Al mismo tiempo que la suba de precios de combustibles vuelve a golpear fuerte al bolsillo de los contribuyentes, en Petropar se enfocan en otra rifada del dinero estatal, ya que además de meter más personal por la ventana a través de agencia de empleo esquivando la Ley de la Función Pública, la cifra es escandalosamente mayor al tope establecido de la anterior contratación tercerizada, con una diferencia de US$ 1,7 millones más.

En plena crisis econó­mica donde el precio del combustible es una constante, la petrolera estatal Petropar realiza un llamado a licitación para la “Contratación de firma espe­cializada para el apoyo en la gestión de recursos huma­nos temporales”, en la cual se prevé un gasto tope de G. 48.600.715.239; es decir, unos US$ 7.073.508.

La millonaria contratación es para incorporar personal por vía de la tercerización en plena campaña electoral, proselitismo en el que tam­bién se encuentra abocado el presidente de Petropar, Denis Lichi, como aspirante a la Gobernación de Cordillera.

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El llamado se da con la excusa de la apertura de nuevas esta­ciones de servicio, para las cuales se requiere la con­tratación de personal. Sin embargo, la petrolera, a cargo de Denis Lichi, actualmente tiene un contrato vigente con la empresa Dynamus, la cual es la encargada de rea­lizar estas incorporacio­nes. Dicho contrato fue fir­mado el 15 de diciembre del 2020 con una vigencia de 30 meses; es decir, hasta junio del 2023, por valor máximo de G. 36.600 millones.

Llama la atención la premura de un nuevo llamado, consi­derando que queda todavía un año de ejecución de la anterior contratación de personal, cuyo monto, por cierto, se disparó, ya que se aumentó cerca de US$ 2 millones el presupuesto máximo.

No hay que olvidar a los reco­mendados, hijos de sindicalis­tas y operadores que entran por la ventana (de manera temporal) a la institución gracias a estos servicios ter­cerizados de contratación de personal.

Llamado de Petropar en búsqueda de una consultora que le “gestione” contratación millonaria de personal en medio de fuerte campaña electoral, en la que Lichi puja por la Gobernación de Cordillera.
Contrato de gestión de personal tercerizado con máximo de G. 36.600 millones, vigente hasta junio del 2023.

NUEVO LLAMADO

El llamado actual se encuen­tra en período de recepción de ofertas hasta el 8 de julio próximo y en el pliego de bases y condiciones (PBC) ya se pueden observar cupos para operadores de call cen­ter, administrativos, jefes, encargados de turno y 14 lis­tas de empleos. La moda­lidad para esta megacon­tratación es nuevamente plurianual.

Lichi, en pleno proselitismo, viene siendo muy cuestio­nado mediática y política­mente por el derro­che en licitaciones, que incluso en el Congreso le instaron a frenar tres llamados hace un par de sema­nas. La compra de regalos por G. 1.500 millo­nes, contrata­ción de asesores para estudio de mercado de gas y otro referente a gestión de marcas de lubricantes para la petrolera.

“Creo que todos coin­cidimos en que debe­mos velar por los gastos del Estado, evitando lo innece­sario y sobre todo cuidando el aporte de los contribuyen­tes”, decía el senador Patrick Kemper en su proyecto de resolución para instar a Lichi a parar el derroche en su administración.

Evidentemente, el inte­rés de Lichi es muy dife­rente a lo que le aconse­jaron los senadores y al de la ciudadanía que, pre­cisamente, hoy amanece con otra desagradable situación con la suba de combustibles.

AGENCIA DE EMPLEOS PARA SIMPATIZANTES

Si bien Petropar ahora busca una empresa especializada para las contrataciones, meses atrás el titular de la misma, Denis Lichi, ya mostraba ser un experto en la materia cuando incorporó alrededor de 21 nuevos funcionarios, entre los cuales suman un gasto de G. 4.159 millones al año, aparte de las 70 personas que figuran como comisionadas de otras instituciones del Estado, de entre las cuales 28 pertenecen al departamento de Cordillera.

Por citar, entre los arreados aparece Wilfrido Soto Morínigo, quien ingresó a Petropar en marzo del 2021. Con el cargo de asistente, percibe mensualmente G. 12 millones. La licenciada Basilisa Sán­chez Velázquez, por su parte, fue contratada desde agosto del mismo año como “persona de confianza”, según figura en planilla, y su salario asciende a G. 22 millones.

En ese entonces, el equipo de investigación de La Nación/Nación Media compartía que la administración Lichi llenó de asesores, asis­tentes, operadores de planta y varios directores, quienes coinciden­temente son votantes de la seccional 109 en la ciudad de Arroyos y Esteros, a la cual pertenece el presidente de la empresa estatal.

Hay que recordar que el mismo es candidato a la Gobernación de Cordillera en las próximas elecciones, por lo que los contratos a cordilleranos guardan estrecha relación con la buena letra que quiere hacer con los electores de su departamento.

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