Masivas publinotas realizadas a través de medios de comunicación autodenominados “serios” favorecieron para que cientos de personas cayeran en la trampa de la compra de casas y departamentos a precios supuestamente asequibles, pero que terminaron siendo una estafa. Esto queda reflejado en una de las denuncias presentadas en la Fiscalía por el caso Hupi Constructora en el que también se salpica a dos bancos de plaza.

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Una constructora que ofrecía poner al alcance el sueño de la casa o departamento propios, bancos aliados que daban el supuesto respaldo y que a su vez eran propietarios de medios de comunicación que realizaban masivas publi­caciones para atraer a los posi­bles compradores. El esquema detrás del caso de Hupi Cons­tructora SA es realmente per­verso, de acuerdo con lo que se describe en la denuncia pre­sentada esta semana ante el Ministerio Público.

El denunciante en esta opor­tunidad fue Rodrigo Antonio Villalba, representado por la abogada Gessy Ruiz Díaz.

El mismo relata que, en mayo de 2023, se topó con publi­caciones en redes sociales y medios de comunicación que la firma Hupi Constructora estaba ofreciendo en venta departamentos en el proyecto Residencial Santa Rosa, que debía ubicarse en la zona de Lambaré. Como avales de la constructora aparecían los bancos Atlas y GNB. El pri­mero es propiedad del Grupo Zuccolillo, también dueño de los multimedios Abc Color; mientras que en el segundo figura como accionista el Grupo Vierci, propietario de medios como Última Hora, Telefuturo, Monumental y varios más.

Precisamente, fueron los medios de estos dos grupos los que realizaron masivas publinotas hablando de las bondades de los proyectos de Hupi, tal como se puede ver en el collage de imágenes que acompaña esta nota. La publi­cidad en redes y las publinotas presentadas en los multime­dios de los Zuccolillo y Vierci hablaban de 160 departamen­tos con comodidades de pri­mer nivel.

En el argot periodístico se conoce como publinotas a publicaciones que se pre­sentan como notas de inte­rés periodístico, pero que en realidad se tratan de publi­cidad a favor de personas, empresas o hasta políticos. Algunos medios hoy le dan nombres más rimbomban­tes que lo único que hacen es esconder su realidad: las empresas pagan para que los medios saquen notas positi­vas. En resumidas cuentas, Villalba terminó pagando G. 369 millones, firmó un con­trato de compraventa en el que le aseguraban que el departamento 301 de una de las torres sería suyo. Desde entonces, todo fue una pesadilla.

La empresa se pasaba enviando correos en los que comunicaba alentadores avances. Para octubre de 2023 decían estar en un 30 % de las obras y que los ansiados departamentos propios serían entregados en julio de este año. Sin embargo, apenas dos meses después, en diciembre pasado, grande fue la sorpresa de Villalba cuando por publicaciones en redes sociales se enteró de la supuesta quie­bra técnica de Hupi Construc­tora SA. Fue entonces cuando se inició el calvario del compra­dor, pues tuvo conocimiento de que la firma AmTrust se había hecho cargo como administra­dora del proyecto y que Hupi no podía realizar ningún tipo de contrato sobre el Residen­cial Santa Rosa. Villalba consi­guió comunicarse con Andrea Mora, quien figura como direc­tiva de AmTrust.

La misma le dijo que su nom­bre no aparecía entre los compradores, que el dinero que había pagado no había ingresado y que cuando se terminara la construcción no iba a recibir el depar­tamento por el que había abonado G. 369 millones. El denunciante consiguió copias de una escritura pública de formalización de un fideicomiso de garantías en el que formaban parte el banco Atlas, el banco GNB, Hupi Constructora, Amtrust Europe Limited.

El documento obligaba a los beneficiarios a exigir el fiel cumplimiento de los com­promisos del fideicomitente (Hupi). También se estable­cían cláusulas en caso de incumplimiento para iniciar pólizas, cosa que no realiza­ron. En una de las cláusulas incluso todos dicen conocer las partes dadas a cada una de ellas en el contrato.

La denuncia llega a poner en duda que las partes del fidei­comiso estuvieran cons­cientes desde el inicio de las intenciones reales detrás del proyecto.

“No es posible descartar que los representantes de las per­sonas jurídicas vinculadas al proyecto Residencial Santa Rosa pudieron haber camu­flado el negocio, dándole un ropaje de negocio civil, cuando en realidad la pre­meditación, entendida como la voluntad inicial de produ­cir un provecho ilícito, pudo haberse dado incluso antes –desde la suscripción del con­trato fiduciario– para el desa­rrollo del proyecto, a efectos de publicitar una gran inver­sión, que no sería concretada, lo que hace que exista sospe­chas de la existencia del tipo penal de estafa (sic)”, mani­fiesta el denunciante. Líneas más abajo incluso deja en claro la participación de la publicidad engañosa a través de medios de prensa, varios de ellos ligados a algunas de las partes del fideicomiso.

“De esta forma fui enga­ñado principalmente con los artilugios desplegados –declaraciones falsas con­signadas en la publicidad engañosa en medios perio­dísticos, redes sociales y en el contrato de adhesión– por la logística creada por este aparente esquema que me indujo a un error y través de ello dispuse de la suma de guaraníes trescientos sesenta y nueve millones –G. 369.000.000–, situa­ción que me genera un per­juicio patrimonial siendo que no me han entregado el departamento, y no me han devuelto el dinero pagado”, remarca.