Firma vinculada a Friedmann entregó mandarinas podridas a niños del Guairá
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El informe oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revela que como gobernador, Rodolfo Friedmann adjudicó la provisión de alimentos a la empresa a la cual está vinculado y que se distribuyeron menús no contemplados en el pliego de bases y condiciones, y que además no contaban con el certificado de origen del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
En el marco de un llamado a licitación por G. 15.452 millones que había ganado la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), vinculada al hoy senador Rodolfo Friedmann, se entregaron frutas que estaban podridas; asimismo, hicieron figurar postres cuyas entregas no constan en los papeles.
El dato fue expuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en una verificación de contrato que realizó en junio del 2017.
“Se menciona como observación que el 50% de las frutas (mandarinas) se hallaban podridas y fueron devueltas. Cabe mencionar que la mandarina no forma parte de las frutas contempladas en la adenda al pliego de bases y condiciones (PBC)”, reza el informe de la DNCP.
Además de esto, en aquella oportunidad se debían recibir 268 mandarinas, pero solo fueron entregadas 142. El hecho ocurrió en la escuela Divino Niño Jesús del Guairá.
ESSA admitió el hecho y aseguró que “las mismas fueron reemplazadas en el mismo día por las frutas que corresponden al contrato y en excelente calidad”. Sin embargo, no se remitió ningún acta de recepción por las frutas reemplazadas que afirmaron entregar, según consta en el referido informe.
Contrato firmado por Friedmann
Cabe destacar que este multimillonario contrato fue firmado por el propio Rodolfo Friedmann cuando era gobernador del Guairá. Actualmente, el mismo está imputado por el Ministerio Público por su vinculación con el negociado del almuerzo escolar mediante esta empresa que, según chats de WhatsApp y audios revelados por este medio, él mismo gerenciaba.
Además del caso de las mandarinas, la firma ESSA incumplió con otras condiciones del contrato. La empresa habría entregado un menú no contemplado en el PBC ni en el contrato, tales como: soyo, locrillo, fideo cortadito, que no cuentan con el “certificado de origen de producto y empleo nacional” del MIC.
Tampoco se realizó la entrega de los siguientes postres: dulce de mamón y ensalada de frutas, que se hallaban contempladas en la adenda al PBC.
El multimillonario contrato fue firmado por el propio Rodolfo Friedmann, cuando era gobernador del Guairá. Foto: Archivo
Para defender estas irregularidades, la firma ESSA alegó que “se tuvieron presentes las necesidades primarias de los alumnos y, como consecuencia de ello, bajo recomendación de la nutricionista se optó por mejorar los alimentos según las necesidades de los alumnos en edad de crecimiento”.
No obstante, cabe resaltar que el PBC claramente establecía que las modificaciones se deben dar solo en casos excepcionales y deben solicitarse a la convocante, en este caso la Gobernación del Guairá.
Igualmente, la empresa no proveyó ningún documento en donde la referida profesional realiza dicha sugerencia a la contratante. Además, la DNCP no recibió la autorización correspondiente de la gobernación para realizar dicho cambio de menú.
Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
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Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Beneficiarios de Prieto no eran de Ciudad del Este
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
Una misma persona firmó por varias como beneficiaria de kits de víveres
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
Imputado y con bienes embargados, Miguel Prieto anuncia candidatura
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El actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó su intención de postularse al máximo cargo del Poder Ejecutivo en el 2028. Las pretensiones del jefe comunal de llegar a la Presidencia se dan en medio de las investigaciones del Ministerio Público en su contra por lesión de confianza en licitaciones realizadas en pandemia.
“Yo ya les adelanto que en 2028 voy a ser candidato a presidente de la República”, afirmó Prieto en una reunión política que tuvo lugar en la capital de Alto Paraná, Ciudad del Este.
Durante el encuentro, el intendente anunció también otra candidatura del movimiento que encabeza, Yo Creo, el que ya alista postulaciones para las municipales de 2026.
“Dani (Mujica) es nuestro candidato a intendente y estamos convencidos de que va a ganar”, aseveró el jefe comunal. El próximo candidato de Yo Creo fue aspirante a la Gobernación de Alto Paraná en las últimas elecciones, pero no pudo imponerse ante el candidato del Partido Colorado, el actual jefe departamental, César “Landy” Torres.
