La presentación de ofertas para construir la nueva terminal de buses de Villarrica, por un valor estimado en G. 2.260.138.339, cierra mañana martes 19 de enero, a las 8:00. Este proyecto, de acuerdo a las denuncias públicas, sería un negociado en complicidad de concejales que responden a los intereses de los imputados Rodolfo Friedmann Alfaro y Éver Noguera. La UOC (Unidad de Contrataciones) de Villarrica modificó la licitación para simplificar los requisitos de manera a beneficiar a una “empresa constructora”.

Los cambios hechos llaman la atención; por ejemplo, la UOC bajó el nivel del “coeficiente de liquidez” de las constructoras, que mide la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, indicando la estabilidad financiera de la empresa. También se ajustaron los requisitos de experiencia mínima en construcción sobre los metros cuadrados hechos y comprobables de hormigón y mampostería, crucial para la edificación.

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De acuerdo con los trascendidos, la empresa a ser beneficiada sería Itapoty SA, que utiliza como representantes a Benedicto Cáceres G. y Dora Adelaida Cáceres González, quienes son cuñados del caazapeño Noguera. Indican que la empresa está amonestada con una sanción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por haber proveído datos falsos, como también por causar perjuicios en otra obra que fuera adjudicada donde dejaron de realizar obras quizás para aumentar sus ganancias.

Según publicaciones, la mencionada empresa, con ayuda del municipio, dejó de lado a empresas con años de experiencia y kilómetros de experiencia, y fue adjudicada anteriormente con un contrato de más de G. 1.000 millones para asfaltar las calles y actualmente carecen de calidad, pues denuncian que solo se ha hecho la capa de regularización. Ciudadanos villarriqueños exigen que su municipio no realice ninguna licitación donde se apresten a desangrar los fondos para obras de la mano de empresas que están ligadas a los susodichos.

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Emmanuel Friedmann, propietario del aeródromo de Villarrica que se encuentra en disputa, rechazó totalmente que el predio sea clandestino y que se utilice con fines comerciales no regulados por la Ley.

Al respecto, el empresario aseguró que la pista representa un punto de encuentro para toda la comunidad, donde se realizan diferentes actividades sociales y eventos de entretenimiento para la familia. Sobre la presencia de militares, refirió que personal de la Segunda División de Infantería custodia históricamente ese lugar, desde la época de la dictadura.

En conversación con La Nación, Friedmann negó totalmente las acusaciones vertidas por el abogado Federico Campos López Moreira, representante de la firma LMJ SA, quien denunció que el aeródromo funge como “pista clandestina” para traslado de materia prima minera y hasta incluso de drogas, y que el lugar está siendo custodiado por militares con venia del Ejecutivo.

“Acá viene un abogado y dice que el lugar es una pista clandestina. En ese lugar hicimos eventos de todo tipo, con el Aeroclub Guaireño, Codapar, Club Ybytu, con el Centro Guaireño de Motores, bomberos y padrinos del Ybyturuzú. Siempre, ante cualquier actividad, se comunicó a la Dinac y también a los militares por nota”, dijo.

Agregó que: “Miles de personas asisten en familia para observar su primer vuelo que llegaban en los festivales aéreos. Siempre se respetó ese lugar y todo Villarrica estuvo ahí compartiendo. ¿De qué clandestinidad me hablan? Si la pista se observa fácilmente desde la ruta. Ahí también llegaron presidentes, ministros, empresarios, ganaderos y toda la aviación deportiva del país”.

Mencionó también que la pista nunca se habilitó profesionalmente porque hay títulos de propiedad en controversia judicial desde hace 9 años. Señaló que la empresa LMJ nunca firmó el documento de propiedad, y que ahora viene a denunciar todo un falso esquema, solo con la finalidad de recuperar el predio para lotear y comercializar como negocio inmobiliario.

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Respecto a los militares, Friedmann refirió que los uniformados de la Segunda División de Infantería del Ejército Nacional siempre estuvieron custodiando esa locación, incluso desde tiempos de la dictadura, ya que se ubica al lado mismo del predio militar.

“Cuando se habla de clandestinidad es algo que está en el medio del monte. Pero este predio lo conocen todos los pilotos del Paraguay, presidentes y empresarios. Se divisa desde cualquier punto de la ciudad”, añadió.

Por último, el afectado por las acusaciones reveló que está pensando seriamente en dar en carácter de donación el predio del aeródromo a la Segunda División de Infantería, a modo de que Villarrica no pierda un predio que le sirve a la comunidad como lugar de actividades y eventos de esparcimiento.

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El juez de Delitos Económicos José Delmás ratificó el arresto domiciliario de Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, gerente de la empresa ESSA (Eventos y Servicios SA) y primo del senador colorado Rodolfo Friedmann. La defensa del imputado solicitó la libertad ambulatoria, pero la Justicia decidió confirmar la referida medida para el pariente del citado legislador.

De acuerdo a la resolución se menciona que la situación procesal del imputado no ha variado. Además, el arresto domiciliario es una medida cautelar sustitutiva a la prisión, por lo que corresponde confirmar la prisión domiciliaria de Alfaro Bertolo. Con esta resolución la defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial.

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En el presente caso está imputado el actual legislador Rodolfo Friedmann así como su esposa Marly Figueredo, la contadora de la firma Essa (Eventos y servicios SA) Lourdes González de Melgarejo. Todos ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión.

Según el Ministerio Público, las imputaciones se formularon en el marco de un caso que data de la época en la que Friedmann fue gobernador del departamento de Guairá entre los años 2013-2018. Específicamente, en la causa que la firma Eventos y Servicios SA proveyó almuerzo escolar a la gobernación administrada en ese entonces por el senador entre el 2017 y 2018, y que tenía por socios al legislador imputado y a Hugo Alexander Torales.

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