Juzgado traba amparo de gremio y acude a la cámara de apelación
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El gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) había presentado un amparo para suspender o anular el cuestionado concurso para 220 cargos en la binacional, sin embargo, el juez Martín Acosta se enfocó más en la personería jurídica de los denunciantes que en el polémico caso que genera indignación generalizada. Tras este obstáculo, los profesionales acudieron a la cámara de apelaciones, mientras afectados se suman para también gestionar medidas judiciales que frenen la mañosa competencia.
Unidad de Investigación Nación Media
El juzgado de primera instancia asignó a la segunda sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial para resolver la apelación a la que acudió el gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) para destrabar el recurso de amparo que había sido rechazado por el juez Martín Acosta.
El gremio había presentado el amparo para que un juez competente ordene la anulación del cuestionado concurso de contratación de personal de la Itaipú Binacional por implicar una violación del derecho al trabajo amparado en la Constitución Nacional. Sin embargo, esta solicitud había sido rechazada por supuestamente no haberse justificado la personería jurídica, hecho refutado por los abogados que intentan dar curso mediante una apelación.
Amparo constitucional presentado por abogados para anular concurso de Itaipú viciado de irregularidades
El mencionado recurso de apelación presentado quedó a cargo del tribunal conformado por los abogados Guido Rubén Cocco Samudio, María Sol Zuccolillo Garay de Vouga y Juan Carlos Paredes Bordón que tienen un plazo de 3 días, es decir, hasta este miércoles próximo para expedirse al respecto.
El documento está firmado por el abogado Juan Prieto, presidente del referido gremio, y entre los argumentos expuestos se subraya que el rechazo del recurso de amparo “ocasiona un grave daño irreparable a los intereses de todos nuestros adherentes, como así también a toda la ciudadanía y a los mismos concursantes”.
Según Prieto, “el juzgado mintió en su resolución al manifestar que los accionantes no tienen personería para promover el amparo”, y subrayó que junto con el documento del amparo presentado el pasado miércoles estaban adjuntas las personerías jurídicas tanto de su gremio como de la Asociación Civil Proteger que acompañó la solicitud.
Abogado Juan Prieto, presidente de AAP
“Nosotros presentamos inclusive escrituras públicas, toda nuestra inscripción como gremios, nuestras asambleas y aun así el juzgado mintió al fundamentar que no presentamos”, subrayó.
Vale recordar con la referida acción que AAP solicitó al juzgado la “suspensión o en su caso la anulación” del cuestionado proceso de selección de personal para los 220 cargos vacantes de Itaipú, debido a que, según manifiestan, establecer como edad máxima los 30 años para varios puestos afecta taxativamente los derechos de las personas que superan esa franja etaria, ya que quedan fuera del proceso selectivo.
Con este rechazo del amparo, el juzgado trabó el trámite sin siquiera dar estudio a los cuestionamientos planteados por los accionantes, por tanto, según el presidente de AAP, “existiría una orden cerrada para que nadie pueda tocar ese concurso”.
El abogado llamó a todos los interesados en el concurso a sumarse a la demanda y a presentar un amparo constitucional tal como lo hacen desde su gremio. “Recibimos llamadas de personas alejadas de Asunción que empezaron a estudiar para prepararse para la función pública, pero como existe esta clase de concurso amañado se desilusionan”, finalizó.
El procurador general de la República, Marcos González, entregó una copia de la resolución judicial al titular del Cones Federico Mora sobre el rechazo del amparo que pretendía habilitar la carrera de Medicina de forma irregular. Foto: Gentileza
Justicia rechaza amparo y prohíbe a Universidad privada ofrecer carrera de Medicina en CDE
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La jueza Carmen Barrios rechazó el amparo promovido por la Universidad Autónoma San Sebastián filial Ciudad del Este contra el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La referida casa de estudios presentó el amparo para poder ofrecer la carrera de Medicina, pero con la resolución de la magistrada no se podrá promocionar la carrera.
Barrios sostuvo que “si se hace lugar al amparo se estaría violando la propia ley que rige al ente rector, lo que se considera inadmisible desde todo punto de vista”. Agrega “la vía del amparo no es la idónea para obtener la habilitación de una carrera, máxime cuando existe un procedimiento en trámite y los requisitos están siendo aún evaluados por la entidad competente”, alega la jueza al rechazar la pretensión de la casa de estudios.
Asimismo la Cámara de Apelación integrada por los jueces Julio Ávalos, Emilio Gómez y Graciela Ortiz revocó semanas atrás el fallo de la jueza de Itakyry Eresmilda Román Paiva, quien concedió una medida cautelar que exigía al Cones abrir la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma San Sebastián, en su filial de Ciudad del Este, pese a que la misma no estaba habilitada legalmente.
Según la resolución de segunda instancia, la medida dictada no reúne el requisito de urgencia, además, no es proporcional ni adecuada para los fines perseguidos. Indican que este tipo de medida son excepcionales y para los casos en los cuales se constate el peligro en la demora, que no se constata en el caso. De acuerdo a una inspección realizada el año pasado en dicha sede, existen irregularidades de infraestructura para la apertura de Ciencias Médicas.
