Tras un allanamiento fue detenido un hombre identificado como Christian Díaz, de 27 años, como presunto autor del crimen del joven veterinario Paul Lorenzo Noguera, quien falleció cuando fue de visita a la vivienda de sus padres, ubicada en J. Augusto Saldívar, departamento Central, el pasado domingo.

De acuerdo a información policial, el detenido cuenta con antecedentes por robo agravado. “Hay un circuito cerrado que está siendo analizado y se está buscando más elementos. Hay un testigo que está colaborando con la Fiscalía. Este muchacho es un adicto, reconoce eso, cuenta con antecedentes por hurto agravado”, expresó el comisario Teodoro Rodas, jefe del Departamento de Investigaciones.

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Noguera, de 28 años, se encontraba de visita en la casa de sus padres, cuando el presunto autor lo atacó con un arma blanca y causó su muerte de varias puñaladas. Se presume que el joven evitó un robo en el domicilio de sus padres debido a que ambos no se encontraban en el momento del hecho que habría ocurrido a las 14:00.

Una vez que llegaron a la casa cerca de las 17:00, encontraron el cuerpo de su hijo e inmediatamente lo trasladaron hasta un hospital de la zona; sin embargo, no resistió las heridas y falleció a causa de la agresión con arma blanca. Testigos habrían visto el momento en que el sospechoso escapó de la casa con un cuchillo en mano.

Posterior al crimen, llegaron efectivos de la Policía Nacional que solicitaron imágenes de circuito cerrado en viviendas y comercios de la zona, para intentar dar con la identidad del autor. Las filmaciones fueron proporcionadas y se observa a un hombre similar a Díaz huir del lugar. Hasta el momento, Díaz es el único detenido como presunto responsable del crimen del veterinario.

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Ante requerimientos de la prensa, el sospechoso señaló que es un reciclador de la zona, reconoció que cuenta con antecedentes policiales y negó el crimen contra el veterinario. Manifestó que estaba en inmediaciones de la casa cuando ocurrió el hecho.

El apoderado de la empresa Texos SRL, la misma que en el 2009 pretendió venderle combustible a Petropar por US$ 34 millones y que el pasado 2 de diciembre firmó el polémico “arreglo” por US$ 7 millones, que le costó el cargo al procurador general de la República, se llama Sergio Guillermo Marsiletti.

Marsiletti es un médico veterinario argentino, con más de 30 años de experiencia en su profesión. Hurgando en los archivos y antecedentes de este hombre, para entender de dónde viene su vinculación con el rubro del combustible, encontramos apenas un video en Youtube en el que el veterinario fue invitado de un programa radial para hablar sobre la palpación rectal en bovinos y el porcentaje de destete en la Argentina.

La sede de Texos está en la avenida Independencia 2.135, piso décimo tercero, departamento H, de la ciudad de Buenos Aires. Es el típico edificio donde se alquilan oficinas por horas. Son de esos departamentos bien equipados con escritorios y salas de reuniones. En la puerta figura un cartel de acrílico de quita y pone, conforme al que está arrendando en ese momento el local.

En el 2009, unos pillos y peajeros, que siguen en los gobiernos de turno quisieron hacer “el negocio” con Petropar y montaron un esquema para que Texos gane la adjudicación, por mejor oferta, para la provisión de gasoil en camiones en Villa Elisa y Hernandarias por valor de US$ 34 millones. Saltaron irregularidades muy visibles, como el hecho de que la empresa argentina solo tenía un capital y patrimonio neto de apenas 10 mil pesos argentinos, suma ínfima y risible como para garantizar una operación como la que se pretendía contratar.

Revocaron la adjudicación antes de la firma del contrato en forma unilateral. Este acto administrativo es permitido por el artículo 31 de la ley de Contrataciones Públicas y los oferentes no tendrán derechos a reembolso de gastos ni a indemnización alguna. La afectada podía recurrir al Tribunal de Cuentas, en un plazo determinado, cosa que no ocurrió; o a Contrataciones, que archivó la denuncia por no hallar cuestionamientos. En definitiva, si hubo algún error por parte de Petropar, fue el de adjudicar a la oferente (y no revocar la adjudicación, como lo sugirió el ex procurador ahora renunciante).

