El presidente José Ortiz había mencionado ambiciosas expectativas en recaudación mediante la adjudicación de regularización a la firma Icrop; sin embargo, después de la concesión sigue aumentando problema de la informalidad en el rubro.

La presencia de máqui­nas tragamonedas en las veredas de los comercios sigue formando parte del paisaje de las calles. A pesar de las promesas de regulación y controles más estrictos que hicieron distin­tas autoridades ante la pre­sión mediática, esto quedó en la nada e inclusive empeoró, dado que los negocios cuentan cada vez con más máquinas de juegos de azar.

La Comisión Nacional de Jue­gos de Azar (Conajzar) adjudicó de forma directa a la firma Icrop SA la regulación del negocio de tragamonedas. La empresa tiene a su cargo el catastro y el cobro de G. 300.000 por cada máquina en concepto de canon, lo que generaría una recauda­ción de US$ 2 millones de forma mensual, de los cuales solo el 30% se destinará a las arcas del Estado, pues Icrop se queda con el 70% de las ganancias.

Persiste la presencia de tragamonedas en la vía pública.FOTO:CRISTÓBAL NÚÑEZ

El objetivo era sacar máqui­nas de la calle, que operen en salas de juego y que tributen al Tesoro Público. De hecho, el informe de la Contraloría General de la República cues­tiona fuertemente la conce­sión porque con ella la Cona­jzar delega sus funciones, además de haber adjudicado sin licitación previa a la firma mediante la cual se terceriza el control.

Cabe resaltar que las munici­palidades se han encargado de cobrar el canon por la explo­tación del servicio en forma irregular, y desde la Conajzar afirmaron que los municipios, históricamente, no han reali­zado transferencias al Estado por este concepto, a excepción de Encarnación, Ciudad del Este, Repatriación, Itauguá, Yguazú y Cambyretá, que han transferido sumas ínfimas.

Lo cierto y lo concreto es que a pesar de este intento de “regula­ción” la informalidad sigue for­mando parte de este esquema que mueve en negro al menos G. 300.000 millones al mes.

A medida que se reanudan las actividades económicas, este se vuelve un negocio más prós­pero que carece del control de las instituciones.

En lugares donde antes había una o dos máquinas, hoy pode­mos ver cómo esa cantidad se duplicó, y lo peor aún, siguen estando a la vista y entera dis­posición de niños y adolescen­tes que son propensos a caer en la ludopatía (adicción a los juegos de azar) y a los que no se les prohíbe acceder a estos aparatos.

MUNICIPALIDADES IGNORAN EL PROBLEMA

Las municipalidades también tienen su grado de responsa­bilidad en esta problemática, dado que son las encargadas de otorgar las autorizaciones y permisos para la explota­ción. De esta forma almacenes, bodegas, peluquerías, copeti­nes llenan las veredas de sus comercios de estas máquinas.

Además de esto, permiten que estas máquinas estén cerca de lugares sensibles como iglesias, escuelas y colegios.

La ministra de la Niñez y Ado­lescencia, Teresa Martínez, señaló que en varias oportu­nidades dirigieron notas a las municipalidades solicitándo­les un plan de acción de modo de proteger a los menores de edad de estas máquinas; sin embargo, las respuestas solo demuestran la desidia de los jefes comunales. “Que no tie­nen suficiente gente, que van a hacer, que van a coordinar con gente de Conajzar, no sé, algo pasa que no hacen”, expresó la secretaria de Estado al abordar el tema, hace meses en “Tierra de nadie”.

“Hay que ser sinceros, es imposible que el municipio pueda hacerse cargo 100%, es responsabilidad de la Conaj­zar, ellos son los que habilitan los juegos de azar”, fue lo que había mencionado el ex inten­dente de Ñemby Lucas Lan­zoni quien, en su momento, tampoco “se percató” de la presencia de estas máqui­nas en las veredas, siendo que estas máquinas estaban solo a unos pocos metros de la municipalidad.

De acuerdo a las entrevistas realizadas por el equipo de investigación de “Tierra de nadie”, los mismos comer­ciantes afirmaron que desde la municipalidad iban altos funcionarios a realizar el cobro de los cánones, esto sin entregarle ningún tipo de factura o comprobante por el pago, hecho totalmente irre­gular.

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