Luego de que el tema saltara en el programa “La caja negra”, conducido por el periodista Jorge Torres y emitido por Unicanal, y después de que la Procuraduría General de la República (PGR) asegurara que se llegó a un conveniente acuerdo con la empresa Texos Oil en el marco de la demanda que le había entablado a Petropar, Sergio Coscia se desdijo y se dio cuenta de la imposibilidad de cumplir lo pactado.

Mediante una nota fir­mada por el procu­rador Sergio Coscia, el Estado paraguayo anunció el día de ayer que era impo­sible el cumplimiento del acuerdo de US$ 7 millones al que llegaron con la firma Texos, por lo que solicitó al Juzgado que deje sin efecto el mismo y se reanuden los trámites y plazos procesa­les. La petrolera estatal no ha tenido descanso de los escándalos este año, ya que luego de la salida de la cues­tionada Patricia Samudio ahora explota este caso.

En conversación con La Nación, Coscia explicó que la cancelación del acuerdo se da debido a toda la polé­mica que se generó en torno al mismo. “Yo soy el defen­sor de los intereses patrimo­niales de la República. Con­sidero que el acuerdo al que se llegó es bueno. Cualquier otro abogado nos hubiera recomendado, pero vista la polémica que se generó, deci­dimos cancelar el contrato”, expresó.

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Asimismo, indicó que el monto del acuerdo todavía no estaba contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Recalcó que se tomó la deci­sión a fin de evitar cualquier suspicacia, polémica o sos­pecha. “El tiempo va a decir, cuando el monto sea más ele­vado quizás consideren que hubiese sido mejor pagar este acuerdo”, remarcó.

Días atrás, Coscia confirmó a este medio que el acuerdo era beneficioso para el Estado paraguayo, ya que lo que pedía Texos como compen­sación era cuatro veces supe­rior como mínimo. “Como era la última etapa procesal en la que podíamos llegar a un acuerdo decidimos llegar a ese monto para no seguir perjudicando al Estado para­guayo”, había explicado.

De acuerdo con la investiga­ción del programa “La caja negra”, emitido por Unicanal y conducido por el periodista Jorge Torres, cabe recordar que el contrato para provi­sión de combustible que le fue adjudicado en el 2010 a Texos era de US$ 31 millones como mínimo y de US$ 68 millones como máximo. Esta adjudicación fue revocada por Petropar y la licitación cancelada, supuestamente porque la empresa no con­taba con todos los requeri­mientos solicitados durante el llamado.

Comunicado del procurador para cancelar el “conveniente” acuerdo de pago a la firma argentina Texos.

“Ellos (Petropar) después de manera extemporánea sostu­vieron supuestamente que la constitución de la sociedad no estaba conforme a los pedidos del pliego de bases y condiciones (PBC), lo cual es falso porque el PBC no decía nada al respecto, ellos fueron bien adjudicados, eso es cate­górico”, sostuvo Coscia. Asi­mismo, destacó que tanto la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General de la República (CGR) estu­vieron de acuerdo en que Texos tenía razón.

El acuerdo de US$ 6.898.750 al que se llegó fue luego de una puja entre el Estado paraguayo y Texos. “Ellos nos hicieron una propuesta de lo que estimaban que era suficiente para subsanar el daño en concepto de pérdida de chance por la falta de sus­cripción del contrato. No estábamos de acuerdo con el monto, le hicimos una con­trapropuesta sin varios con­ceptos como honorarios de abogados e intereses”, reveló el procurador.

INVESTIGACIÓN

Por otro lado, Coscia había adelantado que realiza­rán una investigación para hallar a los responsables de este daño patrimonial para el Estado y afirmó que ya soli­citó informes a la DNCP y la CGR. “Vamos a contrastar todos los documentos entre sí para ver quién fue el res­ponsable de que esto haya sido realizado de tan mala manera”, manifestó. En este sentido, dijo que los invo­lucrados se exponen a una demanda civil contra sus bienes.

Cabe recordar que la firma Texos demandó a Petropar en el 2011 y obtuvo el embargo de los bienes inmuebles que la entidad paraguaya poseía en el distrito de Zárate, pro­vincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. El monto del embargo fue de 46 millones de pesos argentinos (aproxi­madamente US$ 3,5 millo­nes), en concepto de capital, intereses y costas. Además de esta acción judicial, tam­bién intentaron embargar las cuentas bancarias de Petro­par en nuestro país.

Afortunadamente para el ente, posteriormente en el 2016 obtuvo el levantamiento de los embargos. En la época que fue realizada la adjudi­cación y luego la cancelación de la firma de contrato estaba como presidente de Petropar Juan Alberto González Meyer y al frente de la CGR estaba Óscar Rubén Velázquez.

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