Prieto manifestó que la victoria de Mujica en el 2026 es muy importante para su carrera a la Presidencia en el 2028. El actual intendente de Ciudad del Este está confiado en que su candidato pueda sucederlo en la municipalidad, dado que, en la capital de Alto Paraná, Mujica superó en votos a Torres en las elecciones generales.
“El equipo ya decidió en un 100 %, la gobernación ganamos acá en Ciudad del Este por 15.000 votos de diferencia, solamente como no cubrimos las mesas en otros lugares, se perdió en otros municipios, pero acá en Ciudad del Este, Dani Mujica ganó y por lejos y eso se va a volver a repetir”, aseveró.
Los anuncios de candidatura de Prieto se dan en medio de una causa abierta en la Fiscalía, que lo investiga a él y otros funcionarios municipales por lesión de confianza. A través de una maniobra en licitaciones durante la pandemia, el actual intendente habría causado un perjuicio a la comuna por G. 1.769 millones, según el propio Ministerio Público.
Alto Paraná: imputan a funcionario infiel que fingió asalto y se quedó con dinero de su patrón
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Este viernes, la fiscal Diana Gómez imputó a un hombre que fingió un asalto para quedarse con el dinero de la empresa donde prestaba servicio, en el departamento de Alto Paraná. El trabajador se habría llevado cerca de 9 millones de guaraníes y solo lograron recuperar la mitad de lo sustraído.
Se trata de Nelson David Genes Sotelo, quien fue imputado por simulación de un hecho punible. El supuesto asalto ocurrió en horas de la mañana del pasado 9 de abril en zona de Ciudad del Este y la víctima se presentó en el puesto policial situado en el kilómetro 12 Acaray, donde formuló una denuncia por supuesto robo agravado.
El hombre relató a los intervinientes que fue víctima de un asalto por parte de dos personas que lo despojaron de una motocicleta de la marca Maruti, de color rojo, un celular y la suma de 8.254.000 guaraníes, recaudación del día de su trabajo y que pertenecía a la empresa donde él prestaba servicio.
Todo iba bien, hasta que los agentes comenzaron a hacerle preguntas y este cayó en contradicciones, a todo esto, se sumó que los vecinos donde aparentemente ocurrió el asalto confirmaron que no vieron nada. Entonces decidieron catear al hombre y encontraron entre sus pertenencias la suma de 4.650.000 guaraníes.
Finalmente, el hombre aceptó que no ocurrió el asalto y que el celular lo había abandonado en el baño de una estación de servicios donde posteriormente fue incautado y ubicaron la motocicleta en el sitio donde denunció que se registró el atraco. El trabajador fue detenido e imputado quedando a disposición del Juzgado de Garantías.
Liberales a la carga: USD 46 millones en adjudicaciones por alimentos
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Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.
Por Juan Carlos Lezcano
Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millones) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amarilla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.
De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), estas tres firmas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el presente año.
LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma que más dinero recibió por parte de instituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcáncel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudicaciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.
En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavilán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
MIMADOS EN CENTRAL
Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del departamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
MÁS PARA LOS AMIGOS DE CELESTE
La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres firmas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
En términos de contratos individuales, la Gobernación de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudicación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un contrato de G. 18.763 millones para la provisión de alimentos para el almuerzo escolar.
De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.
PROTEGIENDO EL NEGOCIO FAMILIAR
La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al diputado liberal por el departamento Central, Pedro Gómez Silva.
La firma tiene como representantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, respectivamente, del legislador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Verlangieri, fallecido padre del diputado.
Según los datos que constan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicaciones por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.
Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorgadas por el Ministerio de Salud Pública. Seis contratos fueron con la Gobernación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.
Sin embargo, la mayor cantidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.
En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millones a la firma. Más concretamente, fue en 2017, durante la administración del liberal Blas Lanzoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adjudicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.
Dos años antes, la administración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligionario liberal.
En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millones a Villa Madrid SA.
DEFENDIÓ PEDIDO DE AUMENTO
Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento presupuestario presentado por el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la administración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputados el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el planteamiento fue rechazado.
Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licitación para la provisión de alimentos para las escuelas del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferentes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la ampliación solicitada.
La justificación de Estigarribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Alimentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.