El intendente de Ciudad del Este, junto con otros 10 implicados son sindicados por presunta lesión de confianza a raíz del escandaloso caso de la aparente compra falsa de 25.000 cestas de alimentos adjudicada al autoservice Tía Chela a través de una parodia montada en el proceso licitatorio.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
El Ministerio Público imputó en la mañana de ayer al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos que generó un perjuicio estimado de G. 1.769 millones a la comuna.
La administración de Prieto convocó bajo vía de excepción una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos de la comunidad esteña en el marco de la emergencia sanitaria del covid-19. La empresa seleccionada fue Tía Chela SRL, un modesto autocervice de la zona que presentó una oferta por G. 2.949 millones de los cuales se llegó a pagar G. 1.769.790.000.
Según la Fiscalía, dicha empresa no contaba con la totalidad de productos ofertados durante la evaluación de ofertas y tampoco se encontró ninguna documentación que avale la disponibilidad inmediata de los productos por parte de la empresa así como su experiencia, capacidad financiera o técnica para cumplir el contrato.
El caso se dio a conocer en 2020 a través de la denuncia presentada por el entonces concejal municipal, Celso Miranda. Desde entonces pasaron 3 años hasta la imputación presentada por los fiscales, Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
En 2021, nuestro medio publicó el esquema que se utilizó para la parodia montada en el proceso licitatorio para el que la administración de Prieto invitó a la firma Tía Chela, a nombre de Fermín Ávalos; Danielito SRL, propiedad de Felipe Ávalos, que resultó ser padre del dueño de la contratista seleccionada; y a Yrupé SRL, de Sady Lorena Martínez.
Con estas empresas como únicas invitadas, la empresa Tía Chela aseguraba su adjudicación, ya que desde la empresa Danielito manifestaron a nuestro medio que no estaban interesados en ser parte del llamado, mientras que la empresa Yrupé, centraba toda su logística en otro contrato firmado un mes atrás con el municipio por G. 1.298 millones, con lo cual le dejaban la vía libre a la empresa de Fermín Ávalos.
Junto con Prieto, fueron procesados Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de Vanemi SA; y los funcionarios Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, y Nelson Segovia Acevedo.
Sobre el caso, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, señaló que sospechan que los productos que fueron entregados por la administración de Prieto a las familias esteñas hayan sido adquiridas a través de contrabando. “Las empresas que fueron proveedoras no podrían haber entregado la cantidad de productos, porque no tenían stock. Nosotros vimos los inventarios de las empresas y eso fue lo que comunicamos al Ministerio Público”, señaló Orué a los medios de prensa.
El caso quedó en manos del juez de Delitos Económicos, José Delmás, quien se encargará de admitir la imputación y de fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.