El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que Adelio Mendoza, el trabajador de la estancia del exvicepresidente Óscar Denis, quien fue secuestrado y posteriormente liberado, dio positivo al COVID-19. Su caso es reciente, por lo que se sospecha que ya estaba infectado durante su cautiverio.
En conferencia de prensa, el ministro Julio Mazzoleni comentó que Adelio Mendoza fue liberado el lunes por la tarde, el martes fue sometido a un test de COVID-19 en medio de la evaluación de su estado de salud y hoy se obtuvo el resultado.
“El PCR dio positivo, y los test IgM e IgG dieron negativo, esa combinación de resultado sugiere que es un cuadro activo y reciente”, señaló la autoridad. “Todo hace suponer que estuvo con COVID-19 positivo en cautiverio. Se encuentra en buen estado de salud. No hay síntomas respiratorios”, agregó.
Mazzoleni resaltó que este caso confirmado tiene implicancias importantes, por haber estado en cautiverio junto con Óscar Denis, quien se encuentra en el grupo de riesgo.
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Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, indicó que seguirá la tarea de búsqueda y rescate de Óscar Denis, atendiendo a que el mismo también podría estar contagiado del virus. “Genera preocupación que posiblemente esté contagiado por el contacto cercano con Adelio”, agregó.
El titular de Salud Pública remarcó que ahora la Dirección de Vigilancia de la Salud armará el árbol para saber con quiénes tuvo contacto el peón tras su liberación.
Escuchó toser a Denis
Adelio Mendoza contó a los intervinientes días atrás que durante su cautiverio no llegó a ver a Óscar Denis porque tenía los ojos vendados, pero sí lo escuchó toser y hablar.
A su vez, la hija del exvicepresidente recordó este jueves que su padre se encuentra en grupo de riesgo, por lo que de vuelta suplicó a los captores que liberen al hombre. “Por una cuestión de humanidad, libérenlo. Esperamos una vía para comunicarnos y saber de él”, agregó.
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Riera revela que autoridades detenidas en Bolivia ayudaron a escapar a las hermanas Villalba
El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y el fiscal general de dicho país, Roger Mariaca, ambos detenidos en las últimas horas por su presunto vínculo con una red de protección del narcotraficante Sebastián Marset; también habrían protegido a las hermanas Villalba al frustrar su detención en territorio boliviano a pedido de las autoridades paraguayas. Según Riera, estas referentes del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lograron escapar hacia Venezuela gracias al amparo directo brindado por las altas autoridades bolivianas que hoy se encuentran aprehendidas.
“Marset cayó allá porque le estaban protegiendo y ahora ya se hablan de sumas que se pagaron, y debo dar un dato más, este mismo Del Castillo fue el que me negó y me mintió en la cara tres veces, porque nosotros teníamos a las hermanas Villalba ubicadas, primero en Santa Cruz, después en Camiri, y luego La Paz, pero con fotos, filmaciones”, señaló el ministro, este jueves, a la 1020 AM.
Riera relató que las autoridades paraguayas lograron obtener una orden de captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oruro, porque el fiscal general de Bolivia, que acaba de caer, “se negaba a dictar una orden de detención a pesar que tenía código rojo de la Interpol”.
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“Una vergüenza”
Detalló además que desde Paraguay fueron enviados efectivos para fiscalizar la detención, ya que no cuentan con jurisdicción en ese territorio, pero fueron engañados por el fiscal general boliviano.
“Este tipo (fiscal general) le llamó a nuestros efectivos, que eran de la más alta calidad, y les dijo que pasaba a buscarlos a las 2 de la mañana, pero solo verán el proceso de detención, pero no van a intervenir, desde luego que esas son las reglas del juego, le tuvieron a la embajadora desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, a una representante diplomática, una vergüenza. Nunca les pasaron a buscar a las 2 de la mañana”, mencionó.
Siguió relatando que “dieron la excusa que la orden de detención del presidente de la Corte Suprema de Bolivia, estaba con un dictamen negativo de una asesoría jurídica de la Cancillería, imagínense, una orden de la Corte tenga un dictamen negativo de una oficina administrativa, impensable”, y agregó que “para terminar la historia, le embarcaron en el aeropuerto de Viru Viru, y hoy están en Venezuela”.
