Después de una férrea resistencia con el justificativo de que necesita autorización por parte de los socios argentinos, el director paraguayo de Yacyretá apuró la difusión de algunos datos concernientes a los gastos sociales realizados durante su administración. Al parecer no precisó ayuda de ninguna institución para “convencer” a las autoridades de la margen izquierda y estratégicamente liberó información, pero sin los detalles de cómo se gastaron los millonarios recursos, que es el requerimiento de La Nación.

Rossana Escobar M. / Jhojhanni Vega

Una reunión imprevista se armó ayer rápida­mente en Yacyretá al presentarse el equipo de inves­tigación del diario La Nación para la presentación de una intimación firmada por el periodista del área Jhojhanni Vega para que en un plazo máximo de 72 horas, la bina­cional cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública y pro­vea los datos solicitados a su administración.

Alrededor del mediodía, el periodista presentó en mesa de entrada el emplazamiento luego de que un dictamen del Ministerio de Justicia favo­reciera su petición y después de que la Cancillería respon­diera que Yacyretá debe ges­tionar la autorización de sus socios argentinos para entre­gar la información requerida. Por estas razones, el docu­mento acercado señala: “No habiendo la EBY hecho las ges­tiones necesarias para obte­ner la autorización de la otra parte, y cumplir en tiempo y forma la ley, estando vencido el plazo legal para la entrega de la información solicitada, por la presente le intimo que, como máxima autoridad de la insti­tución, disponga la entrega de la información requerida en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas, bajo aperci­bimiento de iniciar acciones legales contra la institución y los funcionarios responsables del incumplimiento legal”.

La llegada de la prensa activó una reunión inmediata por parte de los colaboradores del director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, que fue infor­mada a través de la oficina de prensa en el momento en que se presentaba el escrito.

Al frente estaba el director jurídico Juan Carlos Duarte, acompañado de gente de comunicaciones e informática, encuentro en el que ensayaron la presentación de unas esta­dísticas con las que quisieron dejar asentada la intención de transparentar los gastos. Un tanteo magistral por parte de los colaboradores de Duarte Frutos que expusieron colo­ridos gráficos y una prolija estructura de las inversiones sociales. Sin embargo, no es la información precisa requerida por el periodista Vega.

Llama la atención que ahora el director Duarte Frutos comience a publicar cifras y algunos datos de transferen­cias sociales cuando durante estos tres meses corridos argu­mentó que requiere de la auto­rización de los argentinos. Mágicamente liberó algunos datos, pero sin la rendición de cuentas solicitadas.

El pedido vía Ley de Acceso a la Información Pública del periodista de la Nación se tra­duce en el “listado de pagos en concepto de publicidad, even­tos y propaganda incluyendo la descripción del servicio, fecha del contrato y la empresa bene­ficiaria, correspondientes a los años 2019/2020”. Así también, las “transferencias económi­cas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2019/2020. Incluir el con­cepto de la ayuda económica, fecha, rendición de cuentas y nombre del responsable de la entidad que recibió el dinero”. Esta información solicitada generó una fuerte resistencia de transparencia por parte de Duarte Frutos.

Con un nuevo mecanismo de seguir desviando la atención para cumplir la ley y proveer la información requerida por el periodista sobre cómo se gastó la plata en los rubros señalados, Duarte Frutos mediante un aparatoso despliegue de leales promociona planillas y listado de becas, que el común de los ciudadanos ya sabemos.

Se sabe que unos US$ 70 millo­nes fueron a transferencias sociales, aproximadamente, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se com­pró, los contratistas y los bene­ficiarios, etc., de muchos de los programas sociales.

La información que según el jefe de informática, Santiago Vázquez, apuraron a subir el jueves último está dividida en seis categorías, entre las que se encuentran: educación, agua potable, salud, proyec­tos productivos, bonos socia­les y asistencia a pescadores. Un compendio estadístico con voluminosas cifras subieron al portal, pero sin las rendi­ciones de cuentas de cómo se ejecutaron.

Un listado de pescadores bene­ficiados con una inversión de G. 1.088 millones. Igualmente, aparecen bonos sociales, pero no se especifica a qué proyec­tos fueron destinados. Solo se mencionan los montos totales para los departamentos de Ita­púa y Misiones, que ascienden a G. 3.998 millones y 4.898 millo­nes, respectivamente. En los gráficos sobre estas inversio­nes se menciona que el precio de cada bono es de G. 100 mil.

En el caso de la educación, están las listas de las personas beneficiadas con los progra­mas de becas que financia la hidroeléctrica y que ya son de público conocimiento. En este caso, la inversión total asciende a G. 11.142 millones y alcanza a 3.796 estudiantes. Por otro lado, los proyectos de agua potable son en total 25 entre el 2019 y el 2020. La suma de ellos llega a G. 43.953 millones.

La suma de estas seis catego­rías asciende a G. 177.479 millo­nes, lo que equivale a unos US$ 25 millones al cambio actual, una cifra bastante elevada que se compara a presupuestos de entes que están dentro del gabi­nete del Ejecutivo. No obstante, de acuerdo a una investigación de este medio, el monto total de estas ayudas sociales durante la era de Nicanor Duarte Fru­tos podría superar los US$ 70 millones en realidad.

El asesor jurídico de la Enti­dad Binacional Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte Martínez, se ratificó en que la hidroeléctrica necesita de la aprobación de sus pares argen­tinos para proveer los gastos en publicidad y ayuda social. Dijo que desde la Binacional tienen toda la predisposición de pasar la información, pero deben cumplir con las normas.

Explicó que se rigen por un tratado, por lo que deben consultar con su contraparte de la República Argentina, ya que se trata de una ley supranacional que a su cri­terio está por encima de la Ley Nº 5282 “De libre acceso ciudadano a la informa­ción pública y transparen­cia gubernamental”. “Al ser una ley supranacional tiene preeminencia sobre una ley nacional”, comentó.

Aun así, el letrado alegó que dentro de los datos que pue­den transparentarse vieron la forma de dar la informa­

mediante la web de la proción solicitada por este medio pia Yacyretá. “Obviamente y siempre va a haber nomás luego unas interpretaciones tanto de ustedes como la nues­tra”, expresó Duarte al tiempo de indicar que el fin es precau­telar los derechos inalienables de la entidad.­

“Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin nues­tra contraparte argentina y lo que dijimos de la Cancillería es la canalizadora de ese pro­

yecto o de esa fuente de información”, sostuvo. En este sen­tido, hay que recordar que la EBY alegó que el pedido debía ser gestionado vía Ministe­rio de Relaciones Exteriores, aunque esta cartera respondió luego que solo la EBY puede gestionar el pedido de infor­mación. ­

“Ustedes interpretaron de una forma la respuesta de la Cancillería y nosotros de otra forma. Nuestra interpretación es que tenemos que tener la res­puesta de nuestra contraparte porque somos una binacional y tenemos que enmarcarnos en ese tratado. Somos pasibles de tener una sanción”, afirmó. El asesor recordó que incluso la Corte Suprema de Justi­cia ya dictaminó al respecto, haciendo alusión a la inconsti­tucionalidad de la Ley 1167/97 expedida por la Corte.

“Porque no son nuestros tribu­nales los que dirimen cuando una cuestión es soslayada por una de las partes, sino un tribu­nal internacional al cual nosotros estamos sometidos según la Convención de Viena. Noso­tros tenemos que ser muy cui­dadosos en el cumplimiento de ese tratado”, detalló.­