Funcionarios de confianza del intendente reelecto en Ciudad del Este oscurecen antes que aclarar los gastos ejecutados en el período anterior con documentos que no coinciden entre sí. Tras las compras probolsillo covid de alimentos, saltan enormes diferencias en ejecución de pagos del almuerzo escolar. La Contraloría observa una licitación de G. 3.516 millones en la que aparecen facturas de otro contrato anterior por G. 577 millones, etc.

Continúan saliendo a la luz irregulari­dades observadas por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) sobre la administración del intendente reelecto Miguel Prieto, que también afectan licitaciones del almuerzo escolar en el año de pande­mia covid-19.

Según el dictamen del ente de control, la administra­dora de contrato de la lici­tación de la Municipalidad de Ciudad del Este, envió un informe en el que figura un pago realizado a la firma Fasv Import Export por G. 577.302.000 por provi­sión kits de alimentos a las escuelas esteñas. Llamati­vamente, en la planilla del director de Finanzas de la comuna sobre esa misma adjudicación, también ana­lizada por la Contraloría no consta ese monto abonado.

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Dictamen de la Contraloría indica discrepancias en pagos por almuerzo escolar.

La licitación analizada por el órgano de control perte­nece al ID 368.468 realizada el año pasado, donde pri­meramente se adjudicó a la empresa Yrupe, propiedad de la señora Sady Lorena Mar­tínez pero luego cancelada por irregularidades, y en el que finalmente fueron adju­dicadas otras tres empresas: Copacabana, Maná y Fasv Import Export por G. 3.516 millones en total.

Lo extraño del caso es que, el monto de G. 577.302.000 indicado por la administra­dora de Contrato de nom­bre Isabel Almada (según consta en el portal de Con­trataciones Públicas), no pertenece a la licitación en cuestión, sino a otro pro­ceso correspondiente al ID 371.944, también del mismo año y donde igualmente fue adjudicada Fasv Import Export, es decir, entrega­ron una factura que no res­palda el pago efectuado por el almuerzo escolar como expresaba el informe del administrador.

Pudimos constatar en el portal de la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) que efectivamente ese monto corresponde a otro lla­mado y no al analizado por la Contraloría. En la misma licitación aparece una orden de pago de G. 240.730.000 pero consig­nado por el director finan­ciero Francisco Arrúa que, sin embargo, este monto no figura en la rendición de la administradora de contrato.

Factura que la Contraloría observa no corresponde al pago por el almuerzo escolar auditado.

Igualmente, la Contraloría en su dictamen cuestiona la comunicación de la adjudi­cación fuera del plazo esta­blecido por la Ley de Contra­taciones Públicas, tampoco fueron publicados en el portal de la DNCP los pagos efectuados a las firmas adju­dicadas, mismo esquema denunciadas en licitacio­nes covid.

El documento califica, ade­más, de deficiente el informe de evaluación a las ofertas, debido a que no se consideró los criterios establecidos en los documentos del llamado y fueron presentados fuera de plazo, como el caso de Yrupe, empresa adjudicada en un principio, pero luego anulada ante irregularida­des en el proceso.

El electo intendente lleva a cuestas varias denuncias de irregularidades que fueron confirmadas por el ente de control como el sonado caso de la amañada compra de 25.000 kits de alimentos a la despensa Tía Chela no contaba con la capacidad financiera para proveer dichos insu­mos. Esta licitación como otras fueron totalmente maniobradas.

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