Giuzzio debe justificar su millonaria compra de inmuebles en pandemia
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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, sigue sin explicar cómo hace para pagar sus millonarios préstamos, los que le permitieron comprar sus tres inmuebles en Caaguazú. De su sueldo de G. 22 millones destina más de G. 20 millones al mes para pago de sus cuotas, lo que supera ampliamente el 60% de endeudamiento permitido por los bancos. La suma de los gastos que él mismo declaró, la cifra supera los ingresos de su propio matrimonio.
Los números no cierran en las cuentas del ministro del Interior, el granjero “de oro” Arnaldo Giuzzio, si nos fijamos en sus deudas e ingresos declarados ante la Contraloría General de la República. Sus egresos superan ampliamente al salario que percibe como secretario estatal, que ni sumado a los ingresos de su esposa llegan a sostener su millonaria inversión inmobiliaria en pandemia.
De acuerdo a la última declaración jurada de Giuzzio que data del año pasado, en el 2020, en un año y medio como ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), adquirió tres inmuebles en Caaguazú de 37 hectáreas en total por G. 1.200 millones.
El millonario préstamo con que Arnaldo Giuzzio adquirió sus inmuebles cuyas cuotas embargan el 90% de su salario.
Esta compra coincide con el momento en que se desató la pandemia en el país y en el mundo, la que causó estragos en la economía de todos los paraguayos. Mientras la gente se ingeniaba para innovarse y seguir generando un poco de ingresos, el ministro del Interior inflaba su patrimonio, justificando con un préstamo cuyas cuotas prácticamente le dejan con vueltos para sobrevivir.
De los G. 22 millones que percibe en el Ministerio del Interior, G. 20.018.141 destina al pago de sus préstamos, esto representa un 90% de su sueldo. Al mes, apenas le quedan G. 1.981.859, es decir, menos de un sueldo mínimo.
Además de las cuotas de los préstamos, el ministro del Interior declaró gastos inevitables como los de alimentación, vestimenta, medicina, servicios básicos, entre otros, que le generan egresos por G. 9.300.000.
En total, las deudas de Giuzzio llegan a G. 29.318.141, lo que supera ampliamente a su sueldo como ministro. Estos gastos ni siquiera se podrían pagar en su totalidad suponiendo que su cónyuge le entregue todos sus ingresos que equivalen a G. 7 millones, según figura en su declaración jurada.
De esta forma, en la declaración del ministro constan estas inconsistencias que dejan muchas dudas sobre sus bienes, ya que la adquisición de estos inmuebles prácticamente es injustificable por las cuotas que le dejan casi sin efectivo.
Recordemos que mientras era ministro de la Senad, también incursionó al rubro agropecuario mediante la plantación de caña de azúcar y cría de tilapias. Su declaración jurada también reveló una nueva faceta de Giuzzio, ya que ahora además es un próspero granjero endeudado hasta en lo que no puede pagar.
FISCAL DE CAUSAS PERDIDAS A MINISTRO “PAYASO” DE SEGURIDAD
En su época de fiscal, Arnaldo Giuzzio fue bautizado por algunos medios como “El fiscal de los casos inconclusos”, ya que muchas de sus investigaciones quedaron en la nada, de hecho, algunos casos de gran envergadura se vieron perjudicados debido a errores en el procedimiento fiscal, por ejemplo, un acusado por narcotráfico obtuvo su libertad gracias a una metida de pata de Giuzzio. En su rol de ministro, su efectividad no cambió mucho dado que hasta el momento no pudo resolver el problema de la inseguridad.
Arnaldo Giuzzio había pedido en setiembre del año pasado 90 días para acabar con la delincuencia y la inseguridad en el país, sin embargo, recordemos que ese plazo se cumplió y los peores resultados se obtuvieron ya que la delincuencia y ola de asaltos sacuden al país.
En el 2021, ante la permeabilidad de las fuerzas de seguridad, los casos de sicariatos se instalaron en Asunción y en Central como nunca antes, incluso uno se llevó a cabo a cuadras de la propia residencia de Arnaldo Giuzzio. También es recordado por haber realizado una visita a quien fuera parte del apoyo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
En el 2016, tiempo en el que Giuzzio ocupaba una banca en el Senado, realizó una visita secreta a los hermanos Gregorio y Víctor Morales, ambos señalados en ese momento como miembros del brazo logístico del EPP y quienes fueron condenados a 12 años de prisión en el 2020.
