La Fiscalía imputó a un hombre que habría robado una notebook de seis millones de guaraníes, perteneciente a un local de Asunción Supercentro. El detenido fue identificado por otras víctimas, ya que no sería la primera vez que comete este tipo de hechos.
Pedro Miguel María González Noé está detenido e imputado por apropiación tras ser denunciado por el robo de una costosa notebook.
El caso se registró el 26 de septiembre, cuando el procesado se comunicó con la vendedora de un local de Asunción Supercentro para solicitar la reserva de una notebook valuada en 6 millones de guaraníes.
González Noé pidió a la comerciante que le acerque la computadora hasta la calle Infante Rivarola, de Asunción. Una vez allí, el hombre se apoderó de la notebook, subió a una camioneta y huyó.
La Fiscalía localizó en Ñemby el domicilio del procesado y realizó un allanamiento. Los intervinientes encontraron y detuvieron al hombre, pero la notebook ya no estaba.
La denunciante reconoció plenamente al autor y también se acercaron otras personas que dijeron haber sido víctimas del mismo hombre también por el robo de notebooks.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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Piden juicio a abogada acusada por apropiación de pago a víctima de la dictadura
- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 4. La causa tiene origen con un hecho ocurrido el 24 de setiembre de 2024, a las 8:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.
En esa ocasión, la abogada se presentó en la entidad bancaria y extrajo presuntamente la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista de 1954 a 1989.
El mismo había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.
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De acuerdo a la acusación fiscal, Anzoátegui Rivarola habría inducido a Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.
Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.
Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de setiembre de 2024, realizó un giro por valor de G. 15 millones, a través del servicio de Western Unión.
El resto del monto retirado por la abogada no fue entregado a la víctima. A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
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Imputan a policía tras ser denunciado por apropiación indebida del dinero de su camarada
El oficial inspector Bruno Robert Didier Babañoli Sánchez fue imputado por el fiscal Walter Lugo, de la Unidad Fiscal N.º de San Lorenzo, luego de que fuera denunciado por el suboficial ayudante Cristhian Martín Gómez Núñez por lesión de confianza y apropiación.
Según la denuncia, el 28 de marzo retiró 64.500.000 guaraníes en concepto de préstamo del Banco Nacional de Fomento. Debido a que debía ingresar de guardia, entregó 53.000.000 de guaraníes a su superior, el inspector Babañoli Sánchez, para que los guardara.
Tras finalizar su guardia, el suboficial Gómez Núñez le habría solicitado la devolución del dinero a su camarada, pero este le aseguró que no lo tenía en su poder porque lo había utilizado para gastos de su madre, que se encontraba internada, pero que se lo devolvería esa misma tarde.
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Finalmente, Babañoli no le devolvió el dinero y ya no contestó las llamadas y evadía encontrarse con Gómez Núñez, por lo que el mismo decidió realizar la denuncia ante la comisaría N° 15 de Barcequillo, donde ambos prestan servicio; el hecho fue comunicado al Ministerio Público.
Según informó la fiscalía, el oficial Babañoli habría ofrecido devolver 20.000.000 de guaraníes en efectivo, más un automóvil Toyota IST, como compensación al oficial Gómez Núñez, quien, según su abogado, se negó a aceptarlo, ya que exige la devolución de la totalidad del dinero en efectivo.
El agente fiscal Walter Lugo afirmó que, a la vista de estos hechos, decidió imputar al oficial Babañoli por supuesto hecho punible de apropiación en grado agravante y solicitó su prisión preventiva. El imputado se expone a una pena máxima de ocho años de prisión si va a juicio oral y público.
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Imputan a abogada por apropiación de G. 220 millones de víctima de la dictadura
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho presentó imputación contra una abogada que se habría apropiado de un monto millonario de dinero perteneciente a su cliente, Esteban Gómez Rojas, una persona víctima de la dictadura, a cuyo nombre fue asignado por Estado paraguayo. El supuesto despojo es de 220 millones de guaraníes.
La procesada por estafa y apropiación es Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, quien se encuentra prófuga de la justicia, con declaración de rebeldía. La víctima recibió de la abogada solo 15 millones de guaraníes, según el escrito de imputación.
De acuerdo con la investigación, el 24 de septiembre pasado, siendo las 08:26 horas aproximadamente, la citada abogada extrajo la suma de G. 220 millones, de la caja de ahorro de Esteban Gómez Rojas, de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.
Elizabeth Anzoátegui se habría valido de un poder especial que le había firmado la víctima, para efectuar trámites ante la Defensoría del Pueblo, como parte de las gestiones para el cobro destinado a víctimas de violaciones de derechos humanos, durante la dictadura stronista en Paraguay.
La abogada realizó otras gestiones y accedió a la cuenta bancaria de su cliente, habilitada inicialmente para percibir sus beneficios de la tercera edad. De esa forma, extrajo el millonario monto que le correspondía a Esteban Gómez Rojas.
Según la resolución N.º 240/2022, de fecha 6 de junio de 2022, en la caja de ahorro existía un depósito equivalente a la suma de 2.500 jornales mínimos legales, para actividades no especificadas a esa fecha, siendo actualizado el pago según resolución MEF/GG N.º 132/2024.
De acuerdo al escrito fiscal, la abogada le había indicado al afectado que firmara algunos formularios para la extracción del dinero, pero no habría mencionado el monto que Esteban Gómez debía percibir, manifestándole que el cobro se efectivizaría por partes.
Sin embargo, fue extraída la cantidad total de una vez, conforme a las imágenes del circuito cerrado de la entidad bancaria. Incluso, se visualiza el momento en que la mujer guarda el dinero en un bolso de color negro.
Cuando Esteban Gómez reclamó su dinero, la abogada Anzoátegui Rivarola le dijo que le enviaría el monto por giro, que realizó en fecha 26 de septiembre de 2024, a través del servicio de Western Unión, por 15 millones de guaraníes, quedándose con el resto del dinero. Según el escrito fiscal, la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola obtuvo presuntamente un beneficio patrimonial indebido.
La Fiscalía inició el proceso penal y solicitó la rebeldía de la presunta responsable. El Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo de la magistrada Alba Meza, dio trámite al requerimiento del Ministerio Público y ordenó la captura de la profesional del derecho, quien permanece con paradero desconocido.
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