Allegados al exintendente Mario Ferreiro adquieren nuevo ropaje de febreristas para intentar hacerse con el Comité Ejecutivo del histórico Partido Revolucionario Febrerista (PRF). Varios de ellos están vinculados al escándalo de “asado de fin de semana” (un grupo de Telegram que presuntamente se dedicaba a las recaudaciones paralelas en la municipalidad).
Entre los nombres que se encuentran pugnando como candidatos en la lista liderada por el sobrino de Ferreiro, Guillermo Ferreiro, está la exdiputada Rocío Casco, quien fue imputada y procesada por el caso de tráfico de influencias, coacción y coacción grave, y Marcelo Mancuello, también imputado por lesión de confianza y tráfico de influencias, quien tienen prevista una audiencia preliminar para la misma fecha que Casco.
Aparece además Gladys Cardozo, exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional y procesada por lesión de confianza. Luego del juicio oral Cardozo logró su sobreseimiento, pero en abril de 2020 un Tribunal de Apelación anuló la absolución y dispuso un nuevo juicio para la exministra, según informó Alfredo Guachiré, comunicador social que publicó en su cuenta de Twitter la nómina de los “febreristas”.
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Asimismo, entre los candidatos está la exdiputada Karina Rodríguez, que asumió el cargo de directora del Área Social de la Municipalidad de Asunción durante la intendencia de Mario Ferreiro, y que luego abandonó por ser procesada por expedición de certificados no auténticos y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice durante su paso por el Congreso.
De la misma forma, en la lista podemos encontrar al actual concejal Buye Buongermini, quien está vinculado con los negociados a favor de la empresa EMPO mediante mensajes de Telegran con Ferreiro. Por lo tanto, en las elecciones internas para la renovación del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Febrerista se enfrentarán el movimiento “Febrerismo por Siempre” el cual tiene en su lista 5 candidatos manchados por procesos judiciales y el movimiento León Kare, con bases en el febrerismo histórico y tradicional.
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Pavo Real II: confirman al juez Osmar Legal y embargo de bienes de imputados
La Cámara de Apelación, conformada por Silvana Luraghi, Arnaldo Fleitas y Claudia Criscioni, confirmó la resolución del juez Osmar Legal quien decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, respecto a Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira Pinazo y las empresas ligadas a estos; y el embargo y bloqueo de todos los bienes y dinero depositados en entidades financieras. Todos los citados están imputados en el marco del proceso penal conocido como Pavo Real II.
También se confirmó la competencia del juez Legal en el caso y además se ratificó la prisión donde el Institutos Penales crea conveniente para el procesado Alexandre Rodrigues Gomes.
Días atrás, el juez Legal otorgó medidas alternativas a la prisión a Luis María Eugenio Zubizarreta Zaputovich y a John Gerald Matthías Gaona, representantes del banco Zeta, imputados por lavado de dinero y otros delitos en el caso conocido como Pavo Real II.
Legal impuso a los dos procesados la comparecencia obligatoria a todos los llamados del juzgado, la comparecencia trimestral, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada trimestre ante este Juzgado, prohibición de cambiar el domicilio y número de teléfono, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de comunicación por cualquier medio con los demás imputados.
Asimismo, tienen una caución real de G. 17.486.571.100, y en el caso de Matthías Gaona por la suma de G. 8.363.142.700. En ambos casos se ha trabado embargo sobre los bienes que fueron ofrecidos como garantía.
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Fiscalía habla de un “vínculo político estrecho” entre Líder Amarilla y supuestos narcos
El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Líder Amarilla se encuentra salpicado con una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El caso guarda relación con el operativo denominado Scanner, encabezado por el fiscal Osmar Legal, en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). En la acusación fiscal realizada por el agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico se hace mención a un “vínculo político estrecho” entre el parlamentario y dos de los cuatro procesados por narcotráfico.
En la causa están siendo investigados por la Fiscalía por tráfico internacional de estupefacientes los funcionarios de la institución: Ramón Isacio Arrúa Fernández, Luis Alberto Servián Zárate, Basilio Dario Rodríguez Hetter, Marta Liliana Coronel de Chávez y el abogado Carlos Duarte.
Del grupo de imputados, quienes mantuvieron un vínculo con el político liberal se menciona a Duarte y Servián Zárate. La acusación se sustenta en base a los registros y transcripciones obtenidas durante la investigación.