Giuzzio viajó hasta Concepción para realizar esta visita, pero no develó el motivo por el que se reunió con los hermanos Morales. Este hecho arrastró al Partido Democrático Progresista (PDP) el que en ese tiempo también planteaba eliminar la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), antes que a los delincuentes.
Narcovínculos, el legado más funesto de la administración de Abdo Benítez
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Unidad de Investigación
Nación Media
A lo largo del gobierno de Mario Abdo Benítez se sucedieron diferentes episodios en los que su gestión y la de sus colaboradores estuvieron ligadas a personajes asociados al crimen organizado. Desde tiempos de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego Marcus Vinicus Espíndola, Lindomar Reges Furtado o, últimamente Eulalio “Lalo” Gomes, son solo los nombres más notables que tuvieron acceso a ministros y funcionarios. Del financiamiento dudoso de la campaña, a la filtración de datos y la liberación de zonas de paso de cargamentos de drogas, el gobierno anterior se distinguió por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente a través de uno de sus hombres más cercanos: Arnaldo Giuzzio.
Arnaldo Giuzzio, ex superministro abdista, y una extraña fascinación con pasearse en vehículos blindados prestados por personas investigadas por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El exsecretario de Estado volvió al centro del escándalo luego de que los chats filtrados del fallecido exdiputado Lalo Gomes, investigado por sus vínculos con el hampa, revelaran una cercana relación con Giuzzio.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el exsenador del Partido Democrático Progresista (PDP) – del que también forman parte el senador Rafael Filizzola y la exlegisladora Desirée Masi– es señalado por vínculos de este tipo.
EQUIPOS DESAPARECIDOS
La denuncia más alarmante involucra modernos equipos de espionaje, como el software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), decomisados en operativos contra el contrabando. Estos dispositivos permiten interceptar comunicaciones, acceder remotamente a dispositivos y realizar actividades de vigilancia avanzada. Sin embargo, en lugar de ser utilizados para reforzar la seguridad y combatir el crimen, los equipos terminaron en manos de personas vinculadas al narcotráfico.
Según documentos oficiales, estos equipos fueron entregados de forma irregular a un agente especial de la Senad, quien, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, filtraba información sobre operativos al narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico. Esto permitió a Insfrán evadir operaciones clave de la Senad, desarticulando los esfuerzos del Estado para detenerlo.
La Dirección de Inteligencia de la Senad, bajo la gestión de Giuzzio, nunca registró los equipos ni dejó constancia de su decomiso. En el memorándum n.º 407/2022, remitido por la propia Dirección, se admitió que el entonces ministro Giuzzio entregó los dispositivos “sin ningún documento”. Este vacío documental refleja una grave negligencia, que facilitó el uso indebido de los equipos por parte de redes criminales.
FILTRACIONES Y VÍNCULOS PELIGROSOS
La implicación de Giuzzio en actividades que favorecieron al crimen organizado no se limita al caso de los equipos de espionaje. Durante su gestión, hubo filtraciones constantes que beneficiaron a narcotraficantes. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando Lindomar Reges Furtado, un pez gordo del narcotráfico, huyó del Paraná Country Club minutos antes de un operativo policial-judicial que buscaba arrestarlo.
Esa misma red de filtraciones facilitó la fuga de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, otro capo narco brasileño que mantenía una relación cercana con Giuzzio. Espíndola llegó incluso a prestar una camioneta blindada al exministro cuando su vehículo sufrió un desperfecto en Brasil. Ambos eventos demuestran la cercanía de Giuzzio con figuras clave del narcotráfico y cómo su gestión contribuyó a la evasión de estos criminales.
COMUNICACIÓN CONSTANTE CON SUPUESTO NARCO
Hablando de Marcus Vinicius, la Fiscalía reveló una serie de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro Arnaldo Giuzzio y el presunto narcotraficante brasileño. Estos mensajes, provistos por Brasil, comenzaron en julio de 2021. En agosto de ese mismo año, Vinicius envió noticias y enlaces sobre “inversiones empresariales” realizadas en Brasil, que tanto él como el Dr. Pablo Rivas ya habían mencionado a Giuzzio, quien respondió con un escueto: “Perfecto”. Más tarde, Marcus solicitó a Giuzzio que enviara una “camioneta Hyundai Santa Fe blindada” a Ciudad del Este para realizarle “cambio de suspensión, mantenimiento de blindaje y retoques de pintura”, a lo que Giuzzio respondió: “Veo”.
