Director jurídico de la binacional, Juan Carlos Duarte, se las ingenia para justificar resistencia a entregar detalles de gastos de publicidad y transferencias sociales.

• Por Jhojhanni Vega Fiorini
• Periodista de Investigación del GN

Arrinconado por la intimación que rea­lizó este medio, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) decidió agregar una pestaña sobre los gastos en ayuda social a su portal web, para de esta manera intentar responder de forma retaceada la información requerida a través del portal de Acceso a la Información Pública. No obs­tante, los datos cargados en la plataforma no están comple­tos y la rendición de los gastos en publicidad requerida sigue siendo inexistente.

Cabe recordar que el pasado lunes 25 de enero, periodis­tas del diario La Nación pre­sentaron ante la sede de la hidroeléctrica una nota de intimación en la que se le daba 72 horas a la binacional para que facilite la información solicitada a través de la Ley Nº 5.282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Este jueves justamente terminó el tiempo y la EBY no ha brindado toda la información demandada.

Al ser consultado sobre si responderá o no la EBY a la intimación, el director jurí­dico de Yacyretá, Juan Car­los Duarte, manifestó que está preparando un dicta­men que necesita la firma del director del lado para­guayo, Nicanor Duarte Fru­tos. Sin embargo, Duarte no supo precisar cuándo estará listo el dictamen, aunque adelantó que continuarán publicando en la web infor­maciones sobre inversiones sociales de la EBY.

“La parte documental lo que para nosotros es casi imposi­ble de dar por el tema del tra­tado, porque es un patrimo­nio documental, ese nomas es nuestro problema. Todo lo que podamos dar, sí vamos a dar”, indicó. Cabe recordar que recientemente Yacyretá agregó la pestaña “Acceso a la información pública”, en donde publicaron solo una parte de las inversiones socia­les que realizaron y que tam­poco está completa ya que en muchas categorías como la de “asistencia a pescadores” no se especifica el monto reci­bido por cada beneficiario.

Con respecto al tratado, desde un principio la binacional se ha mantenido en su argu­mento de que se necesita de la aprobación del lado argentino para brindar la información solicitada por La Nación, en un primer momento dijeron que para esto se debía cana­lizar el pedido por el Minis­terio de Relaciones Exterio­res, ente que ya respondió que debe ser la misma EBY la que debe tramitar la solicitud.

Por otro lado, de acuerdo con especialistas del dere­cho como el abogado Fede­rico Legal, del Departamento Jurídico de Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), el tratado no impide proveer los datos, ya que, aun­que la EBY pretenda hacer valer un instrumento inter­nacional, no puede dejar de aplicar arbitrariamente la Ley de Acceso a la Informa­ción, que no ha sido declarada inconstitucional.

“El argumento brindado carece de la más mínima lógica jurídica, ya que la Cons­titución está por encima del tratado y la ley no hace sino reglamentar lo que está en la Constitución. La Ley de Acceso a la Información Pública solo posibilita el mejor ejercicio de un dere­cho humano fundamental”, mencionó el letrado. Asi­mismo, cabe recordar que ya el Ministerio de Justi­cia también dictaminó que Yacyretá está obligada a pro­veer los datos debido a que se encuentra alcanzada por la norma de Transparencia.

Igualmente, otro argumento a favor de la provisión de datos es que ya la Itaipú Binacional no tuvo inconvenientes en facili­tar la misma información que le fue solicitada a la EBY, demos­trando así que en realidad no hay ningún impedimento para esto por parte de las binacio­nales. Incluso, el ex director de Yacyretá, Ángel María Recalde, manifestó que no existe impe­dimento legal para dar los datos. “La ley es clara y debe cumplirse”, había dicho.

De acuerdo a una investi­gación llevada adelante por este medio, desde que asu­mió el cargo de director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos entregó más de G. 500 mil millones (US$ 70 millo­nes) en concepto de inversio­nes sociales, cuyas rendicio­nes permanecen celosamente guardadas por el director paraguayo. Mientras tanto, Duarte moviliza a su equipo jurídico para elaborar dictá­menes que justifiquen la nega­tiva de proveer información al respecto.

Este enorme presupuesto que viene manejando de forma discrecional Duarte Frutos, en estos dos años y medio, supera con cre­ces los montos que tienen para 2021 varios entes del Ejecutivo. De hecho, esta plata gastada sobrepasa por mucho al presupuesto de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que cuenta con G. 297.226 millones; al Ministerio de Defensa Pública, que cuenta con G. 261.615 millones, y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con G. 75.531 millones, entre otros.

Como ejemplo de lo impor­tante que resulta transpa­rentar estos gastos podemos citar la obra del mercado de abasto en San Estanislao (San­taní), que sufrió varios retra­sos e incluso llegó a quedarse inconclusa. Esta construcción estuvo a cargo de la empresa Smart Line Painting, y la inau­guración debía realizarse ya en el 2019. La EBY culpó de los retrasos al cambio de director del lado argentino de la bina­cional en el 2019 y a la pande­mia en el 2020.

Los trabajos fueron divididos en tres etapas y sólo la pri­mera contó con una adjudi­cación por G. 5.147 millones tras una licitación de Yacyretá en la que ganó la mencionada constructora. Sin embargo, la segunda etapa fue realizada mediante una adenda, cuyo monto es desconocido debido a que la EBY no rinde cuentas y mantiene bajo siete llaves los datos de todos los gastos socia­les; y para la tercera etapa no se previó financiamiento alguno.