Funcionarios de confianza del intendente reelecto en Ciudad del Este oscurecen antes que aclarar los gastos ejecutados en el período anterior con documentos que no coinciden entre sí. Tras las compras probolsillo covid de alimentos, saltan enormes diferencias en ejecución de pagos del almuerzo escolar. La Contraloría observa una licitación de G. 3.516 millones en la que aparecen facturas de otro contrato anterior por G. 577 millones, etc.
Continúan saliendo a la luz irregularidades observadas por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la administración del intendente reelecto Miguel Prieto, que también afectan licitaciones del almuerzo escolar en el año de pandemia covid-19.
Según el dictamen del ente de control, la administradora de contrato de la licitación de la Municipalidad de Ciudad del Este, envió un informe en el que figura un pago realizado a la firma Fasv Import Export por G. 577.302.000 por provisión kits de alimentos a las escuelas esteñas. Llamativamente, en la planilla del director de Finanzas de la comuna sobre esa misma adjudicación, también analizada por la Contraloría no consta ese monto abonado.
La licitación analizada por el órgano de control pertenece al ID 368.468 realizada el año pasado, donde primeramente se adjudicó a la empresa Yrupe, propiedad de la señora Sady Lorena Martínez pero luego cancelada por irregularidades, y en el que finalmente fueron adjudicadas otras tres empresas: Copacabana, Maná y Fasv Import Export por G. 3.516 millones en total.
Lo extraño del caso es que, el monto de G. 577.302.000 indicado por la administradora de Contrato de nombre Isabel Almada (según consta en el portal de Contrataciones Públicas), no pertenece a la licitación en cuestión, sino a otro proceso correspondiente al ID 371.944, también del mismo año y donde igualmente fue adjudicada Fasv Import Export, es decir, entregaron una factura que no respalda el pago efectuado por el almuerzo escolar como expresaba el informe del administrador.
Pudimos constatar en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que efectivamente ese monto corresponde a otro llamado y no al analizado por la Contraloría. En la misma licitación aparece una orden de pago de G. 240.730.000 pero consignado por el director financiero Francisco Arrúa que, sin embargo, este monto no figura en la rendición de la administradora de contrato.
Igualmente, la Contraloría en su dictamen cuestiona la comunicación de la adjudicación fuera del plazo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas, tampoco fueron publicados en el portal de la DNCP los pagos efectuados a las firmas adjudicadas, mismo esquema denunciadas en licitaciones covid.
El documento califica, además, de deficiente el informe de evaluación a las ofertas, debido a que no se consideró los criterios establecidos en los documentos del llamado y fueron presentados fuera de plazo, como el caso de Yrupe, empresa adjudicada en un principio, pero luego anulada ante irregularidades en el proceso.
El electo intendente lleva a cuestas varias denuncias de irregularidades que fueron confirmadas por el ente de control como el sonado caso de la amañada compra de 25.000 kits de alimentos a la despensa Tía Chela no contaba con la capacidad financiera para proveer dichos insumos. Esta licitación como otras fueron totalmente maniobradas.