La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informa que este lunes 7 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Cuentas – Tercera Sala a favor de la firma Bypar S. A., que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.

“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los procedimientos de contratación pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.

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Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguardaban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

El motivo de la objeción planteada por la firma Bypar S. A., es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.

Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero, el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos, por ello, no pudo participar en la licitación.

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El ministro de Defensa, Óscar González, informó que desde Paraguay cumplieron con todos los requerimientos y compromisos en el proceso de adquisición de los aviones Súper Tucanos del Brasil. Indicó que en un 90 % han avanzado para que las aeronaves puedan salir del país este viernes.

Durante una charla con varios medios de prensa, explicó que por ahora están aguardando que se finiquiten algunas cuestiones del trámite administrativo por parte del Banco Nacional de Desarrollo del Brasil y la Embraer S.A., teniendo en cuenta que el banco es el que le da la factibilidad para habilitar a la empresa para liberar los aviones.

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“Estamos en los últimos ajustes, y siendo optimistas, podemos decir que sí, van a llegar mañana los aviones Súper Tucanos. Son ajustes entre el Banco del Brasil, que nos presentaron algunos requerimientos, y que estamos nosotros cumpliendo, por eso creo que sí estarán llegando mañana las aeronaves”, expresó.

No obstante, reconoció que existe un pequeño margen de dudas con respecto a la salida de los aviones de los hangares, pero aseguró que esos aviones ya fueron comprados y pagados por parte del Paraguay.

“La transferencia (bancaria) ha sido hecha, pero hay algunos ajustes administrativos que están siendo solucionados. Por eso, estoy confiado que en un 90 %, mañana llegan los 4 aviones Súper Tucanos”, remarcó.

Por su parte, el general Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, explicó que son los últimos trámites administrativos que se están realizando por el lado del Brasil, entre el Banco Nacional de Desarrollo y la empresa privada.

Indicó que en la fecha está prevista la reunión del directo del banco y están aguardando el dictamen final. “El Estado paraguayo ha cumplido con sus compromisos, pero ahora son trámites administrativos que deben realizar el banco del Brasil y la empresa Embraer S.A., para habilitar a la empresa a liberar sus aviones para que puedan venir al país. De última, si mañana no salen, estarían saliendo la próxima semana”, informó.

Las aeronaves serán traídas por pilotos paraguayos, entrenados en la Fuerza Aérea Brasilera, y que ya están habilitados para pilotar este tipo de aeronaves.

Igualmente, llegarán al país instructores de la empresa Embraer para continuar el entrenamiento de otros ocho pilotos que actualmente están realizando el curso teórico en Brasil. El contrato de adquisición de estas aeronaves incluye también la capacitación de 12 mecánicos.

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Se formalizó la firma de la escritura pública de transferencia gratuita de un inmueble de dos hectáreas, otorgado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a favor de la Corte Suprema de Justicia, para la futura sede del Palacio de Justicia de Villa Hayes, en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes.

El documento fue suscrito por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, y contó con la participación de los ministros Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón.

Durante el acto, el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, expresó su agradecimiento por la cesión del inmueble y resaltó la articulación interinstitucional que permitió concretar el proceso, destacando especialmente la labor del ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, César Garay, y del Consejo de Administración local.

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Asimismo, valoró la ubicación estratégica del inmueble, lo que facilitará el acceso de los usuarios del sistema judicial y contribuirá al fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

Por su parte, el ministro del MUVH, ingeniero Juan Carlos Baruja, destacó que la transferencia de un inmueble de dos hectáreas a favor del Poder Judicial se concretó mediante el trabajo coordinado entre los Poderes del Estado. “Tenemos la indicación de generar vínculos a los efectos de apoyar a uno de los pilares más importantes, que es la Justicia, base de la democracia de cualquier país”, afirmó.

La gestión para la obtención del inmueble fue impulsada por el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, César Garay, quien lideró la búsqueda de un predio de fácil acceso para la ciudadanía. El terreno seleccionado está ubicado a escasos metros del centro histórico de la ciudad, próximo al Ministerio Público y a la Gobernación, lo que garantiza condiciones geográficas favorables para la instalación de la futura sede judicial.

