La Contraloría General de la República dictaminó la semana pasada que el senador “pulpo” de las licitaciones Luis Pettengill Vacca incurrió en conflicto de intereses al votar a favor del préstamo de USD 600 millones que tiene como uno de los beneficiarios a la empresa Ocho A SA, mientras tanto, la megacontratista, consorciada en algunos casos, ya tiene millonarios cobros de deudas aprobados que deben cancelarse a fines de este mes.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras se acentúa el debate y los cuestio­namientos sobre el caso del senador Luis Petten­gill Vacca a raíz de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) dictaminara que incurrió en conflicto de inte­reses al votar por el préstamo que favorece a Ocho A SA, megacontratista estatal a la que se lo vincula, la empresa en algunos casos consor­ciada ya tiene cobros de deu­das aprobados en diciem­bre pasado por valor de G. 92.687 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que deben cancelarse antes de fin de mes.

En el sistema de Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) figuran 15 pagos autori­zados a la proveedora estatal entre el 26 y 29 de diciembre de 2023, dos meses después de que el Senado (del que forma parte Pettengill) aprobara el endeudamiento de USD 600 millones para honrar saldos atrasados. Estos compromi­sos obligados con la empresa vinculada a Pettengill, actual­mente manejada por su hijo Juan Carlos Pettengill Cas­tillo, deben terminar de hon­rarse antes de que acabe el mes de febrero, según los anuncios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En la lista de STR aprobados figura por ejemplo pagos que el Estado debe realizar al con­sorcio que integra la empresa del clan Pettengill por la defectuosa ruta Transchaco que antes de inaugurarse ya tiene baches. Una auditoría está en curso para analizar la calidad de los materiales uti­lizados. El pavimento se habi­litó a modo de prueba y según los técnicos del MOPC, de no cumplirse las especificacio­nes técnicas, no puede inau­gurarse y menos firmar acta de recepción, pero los compro­misos de pagos ya están apro­bados y a punto de liberarse a favor del consorcio de la mega­contratista Ocho A SA.

La suma de las STR finan­ciadas con los bonos emiti­dos por el Tesoro coinciden­temente equivale a G. 50.000 millones, que es el pago pen­diente por el contrato adjudi­cado de G. 593.061 millones al consorcio Avanza Chaco de la empresa del clan Pettengill. Precisamente, la CGR dicta­minó que en el proyecto de ley que aprueba el endeudamiento que favorece a proveedoras del Estado, que tiene como bene­ficiario a Ocho A SA, el parla­mentario debió abstenerse. Así también, por el plazo de 3 años no está habilitado a votar, por ello, infringió la Ley de Preven­ción de Conflicto de Intereses.

El legislador tiene 15 días para presentar su descargo; sin embargo, en el proceso aumen­tan las posiciones, incluso de sus mismos colegas de que Pettengill no debe estar en el Senado porque estaba inhabi­litado a candidatarse por los vínculos con contratistas del Estado de las que no se apartó 90 días antes de postularse, tal como establece el artículo 197 de la Constitución Nacional.