El director de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Jorge Levera manifestó que la cartera estatal impulsará una denuncia local ante la amenaza informática contra sistemas del Gobierno de Paraguay en busca de informaciones vinculadas a la política y economía de nuestro país.

“Esto es un trabajo que comenzamos desde el inicio del año con el Comando Sur de los Estados Unidos, monitoreamos las redes del gobierno a base de indicios que teníamos de datos infiltrados, buscamos patrones que eran anormales al tráfico de datos de las instituciones, que se daban en los fines de semana o durante las noches”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De acuerdo a las informaciones proveídas el ataque cibernético es presuntamente orquestado por organizaciones vinculadas al gobierno de China. Esto tras lograr identificarse como actor de la amenaza informática al grupo denominado Flax Typhoon que posee base de operaciones en el citado país.

“Realizamos durante 6 meses un monitoreo intenso, recabando datos para encontrar el origen de este problema. Se identifican a las organizaciones por la forma en que operan, los objetivos que tienen, las herramientas que usan, las direcciones IP por donde se manejan. Toda esta información nos sirve a nosotros para llegar a las conjeturas que tenemos, normalmente esto lo hacen en los periodos de alta actividad diplomática nuestra, buscan las informaciones relacionadas con la Cancillería”, sostuvo.

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Asimismo Levera siguió sosteniendo que “Vamos a hacer una denuncia local ante la Fiscalía con las pruebas que tenemos”. Señaló que no se descarta recurrir a organismos extranjeros con el fin de determinar que acciones se pueden impulsar en el campo internacional.

Sin embargo, afirmó que no será tarea fácil exponer las conexiones entre el gobierno chino y el grupo de hackers debido a que normalmente operan como empresas de fachadas. “Trabajan no solo para gobiernos, sino también para entidades interesadas en obtener información sensible”, dijo el funcionario de Estado.

Ante los comentarios que acusan al gobierno del mandatario Santiago Peña de minimizar la situación, Levera afirmó que este tipo de investigaciones requieren sigilo para no alertar a los atacantes. “Si se hace pública la investigación antes de tiempo, los responsables detienen sus actividades, dificultando su rastreo”, manifestó.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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La adquisición de los seis aviones Super Tucano por parte de las Fuerzas Aéreas Paraguayas, ya está en proceso, y se estima que para junio o julio del próximo año ya estén sobrevolando el espacio aéreo del territorio nacional, en el marco de la lucha frontal contra el narcotráfico. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó a La Nación/Nación Media, cómo se dio este proceso.

Primeramente, detalló que los trabajos previos ya se iniciaron hace tres meses con el decreto del Poder Ejecutivo, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de las aeronaves, a partir de ahí, con ese decreto el Ministerio de Economía inició junto con el Ministerio de Defensa/Fuerza Aérea Paraguaya, las gestiones ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES) la firma del contrato de empréstito.

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El banco remitió un borrador de este contrato a Paraguay y el Ministerio de Economía y Finanzas realizó la revisión de este borrador, y nuevamente fue remitido al banco brasileño. Una vez cumplidos todos los protocolos, el contrato definitivo y el dictamen favorable del Ministerio de Economía, el presidente de la República Santiago Peña, firmó el decreto que autoriza el contrato del préstamo de USD 101.606.009.

El ministro de Defensa también adelantó que el próximo lunes 18 de noviembre, los ministros de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, y de Brasil, Fernando Haddad, firmarán el contrato de empréstito, que se realizará en Río de Janeiro, inmediatamente, se iniciará con el proceso de compra con la empresa brasileña Embraer.

A partir de ese momento, la empresa Embraer ya tiene la luz verde para finiquitar los detalles para la entrega. Son seis aeronaves que van a ser entregadas al Paraguay, y la meta es que esas aeronaves lleguen a Paraguay en el mes de junio o a más tardar en julio del 2025.

El ministro de Defensa sostuvo que la misión principal de estas aeronaves es permitir dar la capacidad a la Fuerza Aérea Paraguaya para cumplir su misión constitucional que es la protección del espacio aéreo paraguayo.

“Con ese cumplimiento de visión, viene lo siguiente, que con estas aeronaves el Estado paraguayo va tener el espacio aéreo controlado y vamos a terminar con aquello que las aeronaves realizan vuelos ilícitos, que son tareas que realiza el crimen organizado en todas sus facetas, especialmente el narcotráfico”, apuntó.

Por otra parte, González especificó que el objetivo principal es el combate frontal a los vuelos ilícitos, pero aclarando que no se aplicará la ley de derribos, ya que la ley de protección del espacio aéreo no contempla esta acción.

“Eso no significa que no vayamos a combatir a los vuelos irregulares. Esas aeronaves van a ser acompañadas hasta que finalmente aterricen, una aeronave no puede estar volando indefinidamente en el espacio. El hecho de que no tengamos ley de derribo no significa que no vamos a cumplir con esta misión”, sentenció.

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El Poder Ejecutivo autorizó el contrato de préstamo entre la República de Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social del Brasil (BNDES), por un monto de USD 101.606.009, para la compra de los seis aviones Super Tucano, a través del decreto número 2879, firmado por el presidente de la República Santiago Peña.

“Después de décadas, Paraguay retomará el control de su espacio aéreo. He autorizado la firma del contrato de préstamo para la adquisición de aviones con tecnología de punta, esenciales para fortalecer nuestra defensa aérea y enfrentar con firmeza al narcoterrorismo”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Peña reafirmó el compromiso del Gobierno nacional en la lucha contra crímenes y el tráfico trasnacional. “Esta decisión refleja nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y la soberanía nacional. No cederemos en esta lucha; enfrentaremos cada desafío con toda nuestra fuerza y determinación”, apuntó el mandatario.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó para La Nación/Nación Media, que este contrato de préstamo autorizado por el Ejecutivo es para la compra de los seis Super Tucano. El empréstito se realizará a través del Banco brasileño, y la adquisición será de la empresa, también brasileña, Embraer.

El decreto 2879 establece la autorización de los términos y condiciones del contrato de préstamo de USD 101.606.009, para el financiamiento del proyecto de adquisición de bienes aéreos (aviones), con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas su formalización.

Este decreto, da continuidad al decreto N° 2165, firmado por el Poder Ejecutivo el 18 de julio de 2024, en cual se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas “el inicio de gestiones de financiamiento, y que en este contexto se llevó a cabo la negociación del borrador del Contrato de Préstamo con el BNDES”.

“El citado proyecto tiene por objetivo general dotar de medios aéreos (aviones) a la Fuerza Aérea Paraguaya, para interceptar vectores aéreos no identificados, con la finalidad de dar cumplimiento a la misión interinstitucional de la Fuerza Aérea que es la de controlar el espacio aéreo conjuntamente con el Sistema Integrado de Vigilancia Aérea, además de cooperar con las demás fuerzas en la lucha contra el narcoterrorismo”, menciona el decreto del Ejecutivo.

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