En el marco de un operativo de control, realizado por la Policía Nacional antes del encuentro deportivo entre el club Olimpia y Nacional en el estadio Defensores del Chaco, fueron detenidas más de una decena de personas, entre las cuales se encontraban dos mujeres familiares de Armando Javier Rotela, líder del grupo criminal conocido como clan Rotela.

Las detenidas fueron identificadas como Lourdes Rotela, de 22 años, y Leidy Rotela, de 19 años; ambas contaban con órdenes de captura pendientes por estafa y delitos cibernéticos. Debido a que tenían una orden de remisión directa, las detenidas fueron procesadas y trasladadas hasta la base de Investigaciones.

“Ambas mujeres intentaban ingresar por el portón 9, cuando llegaron a la barrera de control y se les solicitó su documento de identidad manifestaron que no lo habían llevado y que no recordaban el número, por lo que debimos indagar sus datos con sus huellas y ahí saltaron los antecedentes y la orden de captura pendiente que ambas tenían”, dijo el comisario Blas Espínola en conversación con canal Trece.

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Destacó que durante el operativo de control se logró la detención de 16 personas, entre ellas 3 mujeres que contaban con orden de captura y que fueron procesadas inmediatamente según las medidas que pesaban en su contra. Entre los detenidos estaban hinchas que dieron positivo a la prueba de consumo de alcohol y algunos cuidacoches que estaban apostados en las inmediaciones.

Con este tipo de intervenciones preventivas y filtros de seguridad para la entrada a los estadios, la tasa de incidentes ha disminuido, generando un entorno de seguridad para los asistentes a los eventos y un mayor grado de participación de familias que anteriormente temían asistir a los estadios.

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El asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, ratificó que existen varias denuncias de manejos irregulares de los fondos de la previsional, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, y pide celeridad en estos casos. Entre obras fantasmas y nuevas irregularidades encontradas por una auditoría en la utilización de reprogramaciones, la previsional va sumando las denuncias y exige que los responsables de la administración anterior sean señalados ante la justicia.

“Nosotros habíamos presentado un pedido de imputación ante el Ministerio Público, hay dos auditorías de IPS, en las cuales se concluye que hay una diferencia importante, más de G. 3.500 millones de obras que se pararon y no se realizaron”, indicó González, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Comentó que hay tres informes para descargo de la Contraloría General de la República (CGR), que también señalan una diferencia importante de obras que se pagaron y no se realizaron. “Incluso en los informes de la Contraloría son un poco mayores a los números encontrados por el Instituto de Previsión Social. Esos ya están a disposición del Ministerio Público”, detalló.

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Además, se suma una nueva denuncia presentada la semana pasada ante el Ministerio Público sobre una auditoría interna y una auditoría externa que revelaron que se realizaron reprogramaciones presupuestarias, o que el saldo inicial de caja contenía números que no eran ciertos.

“La autoría externa considera incluso que hubo producción de documentos no auténticos, porque se le mintió al Ministerio de Economía, con cifras que no eran reales y se hicieron también transferencias de fondos de un programa a otro, lo que está prohibido por nuestra carta orgánica. Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público hace una semana, tanto el informe de la auditoría interna como la auditoría externa”, apuntó.

Sobre las decisiones administrativas que adelantaron la crisis del fondo jubilatorio, el aumento del haber jubilatorio, el décimo tercer salario sin fuentes de financiamiento, también ya fueron denunciados hace ya un año.

“Eso se ha denunciado también ante el Ministerio Público, a Delitos Económicos, cuando se aumentaron al 50 y 75 %, a pesar de que los informes actuariales eran negativos, y también violando un poco la ley, porque la ley dice que hasta el 33 % nomas se podría haber aumentado eso”, sentenció.

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La Policía Nacional logró la detención de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más 6 años.

Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.

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En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.

Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.

Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.

Ahora Ortigoza deberá comparecer ante los juzgados penales de garantía donde se definirá si el mismo estará privado de su libertad.

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La tarea ejercida por organismos de control en el sistema sanitario de un país es fundamental a la hora de una entrega de calidad de los servicios médicos que reciben los pacientes.

Por ello, es crucial entender el rol de la Superintendencia de Salud, organismo responsable del control y regulación de todo el sistema sanitario nacional, ya sea público, privado o mixto.

En efecto, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Carlos Melgarejo Palacios, explicó que la institución supervisa desde clínicas, sanatorios y centros especializados, hasta empresas de medicina prepaga, más conocidas como seguros médicos.

“Este es el eje de la Superintendencia”, afirmó, destacando la importancia del registro y la fiscalización como herramientas clave para asegurar servicios médicos seguros y profesionales habilitados.

Según el procedimiento establecido por ley, toda institución de salud debe ser primero habilitada por el Ministerio de Salud Pública, como dicta el Código Sanitario y, posteriormente, registrada ante la Superintendencia.

Este registro incluye información sobre el establecimiento y el plantel médico, permitiendo verificar si los profesionales están realmente habilitados para ejercer.

“Así podemos saber quién es el regente y si el sanatorio o clínica cumple con las condiciones y quiénes son los médicos que van a atender allí”, explicó Melgarejo.

El funcionario explicó que la labor no se detiene ahí. Luego del registro, la Superintendencia realiza un proceso de categorización, que define el nivel de complejidad de cada institución en función de su infraestructura y la experiencia de su personal. “No es lo mismo una clínica pequeña que un centro especializado. Para eso contamos con equipos fiscalizadores que aplican los manuales vigentes para determinar su categoría”, añadió el superintendente.

El tercer y más ambicioso paso es la acreditación, un proceso que evalúa la calidad del servicio médico, tanto en términos de infraestructura como de atención al paciente.

“La Superintendencia tiene 25 años de funcionamiento, y en todos estos años, no se realizó nunca un proceso de acreditación, no tenemos registrado ninguna acreditación aún en el Paraguay. Estamos terminando un proceso largo de elaboración de un nuevo manual de acreditación, también de categorización, pero la acreditación lo queremos realizar y terminar por primera vez en la historia, por lo menos a fin de año, y acreditar unas 10 a 50 instituciones”, refirió el superintendente.

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La entidad de control tiene la facultad de realizar auditorías médicas, contables y jurídicas, ya sea de oficio o a partir de denuncias. Estas auditorías se realizan en instituciones públicas y privadas para asegurar que se cumplan las normativas y estándares establecidos.

Mientras se discuten nuevas propuestas legislativas sobre la creación de una “policía sanitaria”, el superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo, advierte sobre los riesgos de duplicar funciones y crear estructuras estatales paralelas que podrían resultar inviables y costosas para el país.

“Yo estuve leyendo el proyecto de ley presentado, y hay una superposición de funciones no solo con la Superintendencia, sino también con otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el CONES, e incluso con atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República, para mi es inviable”, señaló Melgarejo. Desde su experiencia, considera que antes de agrandar el Estado, deberíamos fortalecer las instituciones ya existentes, como la Superintendencia.

“La ciudadanía se queja de que el Estado no funciona, entonces, ¿por qué crear otra institución? Fortalezcamos la que tenemos. No creamos un Ministerio Público paralelo porque el actual tenga deficiencias”, sostuvo el profesional.

El Dr. Melgarejo reconoce que la Superintendencia no está exenta de limitaciones importantes, tanto presupuestarias como de recursos humanos. “Tenemos una gran falencia en personal. Actualmente, más del 20 % de nuestra capacidad está desplegada en Misiones e Itapúa para fiscalizar establecimientos de salud. Eso representa un gran esfuerzo para nuestro pequeño equipo”.

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