En octubre de 2021, continuaron las conversaciones, y Marqués de Padua envió a Giuzzio un enlace y una captura de pantalla de una noticia sobre el caso Lava Jato, un procedimiento en Brasil. Giuzzio respondió con un “gracias Marcus” y luego añadió: “Les hablo”.
En noviembre, Vinicius se comunicó nuevamente con el entonces ministro del Interior para informarle que estaba en Asunción y que tenía muestras para pruebas balísticas de materiales para chalecos. En diciembre, Marcus hizo referencia, a través de un mensaje reenviado, a tres vehículos de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE). Además, Vinicius consultó a Giuzzio sobre la posibilidad de enviar un vehículo averiado a su empresa para revisión, ofreciendo este servicio como “cortesía” y adjuntó varias fotografías de los vehículos. En esa época, Giuzzio planeaba vacaciones en Brasil.
La Fiscalía sospecha que Marcus Vinicius no solo proveía servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, sino que también estaba en tratativas con Giuzzio, en su rol de ministro, para la provisión de materiales a estas instituciones.
EL PRECIO DE LA NEGLIGENCIA
Las fallas en la gestión de Giuzzio al frente de la Senad y el Ministerio del Interior no se limitan al manejo de los equipos de espionaje. En mayo de 2020, Giuzzio dispuso el cierre de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de fiscalizar puertos privados y controlar el tránsito fluvial, debilitando significativamente los controles antidrogas. A partir de entonces, las incautaciones de grandes cargamentos de cocaína vinculados a Paraguay se volvieron frecuentes en Europa, con cifras alarmantes como los 16.174 kilos decomisados en Hamburgo, Alemania, en febrero de 2021.
Además, durante su periodo como ministro del Interior, Giuzzio enfrentó otro escándalo al utilizar una camioneta registrada a nombre de una empresa de Espíndola, quien aspiraba a convertirse en proveedor de chalecos antibalas y blindajes para la Policía Nacional. Este vínculo expone un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de sus responsabilidades públicas.
DE PASEO CON VEHÍCULOS DE “DON LALO”
El más reciente escándalo revela cómo Giuzzio mantenía contacto con Lalo Gomes, asesinado exlegislador, mientras el primero era titular de la Senad. La conversación entre ambos data de noviembre de 2019 y de acuerdo con los medios que publicaron los mensajes filtrados, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vinculado a varios referentes del narcotráfico.
LALO FINANCISTA
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado USD 1 millón de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amambay con el respaldo del abdismo.
En una conversación con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo, Gomes expresó su preocupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afectaría al Gobierno. Además, mencionó que Arregui había solicitado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.
Melgarejo mostró disposición para intervenir y frenar cualquier investigación que pudiera comprometer al Gobierno. Este caso plantea dudas sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y el papel de Arregui al ocultar información clave. También genera interrogantes sobre la relación de Gomes con organizaciones vinculadas al narcotráfico en la frontera y si se emitió algún reporte de operación sospechosa sobre el origen del dinero.
A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su propia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movimiento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.
ABDISMO SABÍA DE VÍNCULOS
El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inteligencia que vinculaban a Lalo con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto pudo saberse mediante el informe que se remitió a la Comisión Bicameral de Investigación el 8 de noviembre de 2021, en el cual se detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Seprelad había enviado informes de inteligencia a varias instituciones. El escrito refiere que “el señor EULALIO GOMES está vinculado en la causa investigada por el Ministerio Público “LUIS CARLOS DA ROCHA Y OTROS S/ LEY 1340/88; ASOCIACIÓN CRIMINAL, LAVADO DE DINERO Y OTROS”, según lo reportado por un sujeto obligado del sector seguros en fecha 03/12/2019. Al respecto, “la UIF-SEPRELAD elaboró varios INFORMES DE INTELIGENCIA (II) remitidos según detalle”.