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La Fiscalía que inves­tiga la denuncia rea­lizada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmanda­tario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriqueci­miento ilícito y con­trabando, no halló elementos y solicitó desestimar la causa. “No existen elemen­tos que permitan concluir en forma positiva”, señala el escrito fiscal.

“Esta represen­tación fiscal considera que, acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obte­nido indicios suficientes que permitan señalar la existen­cia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual corresponde la deses­timación de la misma”, rati­fica la conclusión del docu­mento elaborado por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.

Primeramente, la causa tuvo su origen en la exposi­ción de Arnaldo Giuzzio ante la Cámara de Diputados, el 26 de enero de 2022, fecha en que formuló su denuncia ante la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no ante el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía pidió una copia autenticada de la denuncia a la Seprelad y dio apertura a la causa n.° 15/2022, caratulada “inves­tigación fiscal s/lavado de dinero y otros”, dando inicio a las diligencias por un equipo especial de fiscales.

La Fiscalía se enfocó en tres ejes: a) Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá; b) las declaracio­nes juradas de bienes presen­tadas tendrían indicios de inconsistencias patrimonia­les; y c) la masiva comercia­lización ilegal de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), siendo Cartes un socio mayorita­rio. Según el criterio del extitular de la Senad y de Interior estos serían indi­cios, pero él mismo no pre­sentó una sola prueba con­creta, según los fiscales.

Seguidamente, la Fisca­lía describe 26 diligencias desarrolladas, incluyendo la citación de Giuzzio para una declaración testimonial con el objetivo de ampliar su denuncia y arrimar docu­mentación; sin embargo, el denunciante presentó “un pedido de suspensión y negándose a prestar decla­ración en la segunda opor­tunidad, presentando el tes­tigo una recusación contra los fiscales”.

Ante esta circunstancia, el Ministerio Público solicitó informe al Congreso Nacio­nal sobre la presentación rea­lizada por Arnaldo Giuzzio, y el Poder Legislativo informó que el exministro expuso ante el pleno de la Comisión Per­manente del Congreso Nacio­nal “en forma oral, sin dejar material por escrito”. Por ello, también se solicitó a TV Cámara la grabación íntegra de la exposición para inten­tar fundar las acusaciones de Giuzzio.

El Ministerio Público con­vocó a una reunión de tra­bajo el 24 de febrero de 2022, donde participaron la Sepre­lad, la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado Tributación (SET, actual DNIT). En el caso de Aduanas, reportó que las empresas no registraban sumarios administrativos en los últimos 10 años. Mientras que Tributación solo señaló observaciones en 2017 por diferencias en la determina­ción de la retención del IVA.

Se menciona que Tabesa remitió copia autenticada de: facturas con sus clien­tes nacionales, planillas con número de despacho y de fac­turas de los años 2017-2021, copias de los despachos, copias autenticadas de fac­turas de sus proveedores del exterior y los despachos de las importaciones realizadas por la firma del 2017 al 2021.

En cuanto a las declaraciones juradas de Horacio Cartes, la Contraloría General de la República remitió al Minis­terio Público el estudio de correspondencia de bienes practicado al expresidente de la República, el 14 de noviem­bre de 2022. “Este informe refiere que existe correspon­dencia en las declaraciones juradas de asunción al cargo con el de baja del cargo del expresidente de la Repú­blica Horacio Manuel Car­tes Jara”, describe el docu­mento sobre este foco de investigación.

Giuzzio sostuvo que Cartes habría incurrido en enrique­cimiento ilícito, alegando que habría aumentado su patrimonio luego de haber concluido su primer año en el ejercicio del cargo de presidente de la República, su capital aumentó en más de G. 1.500.000.000 (mil quinientos millones), ade­más que, siendo mandata­rio, supuestamente realizó préstamos personales que aumentaron 5 veces más de lo registrado inicialmente, y que dicho monto habría totalizado la cantidad de G. 1.728.512.081.596.

