Sindicalistas y guardias de la penitenciaría estatal presionan buscando la aprobación del subsidio alimentario que actualmente reciben únicamente funcionarios de jornada laboral extendida. Con reuniones y charlas es como los representantes sindicales insisten especulando la aprobación del beneficio, mientras la situación en las penitenciarías se tornan cada vez más una bomba de tiempo por el descontrol y la inseguridad.

Nuestro equipo de investigación sacudió a la administración del ministro Olmedo en las últimas semanas con evidencias del plan de copamiento de operadores políticos en las penitenciarías de su aliado electoral en el departamento de Caaguazú, Mario Varela. Así también quedó al descubierto cómo ingresan camiones sin previa verificación y sin que se consignen en las planillas de la portería. Todo este desorden se da en Tacumbú, mientras sindicalistas aprietan por más beneficios.

El “acuerdo JJ” es la herramienta mediante la cual todos los funcionarios del penal vienen recibiendo este beneficio, eso hasta principios de este año, cuando el Congreso Nacional suprimió esta ayuda en el clasificador presupuestario de la Ley Nº 6873/2022 de Presupuesto, donde se realizó un ajuste que establece que el subsidio bimestral de ayuda alimentaria corresponde exclusivamente a los guardias cárceles que completan 24 horas de trabajo.

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Es así que, desde este mes los funcionarios quienes no cumplen con esos requisitos dejaron de percibir ese ingreso, es decir que 801 funcionarios de 1.364, ya que solo 563 serían los beneficiarios que cumplen con los requisitos del Ministerio de Hacienda, por lo cual desde hace semanas vienen amenazando con una huelga hasta que se revierta esta medida.

El proyecto quedó estancado en la Cámara de Diputados donde fue pasado de largo tras el cierre de sesión el pasado lunes, desde entonces el tema no fue revisado provocando que tanto guardias, funcionarios administrativos como otros funcionarios se encuentran en un estado de haraganería constante hasta conseguir la aprobación de este beneficio.

El proyecto fue presentado por la diputada Esmérita Sánchez impulsada por su colega Arnaldo Samaniego quien plantea extender nuevamente esta ayuda alimenticia para todos los colaboradores del penal incluyendo a quienes trabajen 8 horas o menos sean guardias o parte administrativa por igual. Por su parte el Ministerio de Hacienda dictaminó que “solo los guardias cárceles podrán percibirlo en la forma estipulada. Los demás funcionarios se deben regir por la regla general de un solo pago hasta la suma de G. 2.192.839″.

Respecto a esto el diputado Celso Kennedy comentó que “Se puede ampliar la posibilidad de que puedan recibir los que son merecedores, pero en la dimensión justa no a mansalva”, refiriéndose nuevamente a quienes cumplan 12 horas de guardia, excluyendo a los administrativos y a quienes trabajen 8 horas o menos. Un panorama muy distinto del que plantea Samaniego con su proyecto con el que busca reabrir la canilla del dinero estatal en pleno año electoral.

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