Legalmente tenían 24 horas para reemplazar los bienes defectuosos, pero al parecer, una vez más, están ganando tiempo hasta que llegue el próximo avión carguero para cambiar los insumos rechazados.

Por la lentitud del pro­cedimiento, las medi­das que comenzó a adoptar el Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social (MSPyBS) apun­tan a otro salvataje para los cuestionados proveedores, Eurotec SA e Insumos Médi­cos SA, empresas del clan Ferreira.

Según el Dr. Gustavo Irala, asesor jurídico del ministe­rio, la dirección de Insumos Estratégicos “ya solicitó el inicio del procedimiento de rescisión de contrato”, a las citadas firmas representa­das por los hermanos Patricia Ferreira y Marcelo Ferreira.

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Los insumos defectuosos entregados por el proveedor presionó para la gestión de una cancelación del contrato, cuyo valor total asciende a G. 85.220 millones. “El plazo se cumplió el jueves y como ayer fue día inhábil, el día lunes será notificado a las empre­sas y al seguro, que es Patria SA de Seguros - Banco Con­tinental”, explicó Irala al ser requerido sobre la cues­tionada adjudicación a los Ferreira.

La respuesta del abogado resulta razonable, pero la len­titud con la que reacciona el ministerio sigue favoreciendo a los contratistas.

Última acta de rechazo de insumos entregados por empresa de los Ferreira. El próximo avión carguero podría ser tabla de salvación para que los proveedores repongan los artículos defectuosos y no pierdan sus contratos.

Haciendo una cronología de los hechos, en fecha 21 de abril se procedió a rechazar las mascarillas quirúrgicas y trajes de protección. El 23 de abril se rechazaron los trajes de protección, y recién el 27 de abril se procedió a rechazar las camas que ganaron califi­cativo “de oro”, por su valor de venta a precio quintuplicado.

Desde la fecha en que los fun­cionarios responsables fir­maron el acta de rechazo de los insumos, recién para hoy 4 de mayo el ministerio tiene previsto notificar a Insumos Médicos SA y Eurotec SA y la aseguradora Patria SA, del inicio de procedimiento de rescisión de contrato.

Del 21 de abril al 4 de mayo pasaron otros 13 días de atraso en la notificación, cuando según el pliego de bases y condiciones, las empresas proveedoras tenían apenas 24 horas para reemplazar los bienes.

Cada vez se embarran más en Salud Pública. Después de haber adjudicado a las apuradas la adquisición de insumos para el combate al Covid-19, las urgencias se fle­xibilizaron completamente y a un mes de la compra no recibieron un solo artículo en condiciones en el marco de esta licitación.

¿Por qué nuevamente la demora de 13 días, cuando esto se trataba de una urgencia impostergable? Todo parece indicar que desde el seno del MSP, la dilatación en el inicio de proceso de rescisión es nue­vamente un salvataje para dar tiempo a estas empresas para que llegue el nuevo avión car­guero para reemplazar los bie­nes rechazados.

Además de realizar invita­ciones casi exclusivas a fir­mas relacionadas con los Ferreira e introducir en el contrato un jugoso anticipo de G. 17 mil millones, Salud viene tirando varios salvavi­das a estos proveedores. En medio de una urgencia sani­taria el ministerio se pegó el lujo de tardar 10 días en el pro­ceso de emisión y notificación de las órdenes de compra de una licitación que liquidó en 72 horas. Es decir, apuraron la compra pero no los pedidos de los insumos para que no se generen multas. Así también el proveedor multiplicó por cinco el precio de venta de las camas a Salud Pública. Trajo a precio promedio de G. 650 mil cada una pero al ministerio le costó G. 4.250.000 cada una.

¿Y LA SEGUNDA ORDEN DE COMPRA?

Nada se sabe de la emisión de la segunda orden de compra, por el 20% del total adjudicado. Ello obedece a que el contrato establece 1% de multa por día de atraso. Todo apunta a evitar que las empresas adjudicadas abonen multas al Ministerio de Salud, por eso, una vez más, se dilata la emisión de la segunda orden de compra. ¿Cuándo será emitida? ¿Cuando los bienes adjudicados lleguen con el próximo avión carguero?

La Contraloría General de la República (CGR) está evaluando todos estos “detalles” que generan sospechas en la adjudicación y proceso de ejecución del contrato. Según adelantaron desde la institución, esta semana podrían emitir un dictamen sugiriendo la rescisión del compromiso entre Salud y las empresas de los Ferreira.

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