La ministra antidrogas Zully Rolón pretende restringir a los medios de comunicación a publicar posibles hechos de corrupción que involucran a agentes especiales que denotan un llamativo crecimiento patrimonial no acorde a los salarios que perciben. Asimismo, busca responsabilizar a periodistas de violentar leyes que acomodan a su conveniencia para frenar el derecho constitucional de informar.

• Unidad de Investigación Nación Media

En un cuestionado acto de buscar cer­cenar la labor perio­dística de investigar presun­tos hechos de corrupción, la ministra de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad), Zully Graciela Rolón Esquivel, a través de un comunicado institucio­nal hizo una interpretación arbitraria de la norma para instar a no divulgar identi­dades de agentes especiales que han tenido un llamativo crecimiento patrimonial.

Esto se da dentro del con­texto en el cual el equipo periodístico de La Nación Investiga se encuentra reve­lando una serie de informes sobre los lujos que ostentan algunos investigadores y analistas que forman parte de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad.

El comunicado de la secre­taría cita el artículo 6º de la Ley 6677/2020, pero solamente hace referencia a que las identidades de los investigadores no podrán ser reveladas, obviando que remarca que deberá darse en el marco de una investigación.

“Por razones de estricta seguridad personal e ins­titucional, la identidad del Agente Especial que inter­viniera en calidad de inves­tigador o bajo la figura de Agente Encubierto, en el marco de un proceso judi­cial, deberá ser de carácter confidencial y su declara­ción presentada solo por escrito ante las autorida­des Jurisdiccionales. Los datos de su identidad solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las Investigaciones Judi­ciales con el debido res­guardo”, señala textual­mente el artículo 6° de la Ley del Agente Especial.

Pero, como si fuera poco, la ministra Rolón, en su misiva, busca embretar el rol de los trabajado­res de prensa. “Por tanto (la Senad) insta al irres­tricto cumplimiento de la disposición, adoptando como premisa fundamen­tal la protección del Agente Especial, considerando que las consecuencias del cri­men organizado pueden acarrear riesgo a la vida al ser develados sus datos per­sonales”, remarca.

En este punto es impor­tante señalar, en primer tér­mino, que el privilegio de la reserva no es un aval para no ser indagados, no sola­mente por la Justicia, sino por los contralores civiles y ciudadanos; además que el artículo 6° es claro al referir que su actuación debe ser de carácter confidencial en un “proceso judicial”, y en este punto estamos hablando de una investigación periodís­tica donde los objetos de sos­pecha son funcionarios anti­drogas.

En segundo término, den­tro de nuestro sistema de Justicia rige la prelación de las normas con base en la Pirámide de Kel­sen, y que se halla esta­blecida de la siguiente forma: la Constitución de la República; seguido por los tratados, convenios y acuerdos internaciona­les ratificados; luego las leyes, decretos, reglamen­tos y ordenanzas.

En este punto es impor­tante señalar que es de carácter constitucional y está por encima de toda ley que la ciudadanía tiene el derecho a informarse, sobre todo en cuanto a las actuaciones de sus funcio­narios públicos. Además, la Carta Magna en el artí­culo 29º remarca que la libertad del ejercicio del periodismo es libre y no está sujeto a autorización previa.

Lo único que hace la Senad en este caso es buscar frenar las publicaciones y defen­der a los agentes especia­les sospechados al menos de un incremento excesivo de su patrimonio cuando sus salarios por sí solos no dan, y más aún teniendo en cuenta que esto se da luego de megainvestigaciones con­tra el crimen organizado que estuvieron plagadas de fil­traciones como fue el caso de A Ultranza Py.

Pues no es menos cierto que el cartel del uruguayo Sebastián Marset fue avi­sado de operativos de interceptación de narcoa­vionetas en el Chaco, de allanamientos o de inves­tigaciones en curso contra sus componentes.

Fuentes antidrogas seña­laban ayer que toda esta serie de revelaciones de La Nación Investiga ha gene­rado un tenso ambiente dentro de la institución, y más aún dentro del SIU, puesto que supuestamente la ministra de la Senad Zully Rolón ya había sido informada sobre las osten­taciones y lujos de varios que conforman el equipo de investigadores y analistas de escuchas telefónicas, y ahora que se destapó la olla surgen aún más los cuestio­namientos internos hacia la administración.

La Nación Investiga reveló cómo Carlos Chamorro Portillo y su esposa Nata­lia Berenicce Bareiro, ambos en SIU, con ingre­sos líquidos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones, apare­cieron recientemente en un vehículo de altísima gama 0 Km, adquirieron importantes propiedades, que incluso no aparecen en sus declaraciones juradas de bienes.

Estas personas tuvieron un incremento patrimonial de 700%, ya que al ingresar a la Senad en el 2015 declara­ron activos de G. 65 millo­nes, pero en la última declaración la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.

Además, otro de los que también saltó con sospe­cha es el caso del director de Operativa Departamental, Abelino Valdez, que con­signó en su última decla­ración jurada de agosto del 2022 propiedades que estaban y están a nombre de Chamorro.