Los investigadores anali­zaron los documentos pro­veídos por la Contraloría, comparando las declara­ciones juradas de Cartes del 23 de agosto de 2013, del 31 de julio de 2014 y del 29 de agosto de 2018, al iniciar y concluir su mandato. A fin de evaluar la conformación y evolución patrimonial de Cartes, la Fiscalía tuvo acceso a documentaciones de una veintena de insti­tuciones como Hacienda, Tributación, Presidencia, Corte Suprema de Justicia, Ande, Registro de Automo­tores, Comisión Nacional de Valores, Superintenden­cia de Bancos, Superinten­dencia de Seguros, Incoop, Conajzar, Dinac, Dinapi, Ministerio de Industria, Seprelad y Club Libertad, entre otras.

“Se ha hecho un releva­miento en todo el sector financiero, comercial y registrable de los activos que conformarían el patri­monio del señor Hora­cio Cartes Jara”, señala el documento fiscal, así como “una verificación del paquete accionario y evolu­ción de todas las sociedades anónimas informadas por el Ministerio de Hacienda”.

Además, se puntualizan indagaciones aclaradas sobre casos concretos de fideicomisos, capitaliza­ción de acciones y présta­mos atribuidos a Cartes, así como la rectificación en DD. JJ. sobre acciones de la sociedad Dominicana Acquisition, constituida en Panamá. “El examen realiza a su vez el aumento patrimo­nial que significó las diferen­cias cambiarias entre las dis­tintas declaraciones juradas, tomando en consideración que en su mayoría las cuen­tas se encuentran operativas en moneda extranjera y en las declaraciones son expre­sados los valores en guara­níes”, se explica.

Respecto al presunto con­trabando de cigarrillos que señalaba Giuzzio, los fiscales indagaron causas a la Unidad Especializada contra el Con­trabando sobre incautacio­nes. Mientras que Tributación remitió documentación reque­rida en este punto, y refiriendo: “Se menciona que no es posible determinar la trazabilidad de los mismos, puesto que no se cuenta con las facturas físicas”.

En tanto, la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT) informó sobre las actividades principales y secundarias declaradas por Tabesa, confirmado que la actividad principal es la ela­boración de productos de tabaco y la actividad secunda­ria es el comercio al por mayor de otros productos.

Finalmente, se solicitó mediante cooperación internacional un informe a la República Federativa del Brasil acerca de causas donde se pudieron realizar incauta­ciones de cigarrillos de origen paraguayo. “Se informó sobre el estado de las causas seña­ladas y que no se han identi­ficado a personas o estructu­ras criminales paraguayas”, expresa el documento sobre la respuesta remitida por las autoridades brasileñas.

El documento fiscal con­cluye: “Realizado el pro­ceso técnico-analítico de constatación de la relevan­cia penal de las conductas presumiblemente aconte­cidas, el proceso de subsun­ción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta no es típica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expues­tos en el Código Penal y en las leyes complementarias. Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constan­cias de autos, este equipo de investigación advierte que la figura procesal de Deses­timación de la denuncia se encuentra ajustada a dere­cho, según los argumentos previamente expuestos”.

“Esto es así ya que, de los hechos mencionados en la denuncia que motivo la aper­tura de la presente causa no existen elementos que per­mitan concluir en forma positiva sobre la existen­cia del hecho y la partici­pación de los denunciados en el mismo; sin embargo, existe la obligación de pro­nunciarse conforme a los elementos existentes, esto atendiendo al derecho de los procesados o investiga­dos de tener una respuesta del órgano investigador en un tiempo determinado y oportuno y la necesidad de que el órgano jurisdiccio­nal ejerza su rol de control y supervisión de las activida­des procesales (…)”.

“Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos, esta representación fiscal considera que acabadas las diligencias de recolección de elementos de convicción, no se han obtenido indicios sufi­cientes que permitan seña­lar la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento del inicio de la investigación, motivo por el cual, corres­ponde la desestimación de la misma, previsto en los Art. 301 Requerimiento Fiscal, inc. 1.° y 305 Desestimación del Código Procesal Penal, con los efectos previstos en el artículo 306 del mismo cuerpo legal”.