Unidad de Investigación Nación Media
Al ser abordado por la prensa sobre los millonarios negocios con el Estado y sus vínculos con megacontratistas, el senador “pulpo” de las Contrataciones Públicas Luis Pettengill Vacca habló de “ataques políticos”. Dijo no tener empresas que contratan con el Estado; sin embargo, declaró acciones en frigorífico con importantes adjudicaciones vigentes en el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional.
El senador Luis Pettengill Vacca evadió olímpicamente mencionar a los periodistas que lo abordaron ayer en los pasillos del Congreso al frigorífico Guaraní, empresa proveedora del Estado, principalmente de provisión de alimentos al Ministerio de Justicia y la Policía Nacional. Él registra acciones por G. 100.500 millones en la firma, según su declaración jurada de bienes, presentada al asumir el cargo en julio pasado.
“Es un ataque político”, mencionó el parlamentario al ser consultado sobre las publicaciones de nuestro medio en las que se desplegaron los multimillonarios negocios con el Estado mediante un grupo de empresas y consorcios a los que todavía se encontraba vinculado al momento de inscribir su candidatura, pese a las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la Constitución Nacional. Pero además de esta prohibición a través de dos artículos de la Carta Magna, Pettengill declara ante la Contraloría General de la República (CGR) que es accionista de la empresa proveedora frigorífico Guaraní.
Sobre la propiedad de empresas que contratan con el Estado, respondió: “Tengo empresas, pero no contratan con el Estado”. Dijo que hizo todo conforme a las leyes vigentes y que dejó de pertenecer hace 1 año a las firmas proveedoras.
Llama poderosamente la atención que, si el legislador se desvinculó hace un año de sus empresas contratistas del Estado, en julio pasado, es decir hace 5 meses, declaró tener acciones en el frigorífico Guaraní y en Constructora Paraná que también es accionista de la megacontratista estatal Ocho A SA, según acta de asamblea posterior a la suscripción de candidatura de Pettengill.
Pettengill es uno de los “pulpos” con más tentáculos en el rubro de licitaciones públicas. En la última década, junto con su familia, distribuida en 4 empresas y una docena de consorcios, amasaron G. 6,3 billones en adjudicación de contratos. En la pandemia incursionó con mucho éxito en los negocios de provisión de insumos médicos en cuanto a sus facturaciones se refiere, no así de conveniente al Estado, considerando los hallazgos de sobreprecios, falta de documentos que garanticen especificaciones técnicas, etc., según una auditoría de la CGR.
Varios abogados constitucionalistas coinciden en que Pettengill cae en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional y que ni siquiera debía ser candidato. Sin embargo, esta situación solo podrá ser resuelta con una impugnación a la que, al parecer, nadie se anima hasta el momento.
Mientras la condición de Pettengill genera cuestionamientos y algunos intentos de pedido de investidura por parte de algunas senadoras, empresas vinculadas al “pulpo” aseguran contratos hasta el 2029 con el Estado. Una de estas privilegiadas contratistas es el consorcio GIS, integrado por Ocho A SA, en la que también figura Constructora Paraná, la misma compañía en la que el parlamentario declara acciones al momento de asumir el cargo.
INHABILIDAD
El exministro de la Corte Suprema de Justicia José Altamirano, al ser preguntado si el senador está incurriendo en una inhabilidad constitucional en su cargo con relación a las vinculaciones empresariales, respondió: “Pero por supuesto que sí; no solamente de carácter moral, sino en una prohibición expresa”.
Misma respuesta había dado el abogado constitucionalista Marcelo Duarte, que Pettengill incurrió en inhabilidades para candidatarse y ocupar el cargo.
DNCP no responde sobre participación de Pettengill
Desde Nación Media consultamos al director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina Pérez, si manejan la información o si realizaron averiguaciones sobre la situación de Pettengill, con relación a los negocios con el Estado. Si impulsaron verificación de la desvinculación del parlamentario de las empresas contratistas, pero no tuvimos retorno.
La única respuesta obtenida fue sobre la inhabilidad que el director transfirió al campo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. “Las penalidades o no son de exclusivo control, investigación y aplicación de la Justicia Electoral en las etapas electorales pertinentes. En ese contexto, la Justicia Electoral es la única que puede responder sobre cualquier inhabilidad o ilegalidad si los hubiere sobre este punto”, manifestó Encina.