De la nada y en el mismo día que se reiniciaron los trámites al caer las negociaciones, que abrieron un paréntesis dentro del sumario abierto a la procesadora de pagos Bancard, que deriva de una denuncia del banco Continental, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), dio lugar a una medida cautelar muy cuestionada que había sido planteada por la entidad bancaria obligando a la operadora a la continuidad del servicio que había rescindido ante el surgimiento de un conflicto de interés.

Cabe recordar que el abogado Pedro Ovelar había manifestado que en el proceso de las negociaciones que terminaron sin consenso, Continental incluso había planteado limitaciones para las operaciones de Bancard. “En propios ojos del influenciado directorio de la Conacom, Continental propuso, entre otras cosas, que Bancard se abstenga de realizar promociones o cualquier tipo de incentivos para comercios y usuarios de tarjetas, lo cual demuestra el interés netamente comercial que busca la contraparte con este sumario”, había señalado el profesional.

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La medida cautelar otorgada a Continental el 21 de junio pasado mediante una resolución de 48 páginas se emitió en tiempo récord considerando que ese mismo día se reanudaron los plazos de los procedimientos al agotarse las conversaciones entre el banco y Bancard. Esta rapidez fue mencionada por Bancard en una reconsideración presentada y en la que se cita una serie de “vicios y errores en la interpretación de los hechos”, además de dejar asentado que, por la decisión de la Conacom, están obligados a prestar un servicio a Continental de manera arbitraria y sin ninguna justificación.

Bancard señala que el directorio dio lugar a una medida cautelar para obligar a la procesadora de pagos a la vigencia de un contrato de servicios cuando la rescisión no constituye ninguna infracción contra la Ley de Defensa de la Competencia (LCD). Sin embargo, en su misma resolución señala que la procedencia de las medidas cautelares requiere la existencia de infracción de la LCD.

El recurso presentado también cuestiona el mayor interés que demuestran en la rescisión y los compromisos de exclusividad que se pudieran negociar entre la operadora y el ente bancario que el impacto en los beneficios de los usuarios. La excesiva dilación en el proceso de migración de tarjetas por parte de Continental a su otra operadora, Bepsa, que tiene la capacidad para atender a sus clientes, es otro hecho que se ignoró en el análisis de la medida cautelar que favorece al banco (ver infografía).

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Otro fuerte cuestionamiento al manejo de la Conacom en el caso de Bancard y Continental guarda relación con el miembro del directorio Eduardo Barros, quien oficia como uno de los tres jueces en el caso, pese a la amistad con el abogado de esta entidad financiera, Manuel Arias del Estudio Jurídico Berkemeyer. Barros y Arias fueron compañeros y egresados del mismo colegio y mantienen un vínculo de amistad socialmente conocida, por ello se cuestiona que el primero no se haya apartado proactivamente del caso, tal como establecen las normas de la Ley de Defensa de la Competencia.

También se discute que el miembro Rolando Díaz no se haya apartado del sumario en curso debido a que su mandato expiró el 26 de julio de 2023, hecho que le cesa del cargo y le deja sin prerrogativas.