El Banco Central del Paraguay emitió un comunicado en el que avala la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. La banca matriz despliega un apartado en el que explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose facultades del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justificar la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas. La postura del BCP boicotea el examen de Paraguay ante el Gafilat e incumple estándar internacional sobre prevención de lavado de dinero.

Por Jorge Torres.

“La caja negra”.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comuni­cado en relación con el alla­namiento realizado por el Ministerio Público a la Superintendencia de Ban­cos ante la negativa de este último órgano de proveer información relacionada a las operaciones comercia­les entre el banco Atlas y el ex presidente de la Conme­bol Nicolás Leoz.

En su pronunciamiento, el BCP avala íntegramente la postura asumida por el superintendente de Ban­cos y respalda el accionar del cuestionado funciona­rio al asegurar que el Minis­terio Público aún carece de acceso a las informaciones, los datos y documentos de terceros que obran en poder del BCP, salvo mediante orden de autoridad judicial competente.

Hernán Colmán Rojas, superintendente de Bancos.

En su escrito, expone que el Banco Central, a través de la Superintendencia de Bancos y sus demás órganos, colabora regularmente y sin demora con el Poder Judi­cial, el Ministerio Público y los demás entes de control establecidos por ley, pero que el BCP está constreñido por la ley a guardar reserva sobre datos y documentos de terceros, por lo que ciertos informes únicamente pue­den otorgarse a los sujetos exceptuados en el artículo 7º de la Ley 489/95, en la redac­ción de la Ley 6104/18.

En la parte final del comu­nicado, la banca matriz des­pliega un apartado en el que explica que existen dos tipos de deber de secreto bancario. Así, atribuyéndose faculta­des del Poder Judicial, hace un análisis normativo a su antojo para intentar justifi­car la penosa actuación del superintendente Hernán Colmán Rojas.

En ese sentido, esgrime que en Paraguay la ley dis­tingue entre “el deber del secreto del BCP, respecto de las informaciones, datos y documentos a los que acceda por virtud de sus funciones” y “el deber de secreto de las instituciones de interme­diación financiera u otras entidades supervisadas por el BCP, respecto de las ope­raciones de sus clientes”.

De esta manera, el BCP avala la decisión de ocultar a la Justicia información clave referida a un presunto caso de lavado de dinero tal como expuso en su escrito el superintendente de Bancos, Colmán Rojas.

En su comunicado el BCP avala la decisión de negar información a la Fiscalía y expone al Paraguay a una situación riesgosa a la hora de la evaluación final del Gafilat

BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI

El Banco Central, con la negativa de proveer infor­mación al Ministerio Público sobre un presunto caso de lavado de dinero, no cumple con recomendacio­nes de carácter internacio­nal a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el finan­ciamiento del terrorismo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estánda­res internacionales más reconocidos para comba­tir el lavado de activos y el financiamiento del terro­rismo. Las mismas inclu­yen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en ins­trumentos legales interna­cionales.

Además, se incluyen medi­das de cumplimiento para el sector público y privado. Estas recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Las recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consis­tente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la prolife­ración de armas de destruc­ción masiva.

Una de las recomendacio­nes establece la necesidad de cooperación y coordina­ción nacional entre institu­ciones:

“Los países deben asegu­rar que las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competen­tes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces estable­cidos que les permitan coo­perar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordi­nación e intercambio de infor­mación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terro­rismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4013-re­comendaciones-metodolo­gia-actdic20-1/file (Página 9).

Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no coope­rante en materia de pre­vención de lavado de acti­vos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que, además, se debe impulsar planes y pro­gramas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.

No pasar la prueba impacta­ría negativa y directamente en muchos aspectos; por ejemplo, reducirá la califi­cación de riesgo soberano y obstaculizando el desarro­llo país, ya que podría darse un encarecimiento genera­lizado de los servicios finan­cieros, primas de pólizas de seguro, envío de reme­sas, entre otros. https://www.bcp.gov.py/comuni­cado-a-la-opinion-publi­ca-n1557

https://www.bcp.gov.py/userfiles/getFile.php?fi­le=userfiles/files/Docu­mento%20sobre%20secreto%20bancario_.pdf.

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