El “León Guaraní” Nelson Haedo Valdez posteó una serie de fotografías de sus hijos Samuel y Noemí, en su perfil en Instagram, resaltando que los mismos están cada vez más grandes. “Tan rápido pasa el tiempo, de repente mis hijos siendo ya adolescentes. Les Amo”, fue lo que escribió el jugador.
Entre los tantos comentarios de apoyo y ternura uno de ellos llamó la atención del deportista, pues el seguidor pidió que le pasara el número telefónico de su pequeña.
“Pasá el número de tu hija”, escribió el usuario @ronalrivas11. La respuesta de Haedo Valdez no se hizo esperar: “policía lo que te voy a mandar”, escribió de manera contundente.
La reacción del futbolista fue celebrada por sus seguidores, colmando de comentarios su post, más aún teniendo en cuenta que es apenas una adolescente la que aparece en las fotos y a quien se refería el usuario.
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Esta no es la primera vez que Nelson Haedo es noticia por defender a sus hijos. Meses atrás criticaron a uno de sus pequeños por el simple hecho de no gustarle el fútbol como a él y el futbolista salió a defenderlo.
En cuanto al usuario que hizo el comentario fuera de lugar, no se descarta la posibilidad de que se trate de una cuenta fake (falsa), y en casos como estos las cuentas son rastreadas por el Ministerio Público, pues quienes están detrás podrían ser posibles acosadores.
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Mujer derramó agua caliente a su vecina porque le requirió dinero
Este jueves, una mujer denunció que fue cruelmente agredida por su vecina porque esta le requirió dinero. La supuesta agresora sería la administradora de un grupo denominado “Kuña Aty”, quien al parecer se molestó porque su vecina le pidió retirar su aporte. La víctima afirmó que se trató de una emboscada, porque anterior a eso la convocaron para entregarle el dinero. Sucedió en Encarnación.
La mujer agredida, identificada como Belén Cardozo, explicó que Águeda García era la tesorera de un grupo de mujeres que juntaba su dinero de forma semanal o mensual y lo guardaba en un banco, siendo una forma de ahorrar. Sin embargo, algunas de las integrantes decidieron salir del grupo y pidieron que lo guardado les sea devuelto.
“La cuenta estaba a nombre de ella y fue habilitada a pedido de una fundación, que nos ayuda porque somos madres solteras, pero para recibir estas cosas deben tener dinero ahorrado. En total somos 30 mujeres y se tenía guardado unos 11 millones de guaraníes”, comentó Cardozo, en entrevista con la corresponsal de Nación Media.
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Resaltó que tenían sospechas de que la tesorera usó parte del aporte y por esa razón ella le manifestó que necesitaba retirar su ahorro. “Le dije que tenía un familiar enfermo y siempre le decía que por favor me devuelva mi plata. Ella siempre decía que no podía, porque echó su cédula”, confirmó.
Apuntó a que durante cinco meses puso excusas para no entregar el dinero, pero ayer miércoles convocó a las mujeres para hacer la distribución. “Envío la ubicación para que podamos ir a retirar nuestros ahorros. Fuimos entre cuatro personas, pero nos emboscaron, golpearon y derramaron agua caliente”, indicó.
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Agregó que llegaron hasta la vivienda de la mujer que estaba bastante retirada de la zona y que ni bien llegaron fueron golpeadas. “La hermana de Águeda, Celia García me derramó el agua caliente, sin mediar palabras. Estamos seguras que hicieron esto porque pedimos el dinero y ya no tenía en su poder”, señaló.
Belén es trabajadora independiente, vende ropas y presenta quemaduras muy graves en el rostro como en todo el torso. “Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. Pido justicia, me destruyeron totalmente mi rostro. No voy a poder trabajar ahora y quien va a mantener a mis tres hijos ahora, ellos dependen enteramente de mí”, concluyó.
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El JEM investiga a jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, solicitó copias completa del expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva” en el que la jueza en lo civil y comercial Nilda Concepción Benítez Caballero fue denunciada por mal desempeño en sus funciones.
Una vez que se remitan las copias del expediente judicial, los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra la magistrada. Los integrantes del JEM son Alicia Pucheta, Orlando Arévalos, Derlis Maidana, Enrique Berni, Manuel Ramírez Candia, Alejandro Aguilera, César Garay y Mario Varela. Los mismos tendrán que estudiar si corresponde enjuiciar a la citada magistrada.
Días atrás el rematador público Raúl Sosa Navarro formuló acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra de Nilda Concepción Benítez Caballero, jueza en lo civil y comercial 4to Turno de la ciudad de Encarnación, Itapúa.
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En la denuncia presentada por Sosa Navarro ante el órgano juzgador de magistrados, refiere que el 18 de julio del presente año, estaba programada la subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río S.A.E.C.A. c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva que se tramita ante la referida magistrada, pero al revisar el expediente se encontró con una providencia de suspensión de la subasta emitida en respuesta a una solicitud de suspensión presentada por Daniela Tosetto Casaril, sucesora del Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado mediante el acta de defunción adjunta.
Asimismo, el escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el Art. 167 del Código de Organización Judicial (C.O.J.), que establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte de las cosas, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de haberse llevado a cabo la subasta”, señala el documento.
Igualmente dice el escrito que “el accionar de la magistrada generó un perjuicio económico significativo, superando los G. 20 millones debido a los costos asociados con la publicación de edictos realizada en un medio escrito.
“El daño económico ocasionado no solo se limita a los costos directos de publicación, sino que también ha afectado mi reputación profesional y la de mis colegas, creando un entorno de desconfianza e incertidumbre en el ejercicio de nuestra profesión. La falta de consideración por parte de la magistrada y el incumplimiento de los procedimientos legales han puesto en riesgo la credibilidad y el prestigio de nuestro desempeño en el ámbito profesional”, refiere.
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Piden dejar sin efecto suspensión condicional de procesados por megaevasión y contrabando
El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.
González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.
Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.
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De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.
Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.
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Piden juicio oral para brasileños y bolivianos por narcotráfico y arsenal incautado Bahía Negra
La agente fiscal Laura Ávalos presentó acusación por la infracción a la Ley 4036 de armas de fuego y narcotráfico a cinco ciudadanos brasileños y cinco bolivianos detenidos durante un operativo en la zona de Sierra León, departamento de Alto Paraguay, frontera con Bolivia.
Los brasileños acusados son Glauber Fernández Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva, Bruno Wesley Borges Amador, Rhuan Da y Rhuan Da Silva Aires. Asimismo fueron acusados los bolivianos Carlos Andrés Cuéllar Garrido, Franklin Muñoz Sosa, Jesús Wilfredo Muñoz Espíndola, Ysaías Ayala y Eduin Osinaga Vías.
Ahora el juzgado penal de Garantía deberá convocar a una audiencia a los acusados en la que se definirá si los mismos enfrentarán un juicio oral y público así como pide el Ministerio Público.
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La detención de las citadas personas ocurrió el pasado 23 de febrero de 2024 durante un allanamiento llevado a cabo en la estancia Allaite, distante a 480 Km de Filadelfia, ubicada en el lugar denominado Sierra León, del distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. Durante el procedimiento uno de los sospechosos logró escapar y se presume que se trata de Wesley Melo Rocha.
Los intervinientes encontraron en el lugar dos fusiles de la marca Cold de procedencia americana, con cargadores de capacidad de 30 cartuchos cada uno, además de siete aparatos celulares. También se incautó una avioneta de color blanco, mono motor, con bandera boliviana, con matrícula N.° CP-3177 Cessna 210 Centurión II y dos motocicletas.
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