asesorías a micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), cuya ejecución no pudo ser verificada. Los listados de empresas supuestamente beneficiadas carecían de información básica, como direcciones o números de contacto, lo que hace imposible determinar si el dinero cumplió su propósito. Este episodio evi­dencia no solo negligencia, sino una preocupante per­misividad en la gestión de fondos públicos.

Otra situación alarmante involucra a la organización La Victoria, que recibió G. 1.132 millones para reali­zar 20 capacitaciones. Sin embargo, tampoco se pre­sentó información deta­llada sobre los costos ni se justificaron las erogacio­nes realizadas. La falta de informes de razonabilidad presupuestaria va en contra de las normativas que regu­lan la ejecución de recursos estatales, dejando en evi­dencia un patrón repetitivo de descontrol.

Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se desarrollan estos convenios. A lo largo de la última década, el CIRD ha manejado proyectos con el MTESS, que suman un total de G. 67.501 millo­nes, de los cuales alrede­dor del 86 % fueron adju­dicados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si a esto se suman los contra­tos otorgados a la Federa­ción de Entidades Vecina­les del Paraguay (Fedem), el monto total asciende a G. 68.801 millones, cerca de USD 10 millones. Estas cifras siderales demandan un escrutinio exhaustivo, especialmente conside­rando las deficiencias recu­rrentes en la rendición de cuentas y el control de estos fondos.

El informe de la Contralo­ría no deja lugar a dudas: el MTESS, durante la admi­nistración de Bacigalupo, falló sistemáticamente en su deber de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públi­cos. Desde la falta de eva­luaciones detalladas hasta la aceptación de informes incompletos y la omisión de controles básicos, las irre­gularidades son alarman­tes y revelan una gestión ineficaz e irresponsable.

El impacto de estas fallas no es menor. Cada gua­raní mal administrado representa una oportuni­dad perdida para mejorar las condiciones labora­les, fomentar el empleo y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas del país. La falta de planifica­ción y control en los conve­nios denunciados no solo compromete la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa un modelo de gestión donde la opacidad y la improvisación son la norma.

Es imprescindible que el MTESS asuma su respon­sabilidad y adopte medi­das urgentes para corre­gir estas prácticas. Esto incluye la implementación de controles más rigurosos, la exigencia de rendiciones de cuentas claras y detalla­das, y la sanción a quienes incumplan sus deberes. Asimismo, el Poder Legis­lativo y la sociedad civil deben exigir una fiscali­zación más estricta de los fondos públicos, especial­mente en sectores tan crí­ticos como el laboral.

Lo que está en juego no es solo el uso eficiente del presupuesto nacional, sino también la credibilidad de las instituciones y la posi­bilidad de construir un sis­tema más justo y transpa­rente. Los hallazgos de la CGR son un llamado de atención que no puede ser ignorado.