El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que repartió millones en sueldos y honorarios entre el clan del presidente de la organización, Agustín Carrizosa, mediante jugosos convenios en el gobierno de Mario Abdo Benítez, administra proyecto anticorrupción que articula una “Coalición por la Legalidad” con financiación internacional en el marco de un acuerdo con contrapartida local que, a simple vista, es una concertación anticolorada liderada por políticos y operadores de la oposición. Detrás corren suculentos negocios de consultoría, pero entre un grupo reducido dedicado principalmente a “charlas y capacitaciones”. Quiénes son los que cobran y cuánto son un misterio, pese a que el principal discurso es la transparencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De alguna manera se va develando el mis­terio y la curiosidad de muchos sobre estas redes de organizaciones capitaneadas por políticos de la oposición y que están aglutinadas en lo que llaman “Coalición por la Legalidad”. Estos grupos que se han convertido en logias detrás del poder forman parte del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción, ejecutado por el Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD).

Las acciones de estos gru­pos se encuadran al objetivo “potenciar la gobernabilidad democrática y promover un crecimiento económico soste­nible de base amplia. El princi­pal Objetivo de Desarrollo que resulta de esta meta es conso­lidar la cultura de la legalidad para reducir la corrupción en Paraguay”, que refiere uno de los indicadores del convenio de Asistencia para el Desa­rrollo firmado en setiembre de 2020 entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Uni­dos para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid). De hecho, en las actividades se promo­ciona el apoyo del organismo internacional.

La contribución total esti­mada de Usaid es de USD 44,4 millones, más USD 5 millones de contrapartida local tiene una vigencia de 5 años (2020-2025). El proyecto contiene 4 indicadores fundamentales como el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Econó­micas Formales, Mejora del Control Ciudadano y activi­dades actuales ya existentes y estamos a la espera de una res­puesta de la Cancillería para conocer sobre los gastos, la eje­cución, adendas que se hayan incluido.

La mejora del Control Ciuda­dano refiere que Usaid “apo­yará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la academia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficien­cia, transparencia y rendi­ción de cuentas por parte del Gobierno. Usaid también apo­yará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. En este rubro, con un rol simulado de representantes de la sociedad civil se ubicó muy bien la con­certación de políticos de la oposición y sacaron provecho electoral siguiendo los linea­mientos, pero, con la punte­ría bien dirigida a un sector específico del Partido Colo­rado al que persiguen como sus “corruptos” favoritos. Todo esto gracias al convenio que se firmó con el gobierno de Abdo.

Como “representantes” de la sociedad civil realizan mani­festaciones, escraches, pre­sionan a jueces y fiscales en casos que resultan relevantes para sus banderas políticas. El coordinador del proyecto que aglutina estos grupos es Francisco Alcaraz, del CIRD, ONG donde asegura honora­rios por valor total de G. 792 millones hasta el 2025, preci­samente año de culminación del programa.

Alcaraz, quien por cierto está siendo investigado por el Ins­tituto del Previsión Social (IPS) por supuesto seguro de favor, el mismo está vincu­lado a las consultoras que fac­turan en el marco del citado proyecto anticorrupción y es uno de los lobistas a la hora de presionar por acciones judi­ciales contra los corruptos que forman parte del obje­tivo. ¿Cuál es la diferencia de las presiones que se pasan denunciando y atribuyendo a un sector político?, las intro­misiones son exactamente iguales, la única diferencia es que se presentan a des­pachos de jueces y fiscales como representantes de la sociedad civil.

No son representantes de la sociedad civil, son políticos que reditúan con la espe­ranza de mucha gente que sí quiere combatir la corrup­ción. De hecho, la conni­vencia entre el CIRD con el gobierno de Abdo para repar­tir sueldos y honorarios al clan del presidente de la orga­nización a costa de convenios de reactivación económica en tiempos duros de la crisis sanitaria por el covid-19 y la pospandemia demuestra que están muy distantes de los intereses de la ciudadanía.