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“Mismo esquema con Marset”
El ministro del Interior reclamó que en esa ocasión dejaron escapar a las Villalba. “Les acompañó al aeropuerto y les protegió. El mismo esquema con Marset, es un tipo que por lo visto estaba metido en cosas muy raras. Les permitieron subir en un vuelo internacional como si no tuvieran restricciones, de un aeropuerto internacional, con protección policial, y no pudimos hacer nada, realmente fue una vergüenza”, sentenció.
En el 2024, miembros del clan Villalba fueron detenidos en Argentina: José Mariano, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, fundadores del grupo terrorista con sus hermanos Carmen Villalba, Liliana Villalba, Laura Villalba y Osvaldo Villalba, en el marco de un operativo binacional entre Paraguay y Argentina. Desde allí lograron ingresar a Bolivia, desde donde pasaron a Venezuela, donde se encuentran en este momento de acuerdo a las últimas informaciones.
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Hija de Alejandro Ramos fue condenada a 16 años de cárcel por vínculos con el EPP y EML
Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias “Yvera”, hija de Alejandro Ramos y exintegrante de los grupos armados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Ejército del Mariscal López (EML), fue condenada a 16 años de cárcel tras ser hallada culpable de extorsión agravada, asociación terrorista y transgresión a la Ley de Armas.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Federico Rojas, Rossana Maldonado y María Luz Martínez, determinó que quedó probado en el juicio que Ramos Ramírez integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas; primero el EPP y, posteriormente, el EML, liderado por su padre, Alejandro Ramos Morel.
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Los fiscales Lorenzo Lezcano y Pablo Zárate pudieron demostrar que durante ese periodo la acusada participó de forma activa en funciones operativas y de propaganda, incluyendo secuestros, extorsiones, atentados contra las fuerzas públicas y el cobro de “impuestos revolucionarios” a productores de la zona norte del país. Entre las pruebas principales se incorporaron registros audiovisuales en los que se la observa dando instrucciones a víctimas de extorsión, quienes también testificaron en el juicio.
Ramos Ramírez había sido capturada el 15 de febrero de 2025 en Brasil Cué, Horqueta, durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el que se incautaron de armas de fuego y otras evidencias.
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Cecilia Cubas: 22 años de un dolor que sigue marcando la historia del Paraguay
Hoy, se cumple un nuevo aniversario del secuestro de Cecilia Cubas, un hecho que marcó para siempre la historia del país y de una familia, que un 21 de septiembre de 2004, perdió a su amada hija en una violenta emboscada que se registró a cuadras de su casa ubicada en el limite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Este lunes, hace exactamente 22 años, Cecilia estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande cuando fue interceptada por miembros del grupo criminal autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.
El ataque ocurrió a escasos metros de su residencia familiar, donde comenzó un doloroso calvario que se extendió por casi cinco meses, manteniendo en vilo a todo un país. El tiempo que duró el secuestro, los secuestradores se contactaron con la familia e intentaron negocia la libertad de la joven.
Tras momentos de profunda desesperación, la familia Cubas Gusinky cumplió en noviembre con las exigencias de los criminales, efectuando un pago de 300.000 dólares en la zona de Caaguazú. Cecilia estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal.
El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, en la ciudad de Ñemby.
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“Te recuerdo cada momento de mi vida”
Hoy, Fátima Cubas, prima de Cecilia, la recuerda con mucho amor como a la persona que a la que más quería y quien querrá siempre. Con mucho dolor resaltó que la buscó día y noche con la ilusión de encontrarla y volverte a abrazarla.
“Recé y le rogué a Dios para que puedas volver, pero unos secuestradores asesinos truncaron tu vida y nos dieron el dolor más grande que una persona puede sentir. Te recuerdo en cada momento de mi vida, tu sonrisa, tu forma tan auténtica y sencilla de ser. Pasan los años, pero cada vez que recuerdo tu secuestro el corazón se me comprime del dolor y la angustia por eso prefiero recordar lo mejor que vivimos juntas y saber que sos mi estrella más hermosa del cielo”, manifestó en sus redes sociales.
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Condenados
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.