“Conforme a los audios resultantes de la intercepción telefónica del caso “Oasis”, se pudo determinar que Luis Servián conjuntamente con Carlos Duarte habrían tenido activa participación para el envío de cocaína incautada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, además de haber encaminado con anterioridad un lugar como funcionario en el recinto portuario, de tal manera a facilitar el acceso a los puestos de control y obtener además aliados que puedan operar para la estructura”, sostiene el fiscal en su acusación.
Servían ingresó a la Dinac con ayuda del senador
El agente argumenta además que Servián “realizó maniobras a través del senador Líder Amarilla para conseguir un puesto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuya única finalidad era la de realizar operaciones ilícitas, conforme se detalla en algunas conversaciones”.
Agrega que “una vez que Servián fue contratado en la Dinac y designado a cumplir funciones en la Gerencia de Seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, procedió a ajustar detalles, buscando que funcionarios y agentes de Senad permanezcan en dicho recinto portuario. Servián encaminó la confirmación para que estos funcionarios, agentes especiales continúen en el mismo puesto de control y no sean removidos, de tal manera a estructurar el equipo con quienes trabajaría, a fin de llevar a cabo las operaciones de tráfico internacional de drogas, sin obstáculos, tal como surge de los audios interceptados”.
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El informe del fiscal hace referencia a una reunión clave que tuvo lugar el 21 de setiembre del 2023 en el Senado, donde Amarilla se encontró con Servián y dos agentes especiales asignados en el aeropuerto Silvio Pettirossi de nombre Jorge González y Francisco Fabián Godoy.
Visita en la penitenciaría de Emboscada
Además, se destaca una visita del senador liberal a la penitenciaría de Emboscada el 11 de abril del 2024, en horas de la tarde, con el fin de visitar a Servián. En la ocasión estuvo acompañado de Duarte, quien fue detenido un mes después.
“Este vínculo político estrecho también fue corroborado por el Ministerio Público a través de una constitución realizada en la Penitenciaría Regional de Emboscada, en fecha 22 de julio del 2024, lugar de reclusión del mencionado acusado; en donde se constató que en fecha 11 de abril de 2024, en horas de la tarde, posterior a las 16:00, Luis Servián recibió la visita del señor Líder Amarilla, acompañado del co-imputado Carlos Adrián Duarte Vera (prácticamente 1 mes antes de sus detención)”, menciona la acusación.
Sostiene que “dicha circunstancia no consta en el registro de personas que ingresan como visitantes a la penitenciaría, no obstante, el oficial de guardia de nombre Guillermo Velázquez, al percatarse de que la persona que se encontraba en el lugar se trataba de un legislador, procedió a anotar sus datos personales en una hoja simple y posteriormente realizó una toma fotográfica de la mencionada anotación en donde consta la fecha y hora de dicha visita. (Asentado en acta labrada por el Ministerio Público)”, sostiene el fiscal Legal.
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Primeros imputados por sustracción de energía
En el marco de la Ley 7300/24, el agente fiscal Blas Rafael Pizzani Rivas, de la Unidad Penal 1 de San Estanislao (departamento de San Pedro), imputó y ordenó la detención de Víctor Orrego y de Ildo Aloicio Vianna Klauss por presunto robo de energía eléctrica, en el uso de criptominería ilegal. Las denuncias fueron formuladas por autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Con esta acción, la Ande logra las primeras imputaciones por sustracción de energía eléctrica.
La mencionada ley protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito. Las personas que sustraigan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para establecimientos de criptominería no autorizados por la Ande se exponen a hasta 10 años de cárcel más multa complementaria.
Durante el allanamiento realizado el pasado 27 de julio en el distrito de Guayaybí (departamento de San Pedro) se procedió a la incautación de 803 procesadores de criptominería y tres transformadores, dos de ellos con capacidad de 1.500 kVA y uno de 63 kVA, operativo que contó con el acompañamiento fiscal, apoyado por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.
Los antecedentes revelan que en la primera intervención del pasado viernes 26 de julio en el citado distrito, al amparo de la nueva Ley 7300/2024, además de la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito, el fiscal Pizzani ordenó la detención preventiva de Orrego. Tres días después, por esta misma causa penal, procedieron a la detención de Vianna Klauss. Los dos fueron trasladados a la Comisaría 8.ª de San Estanislao, donde se encuentran en libre comunicación, a disposición del Juzgado Penal de Garantías y del Ministerio Público.
Con estos hechos se marca un hito en la lucha frontal que la Ande está realizando a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, buscando desalentar la sustracción de energía eléctrica, reparar el daño económico que ello ocasiona a la entidad eléctrica y proteger la integridad del sistema, a fin de brindar un servicio de calidad a los clientes y ciudadanía en general.