CUCHO, OTRO CUESTIONADO FINANCISTA
El gobierno de Abdo no tardó demasiado en sumar su primer escándalo por vínculos con el narcotráfico. Y es que en setiembre de 2018 caía detenido el supuesto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña. Poco después de la detención de Cucho, se revelaron fotos del mismo y una mochila en el domicilio del entonces presidente Abdo, quien intentó desconocer la imagen y hasta a quien habría aportado a su campaña.
En diciembre de 2018, Marcial Valdez, defensor del supuesto narcotraficante de Ciudad del Este, tildó a Abdo de “malagradecido” alegando que su cliente le había solicitado un favor tras haber financiado presuntamente su campaña política.
Flavio Enrique “Kike” Santander, músico y concuñado del expresidente Mario Abdo, quien aparece ligado a la firma Bizcom SA, empresa que fue beneficiada con un millonario contrato en plena pandemia y Mario Abdo Benítez, expresidente de la República. Sus empresas experimentaron millonarias ganancias durante los años de su mandato, en particular en plena pandemia.
Negocios de Mario Abdo y su entorno familiar florecieron en plena pandemia
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Empresas del expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno familiar acumularon millonarias ganancias durante el mandato del exjefe de Estado. Particularmente fueron los años más duros de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de coronavirus cuando los negocios del exmandatario y su familia crecieron.
Por Juan Carlos Lezcano F.
Mientras, miles de compatriotas lloraban la muerte de sus familiares, vendían todo lo que tenían por un poco de salud o quedaban sin puestos de trabajo como consecuencia de la crisis económica, las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez experimentaron millonarios crecimientos en sus ingresos y en sus utilidades en plena pandemia del coronavirus. A ello hay que sumar el millonario contrato de arriba que cayó a una empresa ligada a Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del exmandatario.
El expresidente y su círculo cercano quedaron bajo la lupa por irregularidades cometidas durante su mandato, destacándose el crecimiento exponencial de sus empresas y un polémico contrato entregado en plena pandemia a una firma vinculada a su concuñado. Ambos casos exponen la falta de transparencia y posibles favoritismos en el uso de recursos públicos durante una de las crisis sanitarias más graves en la historia del país.
EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EMPRESAS DE ABDO
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena crisis sanitaria y económica. Los datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de declarar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a registrar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilidades de G. 92.647 millones en 2021, lo que representa un incremento del 6.109 %.
El pico de crecimiento coincidió con los años más críticos de la pandemia, cuando miles de paraguayos perdieron empleos y el país enfrentaba serias dificultades económicas. En 2020, mientras las restricciones por el covid-19 afectaban a la economía general, las utilidades de Aldia SA crecieron un 175 % en comparación con 2018, triplicando sus ganancias. Este crecimiento plantea interrogantes sobre la gestión de las empresas del exmandatario y el origen de los recursos que alimentaron su expansión.
Seprelad, Tributación y la Fiscalía tienen pendiente investigar cómo se amasó esta fortuna y el destino final de los ingresos ocultados por Abdo Benítez a través de distribuidoras de asfalto y otras actividades.
El encabezado del contrato firmado entre Bizcom, de Kike Santander, y HOLA PARAGUAY (VOX). Al costado derecho, se puede observar la media firma del concuñado del expresidente Mario Abdo Benítez.
UN CONTRATO CUESTIONADO CON COPACO
Mientras sus empresas florecían, la administración Abdo también enfrentó denuncias sobre contratos irregulares entregados a personas cercanas. Entre los más polémicos está el caso de un acuerdo de G. 5.852 millones otorgado por Copaco, a través de su filial Vox, a Bizcom SA, una firma representada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del expresidente.
En febrero de 2020, en el inicio de la pandemia, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública para implementar un sistema de contact center destinado al rastreo de contactos de covid-19. El contrato fue financiado con un adelanto de G. 3.239 millones y contemplaba 100 posiciones de call center a un costo de G. 7.315.200 por posición, distribuidos en un plazo de ocho meses. Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios de forma directa, a través de Vox, a Bizcom SA, evitando un llamado a licitación y violando la Ley n.° 2051 de Contrataciones Públicas.
Bizcom SA, empresa vinculada a Santander, proporcionaría servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. Santander, quien está casado con Adriana López Moreira, hermana de la ex-primera dama Silvana López Moreira, se benefició de un contrato de cinco años renovables que incluía cláusulas de confidencialidad, obstaculizando el acceso público a los detalles del acuerdo.