En el 2011, Texos presenta una demanda civil por daños y perjuicios por la suma de US$ 31 millones. Como se les rechazó la medida cautelar solicitada en los juzgados paraguayos y a fin de presionar para un arreglo, iniciaron una nueva demanda en la Argentina, donde obtuvieron un embargo de los bienes inmuebles que la entidad posee en el distrito de Zárate, provincia de Buenos Aires. Merced a la buena gestión del equipo jurídico de Petropar y la Procuraduría General de la República, se obtuvo el levantamiento del embargo, y luego, en el 2017, la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró la incompetencia de los tribunales argentinos.

En este proceso en la Argentina, Texos pedía 10% de la adjudicación revocada, es decir US$ 3,5 millones. Cuando todos pensamos que este caso sería un mero trámite y una fácil victoria para el Estado, el gobierno de Mario Abdo Benítez nos sorprendió con el “regalo” de fin de año que querían darle a Texos. En “La caja negra” (Unicanal) mostramos el acuerdo extrajudicial que firmaron el veterinario argentino, Sergio Coscia, procurador general de la República (hoy renunciante) y el presidente de Petropar, Denis Lichi, en el que se comprometían a entregar a Texos US$ 6.898.750, de los cuales US$ 2.897.475 serían para el abogado paraguayo Abel Germán Ávalos.

El principal argumento de Coscia fue que históricamente el Estado pierde estos juicios, entonces decidieron arreglar, entre ellos, por casi US$ 7 millones, cuando en el 2015 Texos estaba dispuesta a arreglar por el 50% del monto del embargo obtenido (US$ 1,8 millones). Por donde se lo mire, este caso nunca puede perder el Paraguay, no existe ningún elemento legal que sustente la irrisoria pretensión del veterinario argentino que desde un principio pretendió “ordeñarle” a la petrolera estatal. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

En los últimos meses han aumentado las denuncias por maltrato animal, ya que la baja condena impuesta no representa problema para los maltratadores. Por ello, este martes, se presentó el proyecto de modificación de la Ley 4840/13 de Protección y Bienestar Animal ante el Congreso.

Ante la insistencia de varias organizaciones que protegen a los animales y que mantuvieron una reunión con los diputados Carlos Portillo y Rocío Vallejo, ellos acompañaron el proyecto de modificación de ley para imponer castigos más severos al maltrato animal.

Según explicaron con este documento buscan que se aumenten las penas de la normativa existente sobre maltrato y crueldad animal, además de la construcción de un Hospital Veterinario Público.

Ante este pedido especial, la diputada Vallejo se comprometió a solicitar que el proyecto de modificación, que contempla el aumento de penas, sea remitido a la Comisión Nacional de Reforma Penal y Penitenciaria para el correspondiente estudio.

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“Este encuentro surgió a raíz de la presentación del proyecto en el Senado. Vamos a esperar que los senadores aprueben; ellos quieren modificar las penas por maltrato animal, de 2 a 8 años. Existe mucha necesidad y si esto se consigue, será un triunfo importante para nuestros animales, principalmente aquellos que están en situación de calle”, resaltó, por su parte, Portillo.

Aclaró que para la construcción del Hospital Veterinario Público se informó que ya fue presentado el plan y la previsión de los costos que provendrían de Fuente 30 (Recursos Institucionales), lo que será tema de debate ya en la próxima semana.

Cabe destacar que ambos legisladores manifestaron su total apoyo a la iniciativa y adelantaron que estos pedidos estarán incluidos en el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, a iniciarse muy pronto en las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. Luego en el plenario de la institución abogarán por recursos para la construcción del hospital veterinario.

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