Capaco convoca a la industria de la construcción a conformar el gremio BIM Forum Paraguay
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La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) convoca a la asamblea fundacional de BIM Forum Paraguay, prevista para el martes 18 de junio, a las 10:30, en su sede ubicada en Cervantes esquina Víctor Hugo, en Asunción. El llamado está dirigido a los sectores empresariales y profesionales vinculados en la construcción de edificios, como también a entes públicos y a las universidades.
El gremio BIM Forum Paraguay apunta a convertirse en una entidad que pretende definir y ejecutar una agenda de iniciativas y proyectos para el desarrollo del denominado Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas en inglés). Se trata de una tecnología y proceso que permite crear y gestionar digitalmente la construcción de edificios.
La nueva nucleación permitirá a los gremios de la construcción, a la academia y al Estado, actuar conjuntamente para establecer y llevar a cabo un plan de acción con diversas iniciativas y proyectos que promuevan y faciliten la adopción de las mejores prácticas en el uso del Building Information Modeling (BIM).
BIM es una forma avanzada de diseñar y construir edificios mediante un modelo digital 3D que integra toda la información relevante sobre el proyecto inmobiliario. Se apoya en tecnología informática para gestionar todo el proceso, haciéndolo más eficiente, preciso y colaborativo, explican referentes del rubro.
Capaco destacó que a través de BIM Forum Paraguay se podrá trabajar aplicando la tecnología y modelo BIM en colaboración con la administración pública, con facultades y carreras universitarias del área, organismos de financiación y toda la cadena productiva AIC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción). El objetivo será mejorar los procesos de análisis, investigación y formación para generar una transformación digital en la industria de la construcción.
El BIM comenzó a desarrollarse en la década de 1970 y despegó en los años 2000, gracias a los avances en tecnología y software. Representa un cambio significativo en la forma en que se diseñan y gestionan los proyectos de construcción, pasando de planos bidimensionales a modelos tridimensionales integrados con toda la información del edificio.
Fueron invitados a la asamblea y a ser miembros activos de BIM Forum Paraguay: la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR), la Asociación de Profesionales de la Construcción (AProCons), el Colegio de Arquitectos del Paraguay (CAP), la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), la Sociedad Paraguaya de Geotecnia (SPG), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) y el Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible (Paraguay Green Building Council - PGBC).
En tanto que se espera que también se sumen la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA (FADA), la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, las carreras de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Católica de Asunción, la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Itapúa, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú (FCT-UNCA), las carreras de Arquitectura de las universidades Americana y Columbia, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa (FIUNI), la Universidad Paraguayo Alemana (UPA) y la Facultad de Ingeniería de UniNorte.
Entre las instituciones estatales, fueron invitados a formar parte el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), las binacionales Itaipú y Yacyretá, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap)
Igualmente, se cursó invitación para participar de la asamblea como oyentes al Banco Mundial (BM), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El tribunal de apelación de Alto Paraná ratificó que la firma Montego Trading S.A no puede ofrecer juegos de azar, tras confirmar el levantamiento de una medida cautelar que tenía la citada firma. Foto: Gentileza
Ratifican que empresa no puede ofrecer juegos de azar tipo apuestas deportivas
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El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Alba García, Roberto Macorito y Wilfrido Godoy ratificó la resolución de primera instancia que prohibió a la firma Montego Trading que siga ofreciendo juegos de azar (apuestas deportivas).
La resolución judicial se genera tras rechazarse una serie de chicanas interpuestas por los abogados de la empresa Montego Trading. Es más, a raíz de la gran cantidad de chicanas presentadas en el referido expediente judicial, la Corte resolvió iniciar un sumario al abogado que presentó varios incidentes al solo efecto de dilatar el caso.
El juicio oral y público para los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar”, se suspendió días atrás por la presentación de chicanas de parte de los acusados.
La defensa de los procesados presentó una reposición y apelación en subsidio contra la fecha del inicio del juicio oral y público fijada para este 3 de junio. El tribunal de sentencia integrado por Cándida Fleitas, Laura Ocampos y Juan Pablo Mendoza rechazó la chicana y ahora el expediente tendrá que subir al tribunal de apelación para que se pueda estudiar y rechazar la presentación hecha por la defensa de los acusados.
El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, encarcelado en Reino Unido, obtuvo la posibilidad de apelar su extradición a Estados Unidos. Foto: Archivo
Assange logra nueva apelación en una saga judicial de 14 años
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La justicia británica acordó el lunes pasado a Julian Assange la posibilidad de apelar contra su extradición a Estados Unidos, al que pedía garantías sobre el trato que recibiría el fundador de Wikileaks. El 26 de marzo los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano, de 52 años, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Pero las garantías presentadas por Estados Unidos, en el primero de los puntos, no lograron convencer este lunes a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, después de que la justicia hubiera concedido la extradición a Estados Unidos en junio de 2022. Edward Fitzgerald, abogado defensor, aceptó las garantías del gobierno estadounidense de que Assange no sería condenado a la pena de muerte, pero cuestionó si su cliente podría confiar en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que cubre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
James Lewis, que representaba al gobierno de Estados Unidos, dijo que la conducta del australiano “simplemente no estaba protegida” por la Primera Enmienda. Según Lewis, esta Primera Enmienda no se aplica a nadie “en relación con la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente, indicando los nombres de fuentes inocentes por su grave e inminente riesgo de daño”.