IRREGULARIDADES EN LA SUBCONTRATACIÓN
El uso de Vox como intermediaria para evadir controles también infringió la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había ordenado que los contratos entre Copaco y Vox debían seguir los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas. A pesar de que Copaco tenía experiencia en proveer servicios de call center a instituciones como Hacienda, IPS y la UNA sin recurrir a terceros, optó por incluir a Bizcom SA en el contrato, lo que alimentó sospechas de posibles intereses personales detrás de la decisión.
La falta de transparencia también es evidente en la utilización de un contrato directo, con precios sujetos a variación y sin llamado a licitación, amparado en cláusulas de confidencialidad que dificultaron la rendición de cuentas. Estas acciones han generado preocupación sobre el uso de recursos públicos en un momento en que el país enfrentaba una emergencia sanitaria sin precedentes.
UN PATRÓN DE NEGOCIOS CON EL ESTADO
El contrato con Bizcom SA no fue el único vínculo de Santander con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación empresarial interesada en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuerzan las críticas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos en los contratos otorgados durante la administración de Abdo Benítez.
Ambos casos, el crecimiento de las empresas del expresidente y el contrato con Bizcom SA, reflejan patrones de opacidad y manejo irregular de recursos públicos durante el gobierno de Abdo Benítez. Mientras la Fiscalía y otros organismos de control avanzan lentamente en las investigaciones, la ciudadanía sigue esperando respuestas sobre la gestión de fondos en un período crítico para el país. La sensación de impunidad y la falta de celeridad judicial continúan debilitando la confianza en las instituciones públicas y el compromiso con la transparencia gubernamental.
Cinco años después, el covid es una presencia banal pero sigue causando muertes
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Cinco años después del inicio de la pandemia, el covid-19 se ha vuelto una presencia en apariencia banal, pero las infecciones pueden ser persistentes y causar la muerte. Más de cinco años después de su aparición en China, el virus que causa el covid-19 ha infectado oficialmente a 777 millones de personas y provocado más de siete millones de muertes --en realidad, muchas más--, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, con el tiempo y las distintas olas, el impacto de la infección respiratoria en las muertes y hospitalizaciones ha disminuido considerablemente, gracias a la inmunidad adquirida por la población mediante la vacunación y/o las infecciones previas.
El covid-19 sigue causando muertes (más de 3.000 entre octubre y noviembre de 2024 en 27 países, según la OMS), pero la gran mayoría de los fallecimientos se registraron entre 2020 y 2022. La OMS retiró en mayo de 2023 el nivel máximo de alerta por pandemia mundial.
El virus, hasta ahora, no muestra una estacionalidad específica, pero parece estar volviéndose progresivamente endémico, con resurgimientos regulares, de forma similar a la gripe, según diversos expertos.
Sin embargo, “el mundo quiere olvidar este patógeno que sigue con nosotros, las personas quieren relegar al covid al pasado --y en muchos sentidos, actuar como si nada hubiera pasado-- porque fue tan traumático”, comentó a mediados de diciembre Maria Van Kerkhove, responsable de la preparación ante epidemias y pandemias en la OMS.
Desde el otoño de 2021 se impuso definitivamente la variante ómicron, y las subvariantes se van sucediendo sin ser más severas unas que otras. No obstante, algunos científicos consideran que no se puede descartar completamente el escenario de variantes más virulentas o que escapen a la inmunidad. En cualquier caso, el SARS-CoV-2 permanecerá entre los humanos.
Vacunas y tratamientos
La vacunación, crucial para enfrentar la pandemia, ha sido masiva desde el desarrollo, extraordinariamente rápido, de las vacunas.
Se han administrado más de 13.600 millones de dosis en todo el mundo, aunque con un acceso muy desigual entre países pobres y ricos.
Las vacunas adaptadas contra ómicron --en su versión JN.1-- siguen siendo recomendadas, especialmente para las personas más vulnerables, ya que aún ofrecen protección contra las formas graves y el riesgo de covid prolongado.
Sin embargo, la cobertura de vacunación es insuficiente, especialmente entre los ancianos y los trabajadores sanitarios, advirtió la OMS.
La búsqueda de vacunas que actúen por más tiempo y de manera más eficaz contra la infección y la transmisión continúa, al igual que la exploración de nuevos métodos de administración (nasal, oral, cutáneo).
