Rossana Escobar M.
El nuevo escándalo que sacude al país ante la comunidad internacional por el decomiso de 10 toneladas de cocaína made in Paraguay en el puerto de Hamburgo, Alemania, es una ratificación de que no existen los controles que se requieren para frenar este flagelo. De hecho, no se puede desconocer que es con este gobierno que se disparó la narcoexportación en medio de raras maniobras y suspicaces gestiones de las autoridades que debieran atacar el narcotráfico.
No es casualidad el auge de la narcoexportación en este gobierno. La primera decisión que resultó letal en el combate al ilícito fue el decreto número 40 que firmó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el mismo día que asumió el cargo para modificar el decreto número 9.234 del año 2018 y así dio vía libre a quien entonces era ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, cuya intervención terminó facilitando el envío de cocaína al exterior con el desmantelamiento de los puestos de control en los puertos, principales vías de salida de carga contaminada.
Por Resolución número 142 de mayo del 2020, Giuzzio acabó con la Dirección de Inteligencia Aérea Fluvial y Terrestre (Diaft). Dispuso “el cierre permanente” de estas bases de control que mantenía al menos grupo de 30 agentes especializados encargados de realizar tareas investigativas de inteligencia y operativas de fiscalización en todas las terminales portuarias del país. Alegó reorganización en la búsqueda de dotar de personal más capacitado a otras áreas y proveer mayores recursos mobiliarios y equipos informáticos.
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Como era de esperarse, no se cumplió ni lo primero ni lo segundo. Los dueños de los puertos privados habían lamentado esta decisión y mencionaron que se retiraron hasta los canes que servían de sabuesos en la pesca de carga contaminada con droga.
Pocos meses después de eliminar las bases de control comenzó el auge de narcoexportación, principalmente de cocaína desde nuestro país a Europa. En ese entonces, la actual ministra antidrogas, Zully Rolón, ya se desempeñada como viceministra que, luego de su ascenso como cabeza de la Senad, firmó convenio con Juan Carlos Ozorio, expresidente de la Cooperativa San Cristóbal, procesado y preso por narcotráfico, caído con el megaoperativo A Ultranza Py.
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Giuzzio y Rolón tienen enormes responsabilidades en el incremento del ilícito, relajaron los controles y ninguno de los dos aplicó otras alternativas para fiscalizar las zonas que habían liberado, supuestamente por estrategia.
La ministra actual de la Senad no puede desconocer el caso Ozorio, cuando ella tenía información privilegiada en la inteligencia que se iba tejiendo para el operativo A Ultranza Py. Hoy el Gobierno improvisa controles con escáneres que demandaron USD 20 a USD 25 millones de inversión, pero son burlados alevosamente porque la política del relajo se instaló en las zonas de control.
Con un exministro de la Senad descubierto recibiendo favores de un sindicado narco buscado en su momento por Brasil, en este caso Marcus Vinicius Espíndola, y una ministra abrazada con un político que terminó procesado por narcotráfico, difícilmente este gobierno recupere la moral para bajar líneas de acción que resulten eficientes en la lucha contra el narcotráfico.