Assange, que no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Los abogados defensores se abrazaron cuando los jueces anunciaron el fallo.
“Este día marca un punto de inflexión”, afirmó la mujer del australiano, Stella, tras conocer el fallo, añadiendo después que habló con Assange en prisión, quien le trasladó que estaba “aliviado” por el fallo, después de una noche de insomnio. “Hoy es una muy buena señal. Creo que el gobierno estadounidense debería tomar esto como un momento para abandonar el caso y simplemente ponerle fin, para distanciarse de este terrible proceso que esta administración no inició”, añadió Stella Assange.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó recientemente que Estados Unidos estaba considerando una solicitud de Australia para retirar los cargos. Amnistía Internacional calificó el fallo como “una rara noticia positiva para Julian Assange y todos los defensores de la libertad de prensa”. El “intento de Estados Unidos de procesar a Assange pone en riesgo la libertad de prensa en todo el mundo. Ridiculiza las obligaciones de Estados Unidos según el derecho internacional y su compromiso declarado con la libertad de expresión”, afirmó Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía.
Julian Assange en el balcón de la embajada de Ecuador en Londres, muestra el documento de la ONU. Foto: AFP
Revelaciones y orden de detención
En julio de 2010, la prensa mundial publica 70.000 documentos confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán, difundidos por la página Wikileaks. En octubre se publican 400.000 informes sobre la invasión estadounidense de Irak y, un mes después, el contenido de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses.
El 18 de noviembre Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres en agosto de 2010. El australiano asegura que fueron relaciones consentidas. Assange, que estaba en Londres, se entrega a la policía británica el 7 de diciembre. Queda detenido nueve días y luego bajo arresto domiciliario. En febrero de 2011, un tribunal valida la solicitud de extradición a Suecia. El australiano teme ser entregado desde allí a Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte.
Refugiado en la embajada de Ecuador
El 19 de junio de 2012, Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres y solicita asilo político. Ecuador, presidido por Rafael Correa, concede el asilo en agosto y pide a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de Wikileaks pueda viajar a Quito.
Assange se quedará recluido en la embajada durante casi siete años. El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, afirma que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo y nueve días después el australiano es detenido en la embajada por la policía británica.
Manifestantes con carteles que piden que Julian Assange sea liberado y no extraditado a EE. UU. Foto: Archivo
Investigación por violación
Inmediatamente, la abogada de la mujer que acusa a Assange por violación en Suecia anuncia el pedido de reapertura de la investigación, archivada en 2017. Los hechos concernientes a la otra demanda, por agresión sexual, habían prescrito en 2015.
El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya lo acusaba de “piratería informática”, lo inculpa por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje. Assange es pasible de 175 años de cárcel. El 21 de octubre, el fundador de Wikileaks aparece en persona por primera vez en el juzgado de Westminster, confuso y balbuceando. El 19 de noviembre de 2019, la fiscalía sueca anuncia el abandono de la investigación por violación, por falta de pruebas.
Vista de extradición
El 24 de febrero de 2020, la justicia británica empieza a examinar la solicitud de extradición estadounidense, postergada a causa de la pandemia. La abogada Stella Morris, pareja de Assange, advierte que en Estados Unidos podría ser “condenado a muerte”.
El 4 de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechaza la solicitud, considerando que las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos podrían entrañar riesgo de suicidio. La justicia británica decide mantenerlo en detención.
Julian Assange vivió asilado en la embajada de Ecuador en Londres durante varios años. Foto: Archivo
Anulación del rechazo a la extradición
El 12 de febrero de 2021, Washington apela la denegación de extradición y al iniciarse la audiencia en octubre, el abogado de Estados Unidos niega que haya riesgo de suicidio y afirma que, de ser extraditado, Assange no sería recluido en la prisión de alta seguridad especial ADX en Florence (Colorado), que recibiría la atención médica y psicológica necesaria y que podría solicitar cumplir su sentencia en Australia.
El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres anula el rechazo a la extradición, por considerar que Estados Unidos había brindado garantías sobre el trato que le sería brindado al fundador de WikiLeaks. La defensa de Assange presenta un nuevo recurso.
Recurso contra la extradición
El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Superior Británico rechaza ese recurso. El 20 de abril, el tribunal de Westminster Magistrates de Londres emite formalmente una orden de extradición. El 17 de junio, la ministra del Interior británica, Priti Patel, firma el decreto de extradición, que Assange apela.
El 20 y 21 de febrero de 2024 se desarrolla el juicio en Londres para examinar el recurso contra la extradición. El 25 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres anuncia que al día siguiente dirá si acepta el recurso de Assange.
Nuevas garantías
El 26 de marzo, la justicia británica pide a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservaría a Assange si es extraditado. Los magistrados británicos pidieron garantías de que el australiano podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a muerte. El 20 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, tras examinar las garantías concede a Assange una nueva apelación a su extradición.