En cuanto a los tratamientos, las opciones se han reducido desde la aparición de la variante ómicron: solo quedan algunos antivirales directos y un anticuerpo monoclonal.
Algunas innovaciones desarrolladas o aceleradas por la pandemia, particularmente las vacunas de ARN mensajero, siguen siendo una fuente de esperanza para otras enfermedades, como el cáncer.
Cerca del 6 % de personas infectadas desarrollaron lo que se conoce como “covid prolongado”: fatiga, tos, dificultad para respirar, fiebre intermitente, pérdida del gusto o el olfato, problemas de concentración, depresión...
Los síntomas se establecen generalmente en los tres meses posteriores a la infección, persisten al menos dos meses y no se explican por otro diagnóstico.
La OMS alertó en diciembre que el “covid prolongado” es aún “una carga importante para los sistemas de salud”.
Las mujeres y las personas con problemas de salud previos son las más afectadas. Además, las reinfecciones parecen aumentar los riesgos.
Los científicos han avanzado, pero aún no han desentrañado completamente sus mecanismos, considerando varias hipótesis: la persistencia del SARS-CoV-2 en el organismo, el mantenimiento de un estado inflamatorio posinfección o la formación de microcoágulos.
Futuras pandemias
El covid-19 no será la última pandemia, los científicos están seguros de ello. La cuestión es cuándo llegará la próxima y si el mundo estará mejor preparado.
Aproximadamente del 60 % al 70 % de las enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, derivadas de patógenos transmitidos de animales vertebrados al ser humano. Estas enfermedades se multiplican debido a la deforestación, que incrementa los contactos con la fauna silvestre, reservorio de virus desconocidos.
Actualmente se observa de cerca la gripe aviar, especialmente tras una primera muerte humana registrada el lunes en Estados Unidos. Se trata de un paciente anciano con otras patologías que fue infectado por aves domésticas y silvestres.
Desde hace más de dos años, los países miembros de la OMS están negociando un acuerdo para prevenir pandemias, pero los avances son lentos. El recuerdo de los daños del covid-19 se desvanece, los gobiernos cambian y persiste un bloqueo entre países ricos y pobres.
La era del covid-19 también ha incrementado de manera duradera la desconfianza hacia las vacunas y la desinformación. El presidente reelegido de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que quiere nombrar como ministro de Salud a Robert F. Kennedy Jr., un conocido escéptico de las vacunas.
Opositores piden a la Procuraduría recuperar dinero sustraído por exgobernador
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Desde la oposición solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR), liderada por Marco Aurelio González, recuperar los G. 5.105.600.000 que fueron malversados por el exgobernador de Central, Hugo Javier González, y sus entonces colaboradores durante la pandemia del covid-19. La petición será realizada ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El planteamiento es impulsado principalmente por el diputado Adrián “Billy” Vaesken del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). “Estoy satisfecho por la condena. El tribunal confirmó que Hugo Javier se quedó con la plata pública desviada de la Gobernación”, indicó.
Vaesken fue uno de los principales denunciantes de González, teniendo en cuenta que en el anterior periodo se desempeñaba como concejal departamental de Central. “Casi extinguió la Gobernación, pero dónde está la plata. El tribunal de sentencia dice que el dinero tiene este señor Miguel Ángel Robles Ibarra(exasesor y exdirector de Gabinete), este tipo es un peligro para las arcas públicas”, dijo.
En una entrevista con los medios de comunicación el parlamentario acotó: “Ahora estamos terminando la redacción de un proyecto de declaración que insta a la Procuraduría General de la República a iniciar los trámites de manera urgente para recuperar esa plata que fue desviada de la Gobernación de Central y que a causa de eso, hoy 94 puestos de salud siguen cerrados”.
Vaesken detalló que la recuperación del millonario fondo puede ser concretado teniendo en cuenta la existencia de una jurisprudencia. El legislador detalló quela Procuraduría ganó una demanda a favor del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en una causa donde se había concretado la desviación de recursos a través de licitaciones.
“En base a esta causa, nosotros hacemos esta propuesta. La Gobernación no tiene los recursos para reactivar estos puestos, el dinero era para una reactivación económica, para tener mejores servicios sanitarios por eso en honor a mucha gente que falleció en pandemia y otras que perdieron todo presentaremos esta iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso”, manifestó.