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Imputan en Argentina a dos rugbiers franceses por violación
Dos jugadores de la selección francesa de rugby fueron imputados formalmente ayer viernes por la presunta violación agravada de una mujer que los conoció tras un partido amistoso en la provincia argentina de Mendoza el fin de semana pasado. La fiscal Cecilia Bignert imputó a los franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, tipificación que se le da al delito de violación en Argentina, señaló el ministerio público de Mendoza en un comunicado.
Auradou, de 20 años, y Jegou, de 21, no declararon y quedaron recluidos en un centro de detención transitoria en la capital mendocina (1.000 km al oeste de Buenos Aires), donde habrían ocurrido los hechos en la madrugada del domingo tras jugar contra los Pumas argentinos. Los acusados permanecerán detenidos hasta la celebración de una vista, prevista en 10 días, para determinar si esperan juicio en prisión o en reclusión domiciliaria, como se espera que pidan sus abogados. para lo cual deberán establecer una residencia en Mendoza.
Martín Ahumada, vocero del poder judicial mendocino, explicó que los acusados deben cumplir con su detención durante el proceso judicial en Mendoza y que no pueden trasladarse a Francia: “Debe ser aquí. Los delitos son territoriales y se cometieron aquí”. Tras conocerse la imputación, uno de los abogados de la defensa, Germán Hnatow, dijo a periodistas que los franceses, quienes afirman que hubo consentimiento y niegan haber golpeado a la presunta víctima, “se encuentran bien y seguros de su versión”.
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“Están tranquilos porque se saben inocentes en la causa, pero por supuesto preocupados de toda esta situación que les ha tocado vivir”, agregó el abogado, que trabajó antes en la unidad de delitos sexuales de la fiscalía. De su lado, Mauricio Cardello, uno de los abogados de la denunciante dijo a la AFP que el equipo está “conforme con la imputación” pero no descarta “pedir una ampliación”, aunque eso no aumentaría la pena.
“Se puede ampliar en relación a la privación ilegítima de la libertad. Pero no me cambiaría la ecuación: el mínimo de la pena del delito que le imputan es tan alto (ocho años) que absorbería la privación ilegítima de la libertad”, señaló Cardello. Mientras tanto, los ‘bleus’ se preparan para enfrentar al seleccionado argentino de rugby este sábado en Buenos Aires, tras haberle ganado a Uruguay el miércoles en Montevideo. El entrenador francés, Fabien Galthie, admitió este viernes en conferencia de prensa en Buenos Aires que este caso afectó al equipo: “Es un cataclismo, un trauma”.
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Repetición del delito
Luego de jugar contra los Pumas el sábado, varios jugadores de la selección francesa fueron al bar Beerlin, donde consumieron una gran cantidad de alcohol, según dijo un mozo del lugar que pidió no revelar su identidad. “Se tomaron todo”, contó. Andrés Civit, dueño del bar, dijo a la AFP que actuaron “como cualquier otra persona de consumo habitual”. “No sé si se emborracharon, no vi a nadie arrastrándose”, añadió.
Natacha Romano, abogada de la denunciante, relató que su clienta conoció a Auradou en otro club nocturno adonde acudieron los jugadores después, ya en la madrugada del domingo, y se fue con él al Diplomatic Hotel. Tras entrar a la habitación, él “la agarra, la tira en la cama, la empieza a desvestir y salvajemente la golpea”, detalló Romano.
La mujer “tiene marcada la espalda, mordeduras, rasguños, golpes en los pechos, en las piernas y en las costillas”, además de un puñetazo en la cara. Con “violencia feroz” abusó sexualmente de ella al menos en seis ocasiones, según la abogada. Una hora después entró Jegou y “de forma salvaje comienza con los mismos hechos”, añadió. Si son hallados culpables, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión, aunque la pena a Auradou podría ser mayor porque su imputación incluye la repetición del delito, explicó una fuente de la fiscalía.
Descompensación general
Auradou y Jegou fueron detenidos el lunes en Buenos Aires para evitar que salieran del país y el jueves fueron trasladados a Mendoza. Ese día, la denunciante fue hospitalizada tras sufrir un trastorno del ánimo llamado “hipotimia” y “una descompensación general del cuerpo producto de todo lo sucedido”, dijo Romano. “Cuando vio los informes se angustió, entró en un estado de shock total y se desvaneció, sobre todo por las lesiones que mostró la tomografía”, detalló.
Fuente: AFP.