La agente del Ministerio Público Esmilda Álvarez, quien fue designada para investigar sobre las nuevas imágenes en el crimen de Rodrigo Quintana, ya solicitó a sus colegas Hernán Galeano y Marlene González una copia del disco duro que se había incautado de la sede partidaria.

Con el objetivo de iden­tificar a las personas y de determinar la conducta penal de cada una, la agente fiscal de la unidad ordinaria Esmilda Álvarez ya empezó con las diligen­cias correspondientes en los nuevos hechos que salta­ron a la luz tras el crimen de Rodrigo Quintana, aquella trágica madrugada del 1 de abril del 2017.

“Tengo entendido que las fil­maciones incautadas en su oportunidad no fueron anali­zadas en su totalidad, que solo fue estudiado una fracción de todo el contenido”, manifestó Álvarez.

Para iniciar el presente tra­bajo, la representante del Ministerio Público ya soli­citó el disco duro que contiene todas las imágenes y en el que se encuentran elementos sos­pechosos que no fueron inves­tigados en su momento por la fiscala original.

“Vamos a trabajar con la gente del laboratorio forense para identificar a las personas que de alguna u otra manera tuvieron una actitud sospe­chosa y si habrían interferido en el hecho original investi­gado, como ser el crimen del joven dirigente liberal”, manifestó.

En otro momento, también mencionó que en este tipo de casos hay que tener una pre­cisión de todos los hechos para no dejar posteriormente cabos sueltos.

“También ya enviamos informes a todos los cana­les de televisión para que nos remitan todas las imágenes que tengan con respecto a lo sucedido en la sede del PLRA y de un informe pormeno­rizado, junto con el equipo periodístico que trabajó ese día en dicho local partida­rio”, mencionó.

La fiscala habló de una posi­ble frustración a la persecu­ción penal, ya que varias per­sonas podrían haber alterado la escena del crimen.

Posterior a la identificación de las personas que partici­paron en la alteración de la escena del crimen, serán lla­madas a indagatoria o tes­timonial, todo de acuerdo a sus conductas que saltan en las filmaciones.

Para el abogado Ricardo Esti­garribia, defensor de Gustavo Florentín, quien junto a su padre Víctor Raúl Estigarri­bia y Sandra Barrios descu­brieron las nuevas imágenes de la alteración de la escena del crimen tras el asesinato de Quintana, manifestó que en la nueva investigación que ahora se inicia, Esmilda Álva­rez será de suma importancia, ya que la resulta del proceso puede afectar la causa de su defendido.

“Si la investigación arroja que efectivamente se plantaron evidencias, lo que se observa en las imágenes, dichos ele­mentos no podrían ser utili­zados contra Florentín”, dijo Estigarribia.

En otro momento, manifestó que es muy valioso el destaque que le da la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación ante estos gra­ves hechos.

“La Policía Nacional podría ayudar en la identificación de las personas que participa­ron en el hecho”, pidió.

Tanto Ana Mora como Fabián Ramírez Mora, abogados querellantes por parte de la hija menor de Rodrigo Quintana, denunciaron un corporativismo judicial para dejarlos fuera del caso, ya que eran un estorbo para el grupo compuesto por el juez penal de Garantías Alcides Corbeta, la fiscala Marlene González y el abogado, el otro querellante, Guillermo Duarte Cacavelos.

“Demasiado alevoso es el sistema corporativo que se le presta al Poder Judicial. Dando un ejemplo simple, en una audiencia de revisión, Duarte Cacavelos recitó lo que minutos antes había dicho Mar­lene González ante un pedido de sanción para nuestra personería, ya que supuestamente estábamos obstaculizando el proceso, cuando son los mismos actores los que no quieren la audiencia prelimi­nar”, dijo Fabián Ramírez.

En otro momento, Ramírez dijo que ellos son familia de la hija de Quintana, por tanto tienen la priori­dad de participar de la acción penal. “Nosotros somos familia, no actuamos bajo intereses políticos ni económicos”, manifestó.

Además, sostuvo que el juez Alcides Corbeta le negó participación activa en la causa por más de diez meses, ya que se presentaron como querella el 10 de abril del 2017 y recién en febrero del 2018 fueron considerados; sin embargo, Duarte Cacavelos estuvo desde el principio del caso.