La senadora Esperanza Martínez, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, cuestionó a las autoridades de la Conajzar, que por la Resolución 34/2020 autoriza a la empresa privada Icrop SA realizar trabajos que le competen al ente regulador. El esquema montado para el supuesto control de las máquinas de juegos que operan en las calles se presta para un presunto sistema de lavado de dinero, afirmó la legisladora. Piden al ente regulador dejar sin efecto la cuestionada resolución.

  • Jorge Torres. “La caja negra”. Unicanal.

Según la legisladora, se trata de una suerte de terceriza­ción por parte de la Comi­sión Nacional de Juegos de Azar de la fiscalización, el control y la explotación de los juegos de máquinas de azar y se plantea una situa­ción bastante complicada, compleja y aparentemente no correcta, puesto que se autoriza a esta empresa pri­vada al censo, al catastro y la autorización en lugares que no corresponden.

“Así como se plantea podríamos estar incluso ante la posibilidad de un esquema que permita lavado de dinero en el país y evidentemente, hay mucha preocupación sobre esto, por lo que estamos en el camino de verificar, ana­lizar e investigar de qué se trata esta situación bas­tante llamativa”, declaró la senadora Martínez. Agregó que iniciaron un proceso de investigación sobre la situa­ción irregular de las máqui­nas tragamonedas distri­buidas en todo el país al alcance de menores.

Estas son las facturas emitidas por la firma Icrop por el cobro de canon a los explotadores ilegales de las máquinas tragamonedas que operan en las calles sin ningún control.

Las objeciones según men­cionó apuntan principal­mente a la delegación de la Conajzar de una competen­cia, que podría colisionar con la autonomía muni­cipal; la transferencia o cesión de derechos, obli­gaciones y facultades que le corresponden al ente regu­lador a una empresa pri­vada. Insistió en que “todo esto es un plan para lavado de dinero porque se miente en cantidad de máquinas, se miente en recaudación. Una empresa digitada, creada hace menos de un año, sin ningún informe técnico y que no es espe­cializada en el ramo”.

Sobre la concesión o autori­zación directa a esa empresa sin una licitación que con­temple una participación amplia, y una legalización de la ludopatía infantil al habi­litar y regularizar la coloca­ción de máquinas de traga­monedas en locales abiertos. Además de otros cuestiona­mientos relacionados con la misma materia que hacen al desorden jurídico nor­mativo que regula los jue­gos de azar. “Tenemos que ser muy claros en que esto tiene que estar lejos de niños y adolescentes”, expresó. La senadora Esperanza Martí­nez solicitó al titular de la Conajzar, José Ortiz Báez, a que suspenda esa Resolu­ción que favorece a la firma Icrop SA hasta conocer toda la información correspon­diente de la Contraloría que en los próximos días daría a conocer un dictamen sobre el tema. “Necesitamos parar hasta tanto tengamos infor­mación”, remarcó.

José Ortiz Báez, presidente de la Conajzar.

Asimismo, anunció que solicitaron reunirse con la fiscala general del Estado, para conocer más sobre este tema, además, piden infor­mación sobre la empresa Icrop SA con el objetivo de dar seguimiento a esta situación. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Hacienda se excusaron de intervenir afirmando que la Conajzar cuenta con autonomía funcional derivada de la ley la que le otorga independencia en sus decisiones, por lo que son las autoridades de esta comisión las que deben asu­mir las responsabilidades.

ANTECEDENTE

La Conajzar, a través de una resolución y sin licita­ción previa, otorgó a una empresa privada la facultad de censar, catastrar, explo­tar y cobrar un canon men­sual por la explotación de máquinas callejeras de jue­gos de azar que operan en la clandestinidad. El caso fue revelado por una inves­tigación del Grupo Nación la semana pasada.

La resolución número 34 de fecha 8 de octubre del 2020 del ente regulador, que beneficia a la empresa Icrop SA, autoriza la “nueva modalidad” de explotación con intervención en la ope­ración del juego de azar de máquinas electrónicas de calle en locales cuya acti­vidad comercial principal puede ser diferente a jue­gos de suerte o de azar. Se calcula que la firma Icrop SA mueve alrededor de US$ 1 millón por mes por la recau­dación del canon, de los cua­les el 30% cede a la Conajzar.

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